Fallo Completo STJ

En primer término, respecto de la excepción de incompetencia, tengo presente que la pretensión ejecutiva encuentra su fuente inmediata en el certificado de deuda N° 124 emitido por el Ministerio de Salud en el marco de la Ley Provincial N° 5754, su Decreto Reglamentario N° 98/2025 y Resolución 2025-2206-RGDERNE- MS.

Que por el mismo se pretende el recupero de gastos hospitalarios del sistema público provincial y establece expresamente el procedimiento de certificación de deuda y su ejecución judicial, el cual se complementa con la Ley 2.686 (Código Fiscal) el proceso de ejecución Fiscal (Ley 5106, art. 31 y sig.) y supletoriamente con el C.P.C.C.

Es decir, el objeto del proceso se limita al cobro coactivo de un crédito de derecho público local derivado de prestaciones brindadas por efectores provinciales y certificadas conforme normativa provincial, en definitiva, la resolución del litigio depende de la interpretación y aplicación de normas de derecho público local, aun cuando se encuentren involucrados intereses de relevancia federal.

Se advierte así, que no se encuentra en debate la interpretación ni aplicación de las Leyes 23.660, 23.661 o 26.682, sus reglamentos, disposiciones o decisiones vinculadas al sistema de salud reglados por dichas leyes a los efectos su declaración. Todo ello en los términos del fallo "IRIARTE" del STJ (Se, 146/21 de fecha 28/10/2021), doctrina legal que resultaría de aplicación obligatoria conforme el artículo 42 de la Ley 5731.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la competencia federal prevista en el art. 38 de la Ley 23.661 no opera automáticamente por la sola condición subjetiva de obra social, sino únicamente cuando el litigio involucra cuestiones que puedan afectar la instrumentación o planificación del sistema nacional (Fallos 304:1222; 327:3875) y que en ausencia de tal afectación, la competencia se asigna conforme las reglas procesales ordinarias.

Asimismo sostiene que el debido resguardo del sistema federal y de las autonomías provinciales impone que sean, en primer término, los tribunales locales quienes intervengan en aquellas controversias que versan esencialmente sobre materias regidas por el derecho provincial. En tal sentido, corresponde que en el ámbito de la jurisdicción provincial se examine y resuelva, de manera previa, la eventual contradicción entre los actos de las autoridades locales y sus propias normas. Ello, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que pudieran encontrarse involucradas reciban adecuada tutela a través del recurso extraordinario contemplado en el art. 14 de la ley 48 (CSJN, Fallos 314:620; 318:2534; 325:3070).

Este criterio ha sido asimismo receptado en el ámbito provincial por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en la causa “Municipalidad de San Carlos de Bariloche c/ Aeropuertos Argentina 2000 S.A. s/ Ejecución Fiscal” (STJRNS1 Se. 56/25), donde se reafirmó la competencia primaria de los tribunales locales para conocer en cuestiones regidas por el derecho público provincial, en armonía con los principios estructurales del federalismo.

Además, resulta coincidente con lo sostenido por la CSJN, en tanto ha señalado que: “... los procesos en los que por vía de la acción ejecutiva se persigue el cobro de contribuciones de mejoras provinciales o municipales, son de la competencia de los tribunales locales, con prescindencia del domicilio del deudor, lo que no es sino la consecuencia del ordenamiento constitucional que veda a los tribunales nacionales la aplicación e interpretación del derecho público local de las provincias como modo de preservar su autonomía, salvo en el caso de violación de la Ley Fundamental” (CSJN, Fallos 314:1314, en autos “Constructora Lihué S.A.C.C.I.F.c/ Pinamar S.A.F.A.I.C. e I. s/ Ejecutivo”).

En consecuencia, no existiendo materia federal comprometida, corresponde rechazar la excepción de incompetencia.

Adviértase que está comprometido la efectiva recaudación de la renta pública, la presunción de legitimidad despliega de un modo notorio toda la utilidad jurídica y social de la noción. Expresó la Corte Nacional "la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable del funcionamiento regular del Estado. Si el acto no se presumiera legítimo y si como corolario de esta presunción no revistiera el carácter de ejecutorio, cualquier cuestionamiento de los contribuyentes o responsables podría trabar o impedir esa efectiva recaudación, con la consiguiente imposibilidad de que el Estado cumpla con sus fines" (Trebas S.A. s/prohibición de innovar", Fallos, 312:1010)

Pretender revisar en esta sede la regularidad del procedimiento administrativo implicaría desnaturalizar el proceso ejecutivo y transformarlo en un juicio de conocimiento pleno contrariando el principio de especialidad y la finalidad de celeridad propia de la ejecución fiscal. En el proceso ejecutivo, y  particularmente en la ejecución fiscal, la sentencia monitoria se dicta cuando el título reúne los recaudos formales exigidos por la ley, quedando la defensa del ejecutado circunscripta a las excepciones taxativamente previstas. No constituye, por tanto, una vía autónoma de revisión general del crédito.

No desconozco, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que el formalismo propio de la vía ejecutiva no puede ser llevado al extremo de admitir una condena por una deuda inexistente (conf. Fallos 278:346; 294:420; 295:338 y Revista Impuestos T. 1995- B-2797 sent. del 11/7/96, in re: “Estado Nacional DGI c/ Silverman S.A.”, LL, 1996-E-13) y cuando ello resulte manifiesto de autos, toda vez que no mediaba la necesidad de adentrarse en mayores demostraciones (conf. CSJN.,22/10/91, in re: “DGI c/Angelo Paolo Entrerriana S.A.”; del 22/12/92, “Fisco Nacional DGI) c/ Dubin, Jorge R. s/Ejecución Fiscal”)”.  

En esa línea se ha señalado que si el planteo revela que se puso en tela de juicio la existencia misma de la obligación corresponde considerar de manera preliminar esa cuestión, toda vez que se controvierte un presupuesto esencial de la vía ejecutiva como es la exigibilidad de la deuda, sin cuya concurrencia no existiría título hábil. Sin embargo, tal supuesto no se verifica en el caso de autos.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un remedio extraordinario al cual sólo debe acudirse como última razón y exige una demostración concreta, específica y suficiente de la lesión constitucional invocada. No basta la mera afirmación de que la tasa sería elevada o desproporcionada (cf. STJRNS3 Se. 370/03 "AGUERO", Se. 40/09 "QUINTANA"; Fallos 264:364; 312:1681; 312:435; 324:920)

En tal sentido no se ha acompañado cálculo alternativo, pericia ni demostración aritmética que evidencie confiscatoriedad o irrazonabilidad manifiesta.