Fallo Completo STJ

Tal como se dijo, la pretensión del actor se dirige contra dos demandadas -fundadas en distintas causas fuentes- por lo que se abordará cada una de ellas por separado:

I) Responsabilidad de la Sra. Valeria Martinez: No se encuentra controvertido en el proceso el disparo de la demandada al Sr. Molina. A su vez, ello ha sido meritado por la justicia penal, debiéndose aquí analizar si la Sra. Martinez debe responder por el hecho dañoso, debiendo encontrarse presentes los presupuestos de la responsabilidad civil, a saber; la antijuridicidad, el daño, el factor de atribución subjetivo y la relación de causalidad.

En el presente caso se encuentra acreditado el daño que el disparo generó en el Sr. Molina, como también que la autora fue la Sra. Martinez, por medio de un actuar culposo. Ahora bien, lo determinante del caso está en la relación de causalidad entre el hecho ilícito culposo y el daño, puesto que la demandada ha planteado la exclusión de responsabilidad, ante la interrupción del nexo causal, por el hecho exclusivo de la víctima.

I. a.- Culpa de la víctima o hecho del perjudicado como supuesto de exoneración de responsabilidad: Para que se configure esta causa ajena como eximente de responsabilidad, la culpa de la víctima debe ser la única causa del evento dañoso operando plenamente los efectos de la eximición de responsabilidad por imperativo del art. 1111 del C.C. A su vez, dicha conducta debe encontrarse en relación de causalidad adecuada con dichos efectos dañosos.

Por último, el testimonio de la Sra. Llanquinao es de suma importancia porque era vecina de la pareja, recordó escuchar muchas discusiones de pareja y fue contundente en relación a la situación de violencia que vivía a diario la Sra. Valeria Martinez, quien con frecuencia escuchaba gritos, golpizas y llantos. Entre los roles de esas discusiones identificó al Sr. Molina como el victimario y a la Sra. Martinez como víctima.

En función de ello, no resulta menor el contexto de violencia física, psicológica y simbólica -conf. Ley 26.485- de la que la Sra. Martinez era víctima. Ello se manifestó en esta discusión que vivió la pareja, ya que momentos previos al disparo ella también sufrió golpes físicos -tal como constato el médico en la causa penal-

En conclusión, considerando que, de esa forma, la culpa de la víctima se ha constituido en el factor determinante que desencadenara los hechos posteriores -que terminaron el el suceso que motiva la presente demanda- la misma ha tenido la aptitud para interrumpir el nexo de causalidad. Todo ello me lleva a concluir que, en el caso, no existe responsabilidad civil de la Sra. Valeria Martinez, por lo que corresponde el rechazo de la demanda en su contra.

El actor también demanda al Estado Provincial y desdobla su pretensión en dos causas: por un lado la falta de servicio y por otro que la Provincia era la dueña del arma reglamentaria utilizada para causar el daño.-

Sobre la responsabilidad del Estado, el máximo Tribunal Provincial en el precedente Chazarreta -09/09/2014 -por voto de la mayoría- y luego de hacerse un encuadre en nuestro derecho público, se concluyo en la responsabilidad del estado en un caso en el que un agente policial, a la salida de un local bailable, ocasionó un daño al haber disparado con su arma reglamentaria, la que terminó impactando la bala a un muchacho que se encontraba en el lugar.-

Para así decidir se dijo: "El funcionario policial, imputado y condenado por un hecho típicamente antijurídico y culpable bajo el prisma del derecho penal; es a los fines del reclamo indemnizatorio- el Estado mismo. Ello en virtud de que en la función de seguridad pública, el uniforme y el arma reglamentaria son los signos exteriorizantes e instrumentos de los que se vale el Estado para aplicar el máximo poder. Al extralimitar su uso y valerse del arma para cometer un ilícito penal, (aún en el marco de una reyerta privada), no por ello la responsabilidad directa y objetiva se diluye. Deviene entonces necesario puntualizar que las personas que el Estado designa para que se desempeñen en funciones por él encomendadas, son agentes suyos y por lo tanto órganos de él. Por ello, no son dependientes en el sentido del art. 1113 del C.C.; puesto que cuando actúan en el ejercicio aparente de las funciones que les han sido encomendadas, actúan como órganos del Estado, o sea, actúa directamente el Estado a través de ellos. Los requisitos necesarios para que el Estado sea responsable son los siguientes: a) Existencia del daño, b) Hecho humano o de las cosas o acto administrativo legítimo o ilegítimo productor del daño; c) que exista una relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega; además, que el acto causante del daño pueda imputarse al órgano administrativo y por lo tanto a la administración. En el sub-examine se está en presencia del hecho de un funcionario policial provocador de daño, realizado con el uso del arma reglamentaria, encontrándose en franco de servicio pero ostentando el estado policial...El uso del arma de fuego con la que se provocó el daño, era ostentada merced a la obligación orgánica y fue blandida y ejecutada con extra limitación y en estado aparente de servicio. En consecuencia, sin hesitación, por aplicación analógica de los arts. 1109 y 112 del C.C. el Estado Provincial es directa y objetivamente responsable. No se trata aquí, como tantas veces ha sido advertido y expresado de responsabilizar al ESTADO de todo cuanto infortunio pueda ser sufrido por los administrados. Claramente el Estado se exime de responsabilidad ante el caso fortuito, la culpa de la víctima, el hecho de un tercero"-

Anteriormente a tal criterio, en la causa "Feltaño" entonces STJ -conformado por 3 miembros, con el voto rector del Dr. Barotto-resolvió en sentido contrario al precedente citado, es decir se rechazó la responsabilidad extracontractual del Estado -tanto por la falta de servicio como por la culpa in eligendo- teniendo en especial consideración las circunstancias de la causa.

Allí se dijo: "Ahora bien, considero que deben distinguirse dos supuestos: a) cuando el uso -incorrecto- del arma responde a una necesidad de servicio, en donde precisamente cabe imputar al Estado la falta de servicio que no excluye necesariamente la falta personal del agente; y b) cuando es utilizada en un contexto privado que nada tiene que ver con la función policial...¿Debe entonces responder el Estado por el daño causado en el presente caso por un agente que actuó clara y completamente fuera de la órbita de las funciones que legalmente le estaban impuestas?.La respuesta es no. En autos la responsabilidad del Estado no puede ser aceptada, pues el señor Guillermo A. Moyano -autor del hecho- no sólo actuó completamente fuera de la órbita de las funciones legales que le estaban impuestas, sino que el episodio se desarrolló en el ámbito de su intimidad familiar. Además de que no actuó en ejercicio de la función policial (arts. 43 y 1112 del Código Civil), el hecho ocurrió en el contexto de una discusión de pareja. Sería demasiado forzado concluir que las lesiones sufridas por la señora Marcela V. Feltaño fue consecuencia del ejercicio de la función policial, o en ocasión de ella.Como se aprecia sin mayor esfuerzo, el acto que se imputa al agente policial no tiene nada que ver con la función de policía de seguridad, ni con actividades facilitadoras de aquellas, ni con ninguna extralimitación dolosa o culposa de las atribuciones que se le asignan para el cumplimiento de las funciones estatales propias de esa fuerza, ni tampoco se trató de un incumplimiento o ejecución irregular de la función. En tal orden de ideas, la teoría de la "falta de servicio" (conf. C.S.J.N., "Vadell", Fallos 306:2030) no me resulta convincente para fundar en este pleito la responsabilidad estatal, pues el uso desviado del arma confiada a Moyano se encuentra al margen de todo "servicio" y sólo se trata de una falta apta para comprometer su propia responsabilidad personal y no la de su empleador estatal. En tal sentido, se ha dicho que: “El Estado Nacional debe ser eximido de responder por el fallecimiento de quien recibió un impacto de bala proveniente del arma reglamentaria de un oficial de policía, que se disparó al forcejear éste con su esposa durante una discusión, pues el agente no solo actuó completamente fuera de la órbita de las funciones legales que le estaban impuestas, sino que además el episodio se desarrolló en el ámbito de su intimidad familiar” (CNApel.en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, “Carrettini, María Elsa y otro c. Policía Federal”, del 28/02/2011); “El Estado Nacional no es responsable por la muerte de una persona ocurrida en un ámbito privado, como consecuencia de un disparo proveniente de un arma de la Policía Federal Argentina, por cuanto la responsabilidad creada por la dependencia de un agente policial a la fuerza, no se puede extender a casos en los cuales el acto no fue realizado en ejercicio de función, ni tampoco con motivo de ésta”; “Es responsable civilmente por la muerte de una persona ocurrida en un ámbito privado como consecuencia de un disparo proveniente de un arma de la Policía Federal Argentina, el policía portador del arma reglamentaria y no el Estado Nacional, porque el hecho no fue resultado, ni encuentra causa eficiente en la competencia atribuida al órgano” del voto en disidencia de la doctora Garzón de Conte Grand. (CNApel. lo Contencioso-administrativo Federal, Sala II, “P., C. A. c. Policía Federal Argentina y otro”, del 07/07/2005); “Cuando el art. 1113 del Cód. Civil dispone que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, esa responsabilidad existirá si el dependiente actuó en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Y no está en el ejercicio de su función policial quien por iracundia mata a una persona y la ocasión del uso del arma de la repartición no puede transformar un hecho ejercido fuera de la función en una acción funcional que ingrese dentro del ámbito de los arts. 43 y 1113 del Cód. Civil” (TSJ de Córdoba, “Peralta, Roberto A.”, del 11/12/1991, LLC 1992,727).Asimismo, dadas las particulares circunstancias en que se desarrollo el hecho generador del daño, tampoco puede fundamentarse la responsabilidad que se atribuye al Estado en la entrega del arma y de la obligación de portarla en forma permanente que derivaría del artículo 36, de la Ley Nº 679 del Personal Policial de la Provincia de Río Negro que establece que: “El Personal con Autoridad Policial, a los fines del Art. 30, de la presente ley, está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan”.Obsérvese que dicha obligación de portar el arma está prevista a los fines del artículo 30 de la citada ley, esto es: “a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad; b) Adoptar en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución”.En tal orden de situación, resulta evidente que tal obligación no puede ser predicada en términos absolutos, pues ni siquiera la norma así lo prevé. Mucho menos, en el caso en examen, donde los hechos se sucedieron en la intimidad familiar, en el contexto de una discusión de pareja, no encontrándose de modo alguno comprometido los fines que prevé la ley para justificar la portación del arma.Es que, como lo sostuvo la por entonces Jueza Garzón De Conte Grand, cierto que en disidencia, en la causa "Pisera" -que guarda parecida plataforma fáctica con el episodio de autos-, "es absurdo pensar que un ámbito privadísimo como en el que ocurrió el hecho analizado- el integrante de la fuerza de seguridad se encontraba obligado a portar el arma reglamentaria y, mucho menos, a extraerla del lugar donde estaba guardada, toda vez que ello no encontraba justificación en ninguno de los deberes y obligaciones derivados del estado policial y que se encuentran enunciados en los arts. 8 y 9 de la Ley N° 21.965" (conf. C.N.C.A.F. Sala II, "Pisera" del 7.7.05). Sin perjuicio de lo expuesto, aún de considerarse aplicable el art. 1113 del Código Civil, estimo que tampoco puede acudirse a la técnica del daño causado con las cosas por cuanto es evidente que aquí la cosa ha sido usada contra la voluntad presunta de su dueño. Finalmente, respecto de la pretendida subsunción del presente caso en el concepto de “culpa in eligiendo”, considero que tampoco resulta procedente su aplicación en autos.--En efecto, si bien la "culpa in eligiendo" o “in vigilando” por parte del principal podría presumirse del daño ocasionado por el dependiente, lo cierto es que las pruebas rendidas en la causa no muestran una omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas y técnicas del señor Moyano, por lo cual pueda predicarse que aquel no fuera apto para portar un arma de fuego".

Expuestos ambos precedentes, se debe recordar que en nuestra provincia existe la doctrina del precedente obligatorio -conf. art. 42 de la ley 5190-. Entonces, para dirimir ésta controversia se debe analizar cuál de ellos resulta aplicable en este caso. Para ello, se deben analizar las circunstancias fácticas y normativas de ambos para verificar si existe analogía sustancial -requisito ineludible para aplicar la doctrina del precedente obligatorio-.

Dos miembros del STJ, al abordar la doctrina del precedente obligatorio señalan: "En definitiva, el orden de ideas emergente es que para emplear ciertos principios generales o paradigmas extrapolados de un pronunciamiento jurisdiccional debe existir entre el caso utilizado como precedente y aquel en el que se tiene que decidir afinidad o semejanza o, lo que es lo mismo, no deben existir diferencias sustanciales entre una y otra base de hechos, normas en juego y forma en que la litis ha quedado oportunamente trabada. Cuando no existe tal grado de semejanza entre uno y otro caso, ha dicho la Corte, por ejemplo, que corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar al reclamo por diferencias salariales derivadas de la indebida retención de aportes con destino al fondo compensador, si alteró el objeto de la pretensión y adoptó una solución que resulta extraña al conflicto, al apoyarse en un criterio jurisprudencial adoptado en una causa que no guardaba analogía con la presente" (BAROTTO, Sergio y APCARIAN, Ricardo, Doctrina legal obligatoria en los ámbitos federal y provincial. El modelo de la Provincia de Rio Negro", LLPatagonia 2019 abril).

Por todo ello, considero que el presente caso guarda analogía fáctica con el precedente Feltaño y no con el caso Chazzarreta -pese a que éste último a sido el último dictado por el STJ, pero no existir semejanza con el que aquí toca resolver-.

En función de ello, considerando también que la Sra. Valeria Martinez al disparar a Claudio no ha actuado en ejercicio ni en ocasión de sus funciones, pues el disparo se produjo en el ámbito doméstico, de una discusión de pareja, encontrándose acreditado también que la agresora era víctima de violencia física, psicológica, económica y patrimonial y simbólica -Ley 26.485-, que por ello no existe falta de servicio de la Provincia demandada; que tampoco resulta aplicable el art. 1113 del CC -daño causado con las cosas- porque el arma se utilizó en contra de la voluntad de la dueña -Estado Provincial-; y que tampoco se configuraría el supuesto de responsabilidad por "culpa in eligendo" debido a que no ha existido omisión negligente del Estado en el control de las aptitudes psíquicas de la Sra. Martinez que lleven a concluir que no era apta para el uso de arma de fuego.

De tal modo entiendo que en el presente reclamo, tampoco corresponde tampoco responsabilizar a la Provincia de Rio Negro, rechazándose la demanda en su contra.

Tal como se desarrollara en los puntos precedentes, en base a la prueba producida y los argumentos jurídicos expuestos, corresponde el rechazo de la demanda interpuesta por el Sr. Claudio Andres Molina contra la Sra. Valeria Martinez y la Provincia de Rio Negro.Atento el rechazo de la demanda, no corresponde abordar los daños y perjuicios reclamados.-

VIII.-Costas: Las costas del proceso se imponen al actor perdidoso, en virtud del principio objetivo de la derrota -art. 68 del CPCyC- con la limitación dispuesta en el art. 84 del CPCyC, en virtud de gozar de beneficio de litigar sin gastos.-

Por todo ello;

IV.- Regulo los honorarios de los Dres. Enrique Palmieri en $23.000.- y Gastón Britos Rubiolo en $23.000.- -apoderados y patrocinantes- por sus actuaciones en la primer etapa del proceso, de Diego Janavel en $23.000.- y Dante Cauquoz $23.000.- apoderados y patrocinantes por sus actuaciones en la 2° del proceso -no presentaron alegatos- dejándose constancia que se le regulan el mínimo de los 10 IUS con más el 40% en calidad de apoderados.- Del los letrados que asistieran a las demandas Dres. Raúl E. Bidart en $47.000.- y Enrique Llanos en $47.000.- 2° etapa - apoderados de la Provincia de Rio Negro, de la Dra. Gabriela Montorfano en $26.221.- patrocinante por dos etapas del proceso y del Dr. Carlos Julio Schmidt en $78.000.- patrocinantes- a este último por las tres etapas del proceso. Notifíquese y cúmplase con la ley 869

Regulo los honorarios de la perita Lic. Susana Rinne en $31.600.- y del perito Dr. Jorge Bazzo en $31.600.- regulándoles a ambos profesionales 5 IUS en función que sus dictámenes no han sido considerados por el resultado del litigio.

Se deja constancia que en la merituación de los honorarios profesionales se ha tomado en cuenta fundamentalmente la calidad de la actuación, la extensión y complejidad de la causa y el resultado obtenido a través de aquella. MB (1.311.079,81.-)

V.- Se hace saber que de conformidad a lo dispuesto en la Acordada 09/2022-STJ -ANEXO I. Punto 9- "(...) todas las providencias y decisiones judiciales, incluyendo la sentencia definitiva, quedan notificadas el martes o viernes posterior al día que se publican en el Sistema PUMA, o el siguiente hábil si alguno de aquellos resulta feriado o inhábil". Regístrese.-

Maria del Carmen Villalba

Jueza