Fallo Completo STJ

General Roca, 17 de febrero de 2025


Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "V.A.E.C.R.F.M. S/ ATRIBUCION DEL HOGAR CONYUGAL(F)" (RO-29507-F-0000) (J-2RO-65-F2021) de los que:
RESULTA: Que en fecha 15/12/2023 se recibe expediente proveniente de la Unidad Procesal N° 17 a cargo de la Dra. Angela Sosa, en el cual por resolución de fecha 5/12/2023 la misma se excusa de resolver la cuestión de la nulidad invocada por la aquí demandada, Sra. F.M.R., en relación al acuerdo de fecha 29/11/2021.
En dicha resolución, la magistrada sostiene que, en función de lo prescripto por el art. 17 inc. 7 del CPC, considera pertinente su apartamiento para resolver el pedido de nulidad, en razón de que al efectuar la homologación del acuerdo atacado, ha brindado su opinión sobre la validez del mismo y que se encuentra privada de evaluar nuevamente en relación a ello. 
Habiéndose recibido el expediente, en fecha 16/2/2024 se fija audiencia en los términos del art. 14 del CPF, la que se celebra en fecha 7/3/2024. En dicho acto, se conversa en forma privada y por separado con cada una de las partes y sus letrados y, no siendo posible arribar a un acuerdo, se procede a continuar con el trámite. 
En fecha 12/3/2024 la Sra. R. ratifica todo lo manifestado por su letrada patrocinante en el escrito de fecha 7/11/2023. 
En fecha 13/3/2024, a los fines de no afectar el derecho de defensa y el debido proceso, se otorga un plazo de cinco días a la demandada para dar cumplimiento con las disposiciones del art. 37 del CPF y ofrecer la prueba que entienda pertinente.
En fecha 24/3/2024 se presenta la Sra. R., con patrocinio letrado, y contesta el traslado que le fuera conferido en fecha 13/3/2024. 
Manifiesta que lo que pretende es la declaración de nulidad del convenio homologado en los presentes autos y que en subsidio plantea la excepción de incumplimiento del contrato y reconviene por resolución contractual. 
Sostiene que, conforme el art. 265, siguientes y concordantes del CCyCN, el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto jurídico. Que conforme inc. b. del dicha norma, el error de hecho esencial se configura cuando el "bien es diverso". Que en el presente caso, el acuerdo homologado versa sobre un bien inmueble que no se encuentra identificado con nomenclatura catastral, artica, matrícula, tomo, folio, finca o calle y número. Que, sin embargo, se lo identifica como un inmueble ubicado en la esquina de R.y.J.N. de la ciudad de General Roca. Que en el inc. 1 del acuerdo atacado se pactó la suma que el actor abonaría por las mejoras realizadas por la Sra. R. y cita el mismo "… en concepto de las mejoras que esta ha realizado en la vivienda sito en calle R.Y.J.N. S/N – TOMA AEROCLUB, GENERAL ROCA". Que en el inc. d se estableció la obligación de la Sra. R. de entregar la posesión de la vivienda al Sr. V. al cabo del pago de 30 cuotas. 
Señala que el convenio homologado versa sobre un inmueble ubicado en la esquina de las calles R.y.J.N., Toma Aeroclub, de esta ciudad y que el inmueble que la Sra. R. posee y habita junto a su hijo, y en el cual ha realizado todas las mejoras, se ubica en calle pública A., también conocida como calle D.P., a la altura de N° 3. o 3., entre calles J.N.y.J., de la ciudad de General Roca. Que también se identifica al inmueble como Lote 1. de la Manzana 9., que esta información la introdujo el propio actor en autos mediante movimiento SEON nro. 71480, en fecha 22/3/2021, meses antes de celebrar el acuerdo atacado. 
Afirma que el error en la determinación del bien objeto de autos no resiste el menor análisis, que el error de hecho es esencial y que afecta a la validez del acto jurídico celebrado. Que la vivienda se encuentra a mitad de cuadra y no en una esquina, lo que configura un vicio por error de hecho esencial por cuanto la identidad del bien sobre el que se contrata difiere del que el actor pretende que le sea entregado. Sobre este punto, culmina sosteniendo que el error de hecho esencial fulmina de nulidad al convenio homologado y que por ello solicita se declare la misma. 
Esgrime que, de conformidad con lo normado por el art. 276, siguientes y concordantes del CCyCN, la violencia vicia la voluntad y fulmina de nulidad el acto jurídico. Que dicha norma dispone que la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y demás circunstancias del caso. Que se puede observar en los expedientes conexos que la Sra. R., al tiempo de celebrarse el convenio homologado en autos, era víctima de violencia de género e intrafamiliar, sufriendo situaciones de violencia sumamente graves que derivaron en que el actor estuviera detenido siete meses o más, dispositivo antipánico dual, botón antipánico, custodia policial, etc. Que las especiales circunstancias que atravesaba la Sra. R. al tiempo de celebrar el convenio cuestionado, viciaron su voluntad. Que se le dijo una y otra vez desde los distintos operadores de la justicia que intervinieron, que ella debía priorizar su paz. Que el marco de la violencia que atravesaba toda la relación familiar entre las partes, en particular el temor por su integridad física, salud y vida de la demandada, viciaron de nulidad al convenio celebrado. Que las normas de fondo y de forma imponen la observancia de la perspectiva de género y que la misma debe integrar el análisis a la hora de asesorar, dictaminar o sentenciar sobre la homologación y, en esta instancia, sobre la validez del acuerdo presentado por las partes. Que, analizando con perspectiva de género, a la luz de los hechos de violencia documentados, si el consentimiento de la Sra. R. hubiera sido brindado con libertad, intención, voluntad y, sobre todo, si hubiera recibido asesoramiento e información asequible para ella, hubiera podido comprender las consecuencias del acuerdo que celebraba. Que por ello solicita se decreta la nulidad del convenio homologado en autos.  
Plantea, de conformidad con lo reglado por el art. 332, siguientes y concordantes del CCyCN, la nulidad del convenio homologado por vicio de lesión, configurado por el precio vil e irrisorio por las mejoras que contiene el acuerdo. Que la norma citada establece una presunción iuris tantum a favor de la lesionada, en este caso la Sra. R., conforme la cual se presume la existencia del vicio en caso de que exista una notable desproporción en las prestaciones. Que la violencia en la que vivía la Sra. R. la colocó en una particular situación de vulnerabilidad y estado de necesidad y debilidad psíquica, que fue aprovechada por el actor al tiempo de suscribir el acuerdo en cuestión. Que por ello, solicita se declare la nulidad del convenio.
Introduce, de conformidad con lo reglado por el art. 1031, siguientes y concordantes del CCyCN, la excepción de incumplimiento en razón de que el actor pretende que la Sra. R. cumpla con la obligación de entregar el inmueble, siendo que el propio actor a la fecha conserva el status de contratante incumplidor. Que el convenio homologado contenía una forma de pago que fue sistemáticamente incumplida por el Sr. V., quien ahora pretende que sus pagos extemporáneos lo liberen de la obligación de pago que asumió. Que el mismo actor acreditó los pagos extemporáneos. Solicita, por lo expuesto, que para el caso en que no proceda la declaración de nulidad, en subsidio se tenga por formulada la excepción de cumplimiento.  
Por último, reconviene en subsidio a la contraparte por resolución contractual del convenio homologado, esgrimiendo que el cumplimiento tempestivo era fundamental dentro del contexto del contrato y que era condición para el interés de la Sra. R.. Que, además, el incumplimiento ha sido intencional y que ha privado a la demandada de lo que tenía derecho a esperar. Que el incumplimiento es patente y que se encuentra documentado por las propias constancias que ha incorporado el reconvenido y por las constancias obrantes en la cuenta judicial de autos. Que frente a esto, el reconvenido no abonó intereses ni ofreció abonarlos, por lo que los depósitos realizados fuera de plazo no tienen el efecto cancelatorio que aquél les ha pretendido dar. Que el cumplimiento en tiempo y forma era condición esencial dentro del contexto en que se dio el contrato en tanto las sumas pactadas eran fijas y en pesos, y que el incumplimiento configuró una importante pérdida del valor adquisitivo de la suma pactada por la depreciación de la moneda, lo que es de público conocimiento. Que, ante los avatares de nuestra economía, el cumplimiento oportuno no solo era una condición esencial del contexto del contrato, sino que, además, era una condición esencial para mantener el interés de la Sra. R. en el mismo. Que, por todo lo expuesto, solicita en subsidio de que no proceda la declaración de nulidad peticionada, se tenga por interpuesta la reconvención por resolución del convenio homologado en autos. Funda en derecho y ofrece prueba. 
En fecha 3/4/2024 se corre traslado a la contra parte.
En fecha 15/4/2024 se presenta el Sr. V., a través de sus letrados apoderados, solicitando se rechace el planteo de nulidad efectuado y la excepción de incumplimiento contractual. 
Señala que existe una resolución judicial dictada por la jueza que tiene fuerza de sentencia, sobre un acuerdo al que arribaron ambas partes con el debido patrocinio letrado, existiendo previamente una negociación tendiente a brindar una solución a un conflicto familiar. Que dicha resolución fue consentida por la parte, quien tuvo el debido patrocinio letrado. Que fue la jueza natural de la causa quien dispuso la homologación del acuerdo y que la magistrada tiene pleno conocimiento de los movimientos de los procesos conexos. Que la contraparte no planteó la nulidad de la resolución que homologó el acuerdo, que su pretensión es ordinarizar el proceso que ya ha finiquitado, ofreciendo prueba tendiente a discutir como si se tratara de un nuevo proceso. Que lo real es que debería atacar la resolución que tiene firmeza y que resulta llamativo que después de años de la misma y después de cobrar los importes acordados, ahora pretenda invocar una insostenible nulidad. 
Sostiene que se encuentra afectada la congruencia del proceso en cuanto a que la magistrada se ha excusado para que se resuelva un planteo de nulidad de la resolución y que la jueza nueva, si pretende ampliar eso, estaría afectando seriamente el debido proceso.
Afirma que surge evidente que por la teoría de los actos propios no se puede desconocer que la demandada tenía pleno conocimiento de lo que acordaba, que consta que tenía patrocinio letrado y que solo surge este planteo cuando se cumple el plazo acordado para restituir la vivienda. Que por ello, solicita que se resuelva dentro de la competencia que fue delegada por la excusación de la jueza natural y que se expida sobre el pedido de nulidad de la resolución. 
Sostiene que el art. 35 del CPF establece que la nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque sea tácitamente, por la parte interesada en la declaración y destaca que la resolución en cuestión fue consentida y que tiene efecto de cosa juzgada, por lo que se debe rechazar in limine el planteo intentado por la contraria. 
Indica, en relación al error de hecho, que las partes nunca podrían haber cometido un error respecto al bien al que se referían y sobre el que estaban contratando ya que se trata de dos personas que no son propietarios de ningún otro inmueble como para caer en el error sobre la designación  del objeto del contrato. Que esta actitud denota mala fe de la demandada y nutre de inseguridad jurídica cualquier contrato que se realice, pudiendo los contratantes deshacerlos si se arrepienten de su decisión. Que las partes tenían pleno conocimiento del inmueble objeto del contrato, que era el lugar donde vivían. 
Aduce, en relación a la violencia como vicio de voluntad, que al tiempo de realizar el contrato las partes ya se encontraban separadas de hecho y que la demandada ya contaba con los distintos medios de protección proporcionados por la justicia, por lo que es insostenible pretender que sea aplicable el art. 276 del CCyCN. Que la firma del contrato que dice estar viciado fue posterior a la situación de violencia de género denunciada por la actora. Que en los procesos de violencia la Sra. R. contaba con patrocinio letrado y que se produjeron varias audiencias en las cuales se fue negociando y trabajando con profesionales, que dieron como resultado el acuerdo homologado. Que se concluye en que el contrato fue firmado con intención, discernimiento y voluntad. 
Sostiene, en relación al vicio de lesión, que hablar de precio vil o irrisorio es una apreciación subjetiva de la parte y que, teniendo en cuenta la ubicación y las mejoras existentes, apreciándolas al tiempo del acto (como manda el art. 332 CCyCN), no se trata de un precio vil ni irrisorio el establecido en el contrato. Que, aún así, conforme la norma citada, sería facultad del actor ofrecer un reajuste, sin ser la nulidad del acto una opción.  
Explica, en relación a la excepción de incumplimiento planteada, que el demandado cumplió con los pagos y que la Sra. R. aceptó el dinero que le fue entregado. Que el Sr. V. cumplió acabadamente con el contrato y que lo justo seria que lo mismo haga ahora la Sra. R.. Que no existe ningún escrito por parte de la demandada que haya cuestionado deuda de intereses o practicado una planilla de liquidación al respecto. 
Contesta, en relación a la reconvención, que dicho planteo debió rechazarse in limine ya que aquí la competencia de la jueza se encuentra limitada a la resolución de la nulidad y que la Sra. R. no acompaña prueba que pueda acreditar los dichos en relación al incumplimiento que denuncia y a que la obligación sea de esencial cumplimiento, como esgrime la demandada. Que la Sra. R. consintió el contrato y aceptó todos los pagos realizados por el Sr. V., por lo que no puede ahora argumentar que el mismo no ofreció pagar intereses. Funda en derecho y ofrece prueba. 
En fecha 22/4/2024 se procede a abrir la causa a prueba. 
En fecha 24/4/2024 se presenta el actor y plantea revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución de fecha 22/4/2024 que abre la causa a prueba, la que es rechazada en fecha 26/4/2024. 
En fechas 7/5/2024 y 20/5/2024 se reciben los autos "B.R.F. S- SUCESION Y OTRO C/ S.W. Y OTROS S/ ORDINARIO (P/C EXPTE. 720-08) RO-03287-C-0000" proveniente de la Unidad Procesal N° 1 y los autos “A.G.R. S/REIVINDICACIÓN” EXPTE. NRO. RO-19220-C-0000, proveniente de la Unidad Procesal N° 3.
En fechas 23/5/2024 y 13/6/2024 se celebran audiencias testimoniales.
En fecha 27/9/2024 se modifica el patrocinio del Sr. Vidal, el que pasa a estar a cargo de Dra. Ruiz, titular de la Defensoría Oficial N° 9 y del Dr. Oscar Mutchinick, Defensor Penal.
En fecha 23/10/2024 se agrega informe del CIF y se da traslado a las partes. 
En fecha 11/11/2024 pasan los autos a dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: La Sra. R. se presenta y peticiona que la declaración de nulidad del convenio homologado en los presentes autos y en subsidio plantea la excepción de incumplimiento del contrato y reconviene por resolución contractual. Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba.

Corrido traslado el Sr. V. se opone a lo pretendido, fundando su posición y ofreciendo prueba.

Vale decir que sólo he de expedirme en relación a la validez o no del acuerdo, no siendo competencia expedirme sobre otros aspectos como la liquidación de la unión convivencial, la distribución de bienes, la atribución del hogar, etc.

El acuerdo cuestionado fue celebrado por las partes en fecha 29/11/2021, presentado por el Sr. V. en fecha 3/12/2021 y por la Sra. R. en fecha 9/12/2021, solicitando ambas partes la homologación del mismo. 

Del acuerdo en cuestión surge que el Sr. V. se compromete a abonar la suma de $300.000 a la Sra. R. en concepto de las mejoras que ésta ha realizado a la vivienda sito en Calle Rivadavia y Jorge Newbery s/n Toma Aeroclub de General Roca. Que dicha suma será abonada en cuotas iguales y consecutivas de $10.000, del 5 al 15 de cada mes y a partir del mes de diciembre de 2021. Que culminado el pago de las 30 cuotas pactadas, la Sr. R. se compromete a entregar la posesión de la vivienda al Sr.V..
En fecha 15/12/2021 es homologado.

Visualizando el trámite surge que la cuenta judicial solicitada en el acuerdo fue abierta en marzo de 2022 y que no obran más movimientos hasta el 23/2/2023, momento en que se presenta la apoderada del Sr. V., manifiesta que el nombrado depositó la suma de $250.000 y solicita que se le haga saber a la Sra. R. a los fines de que realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento con su parte del acuerdo homologado, es decir entregar la posesión de la vivienda. 

Lo mismo ocurre en fecha 1/9/2023, manifestando la apoderada del Sr. V. que el mismo ha depositado en fecha 16/8/2023 la suma de $50.000, cancelando la totalidad de la suma comprometida, lo que se hace saber a la contraria.

En fecha 25/9/2023, atento haber cumplido con la totalidad de su obligación, el actor solicita se intime a la demanda, a lo que se otorga un plazo de cinco días a fin de que se expida.

En fecha 11/10/2023 se presenta la demandada con nuevo patrocinio letrado y en fecha 7/11/2023 obra escrito por el cual cuestiona que en el acuerdo se pautó un plazo de treinta meses, no solo para el pago del valor de las mejoras, sino como tiempo de uso y goce de la vivienda, con vencimiento en el mes de mayo de 2024 y que no puede pretender el actor el mismo en forma antojadiza.

Es así que en fecha 24/3/2024 la demandada realiza una presentación solicitando la nulidad del acuerdo y, en subsidio, plantea la excepción de incumplimiento del contrato y reconviene por resolución contractual.

Ahora bien, entiendo pertinente que en virtud de que hay varios planteos efectuados considero relevante iniciar por el planteo de nulidad del acuerdo en virtud que, según lo que señala la demanda, su voluntad se encontraba viciada a raíz de la situación de violencia de la que resultó víctima y que quien reclama es el victimario. Para el el caso que esta posición prospere no me adentraré en las demás cuestiones.

Cabe señalar que la naturaleza del acuerdo atacado es la fijación de un monto en concepto de mejora del bien en beneficio de la Sra. R., o sea se trata de una cuestión inherente a la liquidación de la unión convivencial, y lo pactado ponía -en principio-  indirectamente fin al conflicto. No obstante, en lo que aquí nos ocupa, el cuestionamiento está centrado en el momento en que se firmó el acuerdo (29/11/2021), por lo que resulta ineludible analizar en qué estado se encontraban ambas partes al momento de firmar el acuerdo.

Ahora bien, adentrándonos en el análisis concreto de la prueba que obra en autos, surge del trámite R.F.M.C.V.A.E. S/ LEY 3040 (f) (DENUNCIAS CRUZADAS) (RO-07112-F-0000) (E-2RO-3290-JP2019) que la situaciones de violencia se dan desde el año 2019, habiendo sido ordenada la primera exclusión al Sr. V. el 30/12/2019; asimismo se ordenó la custodia policial, intervino fiscalía por desobedencia del actor y luego en abril/2020 se levanta la custodia. En fecha 26/11/2020 la Sra. R. denuncia que el Sr. V. viola constantemente la medida, que se ha acercado a la vivienda de su mamá (su papá acaba de fallecer) generando disturbios. En fecha 30/11/2020 V. señala que habían retomado la convivencia en abril y que ahora se encuentra nuevamente en situación de vulnerabilidad porque está sin casa.

También obran denuncias del Sr. V. de la que surge que ha Sra. R. se ha quedado con su casa según su relato y que cada vez que va a buscar a su hijo le manifiesta que lo va a denunciar por violento (agregada el 8/3/2021). 

Es así que el 9/3/2021 obra escrito de la apoderada de la Sra. R., la que indica que el Sr. V. presiona permanentemente para ver a su hijo, que ha ido a la casa de su madre y la hostiga, yendo al domicilio de ésta para amedrentarla con el conflicto existente entre ellos. Que su madre es una persona anciana, que sufre mucho cuando esto sucede y que no sabe de qué manera accionar. Que en razón de lo expuesto, para evitar mayores problemas, la Sra. R. permite que V. vea a su hijo, por lo cual los fines de semana ella es la encargada de llevárselo a hasta un local comercial ubicado al ingreso del Barrio Quinta 25, oportunidad en la que el mismo aprovecha para insultarla verbalmente. Que ella reconoce que a su hijo le gusta mantener esta vinculación, pero que no puede ser ella el nexo para que esto se siga dando.

En fecha 9/4/2021 la Sra. R. denuncia nuevos hechos con actuaciones policiales y se le da intervención a la Fiscalía. En fecha 23/11/2021, la Sra. R. vuelve a denunciar nuevos hechos, manifiesta que el día viernes 19/11/2021 el Sr. V. se puso muy agresivo con las docentes del jardín al que concurre su hijo M., que la llamó la directora del CECI SOL Y LUNA y que le manifestó que el Sr. V. habría amenazado mediante mensaje diciéndoles que le iba a prender fuego la casa y que la iba a matar (refiriéndose a la Sra. R.). Que lo mismo sucedió al retirar al nene (de hecho fue una hora antes y las docentes se lo entregaron igual porque le tienen miedo). Que a la seño de M. también le dijo que la iba a matar y que le iba a prender fuego la casa, y que amenazó a la docente para no ser testigo de F.. Que todas las maestras del CECI le tienen miedo, que el Sr. se fue muy alterado, que creen que estaba drogado o borracho, que en un momento agarró una piedra y que todas tuvieron temor de que la tire.

En fecha 20/11/2021, un día después de lo sucedido en el CECI, el Sr. V. denuncia a la Sra. R. y la acusa de malos tratos hacia M..

El 29/11/2021 la apoderada del Sr. V. informa que se esta trabajando en un régimen de comunicación, que se viene cumpliendo y que se intentará trabajar sobre el tema de la vivienda a fin de pacificar el conflicto y peticiona se remitan las actuaciones a la UP 17 que es donde se encuentran tramitando las demás causas de la familia.

En fecha 1/12/2021 se remiten las actuaciones a la UP 17.

El 1/12/2021 obra nueva denuncia de la Sra. R., la que conllevó en que se ordene custodia policial para la misma. 

El 6/12/2021 informa la abogada de la Sra. R. que el Sr. V. ha sido detenido por el término de 30 días luego de las actuaciones realizadas por la Fiscalía.

En fecha 11/2/2022 la Sra. R. peticiona el botón antipánico, el que es otorgado.

El 23/3/2022 el MPF informa el sobreseimiento del Sr. V. y que se ha ordenado el monitoreo a través de la tobillera. Asimismo, el Hospital informa que desde sede penal se ha ordenado su internación por 30 días, no teniendo criterio de internación por salud mental.

En fecha 18/4/2022 la Sra. R. manifiesta que no renovará el botón antipánico.

El 24/6/2022 obra nueva denuncia de la Sra. R. afirmando que V. había comenzado nuevamente a hostigarla y que se presentó en su trabajo profiriendo todo tipo de insultos y amenazas, por lo que en la misma fecha se ordena la custodia policial al denunciado.

En fecha 11/7/2022 obra nueva denuncia, en esta ocasión la Sra. R. solicita la prohibición del acercamiento del Sr. V. a su hijo, y se hace lugar a la misma por el plazo de 30 días.

En fecha 17/4/2024 obra nueva denuncia de la Sra. R. en donde relata que el denunciado irrumpió en el trabajo de ella, que cuando la policía le pidió que se fuera comenzó a los gritos, decía que era una sinvergüenza y que iba a incendiar gomas. Peticiona el botón antipánico, el que se provee positivamente.

Es así que el 26/7/2024 se agrega informe del área de genero, el que refiere que la Sra. R. había rechazado el botón. Luego se presenta la nombrada y explica que lo hizo en el marco del agobio, pero que sí lo quiere. Se entregó el mismo y la medida ha sido prorrogada hasta la actualidad.

Es así que se visualiza que el al momento de suscribir el acuerdo -29/11/2021-, las partes se encontraban atravesadas por situaciones de violencia, pero que también ambas partes buscaban intentar solucionar los conflictos, como por ejemplo el régimen de comunicación del niño con su papá.

Las denuncias y situaciones de violencia descriptas han sido corroboradas por los testigos, es así que analizando las testimoniales ofrecidas surge que: 

Sobre el concepto de violencia en la pareja se ha dicho "El Diccionario de la Real Academia Española define "violentar" como "la aplicación de medios sobre personas o cosas para vencer su resistencia". Igualmente ha sido caracterizada como una acción contra "el natural modo de proceder". Con esta conceptualización se ha definido la violencia por "el uso de una fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir libremente" También el maltrato ha sido denotado en función de determinada visión teórica sobre el problema, y así se ha dicho que se trata de "un ataque a la integridad corporal y psíquica que lleva a cabo una persona, quien se aprovecha del poder social ya instaurado". La definición de violencia que proponemos tiene como presupuesto esta idea de un ejercicio del poder para imponer la voluntad a quien se resiste (...) Por esta razón, recogemos la delimitación formulada por el Consejo de Europa en los siguientes términos: "Toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad". ( Grosman, Cecilia - Mesterman, Silvia, "Violencia en la Familia. La relación de pareja", Editorial Universidad, Buenos Aires, 2005, pag.  95)

He de señalar que en la contestación del Sr. V. no se desconocen los hechos de violencia ejercida, sino que expresa, en relación a la violencia como vicio de la voluntad, que al tiempo de realizar el contrato las partes ya se encontraban separadas de hecho y la demandada ya contaba con los distintos medios de protección proporcionados por la justicia, por lo que concluye en que es casi insostenible que sea aplicable al caso el artículo 276 del CCyCN. Sostiene que la firma del contrato que dice estar viciado fue posterior a la situación de violencia de género denunciada y que en todos los procesos judiciales la Sra. contaba con patrocinio letrado, por lo que el acuerdo fue firmado con intención, discernimiento y voluntad. Es decir, que el Sr. V. pretende considerar la firma del acuerdo como un hecho aislado y puntual, separado del contexto de violencia que atravesaba a la -en aquel momento- ex pareja, lo que encuentro imposible de sostener. 

Ahora bien, no existiendo dudas en cuanto a que las partes atravesaban un contexto de violencia de género e intrafamiliar al momento de celebrar el acuerdo, corresponde analizar si dicho contexto influyó en la suscripción del mismo. Así, el art. 276 del CCYCN reza "Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso." 

Así, de la prueba producida y anteriormente analizada, se desprende claramente que antes, durante y después de firmar el acuerdo la Sra. R. se encontraba inmersa en una relación por demás conflictiva y teñida de situaciones de violencia familiar y de género, que claramente le generaban temor e intimidación, lo que me impide afirmar que al momento de suscribir el contrato su voluntad se encontraba completamente libre y exenta de intimidaciones. Basta con observar que el acuerdo se suscribió en fecha 29/11/2021 y que luego, en fecha 1/12/2021 la Sra. R. realizó una denuncia en contra del Sr. V., que conllevó a que se ordene custodia policial para la misma -la que ha sido constatada por los testigos-. Asimismo, que el Sr. V. fue detenido en fecha 6/12/2021 en relación a los actos de violencia en contra de la Sra. R., que en fecha 11/2/2022 la Sra. solicitó el botón anti-pánico. Que en fecha 24/6/2022 nuevamente la Sra. R. denuncia hostigamientos  y se ordena nuevamente custodia policial al denunciado. Que en fecha 11/7/2022 obra nueva denuncia, por la cual se ordena la prohibición de acercamiento del Sr. V. con su hijo M.. 
Más aún, considero sumamente clarificador el testimonio otorgado por la Sra. M.R., madre de la Sra. R., quien además de relatar actos de violencia propinados por el Sr. V. hacia ella y hacia su hija, expresó claramente que "...cuando F. firmó un acuerdo de que se iba a ir de la casa, él se tranquilizó. Que F. le refirió a la testigo que "había firmado algo como para estar más tranquila, que él la deje vivir tranquila, que era un acuerdo en el que él le iba a pagar un dinero por todo lo que ella había investido en la casa pero que era muy poco a comparación de lo que gastó", que actualmente sigue pagando prestamos en el banco. (...) Que luego de firmar el acuerdo el Sr. V. se tranquiliza y no molesta más. Que la testigo notó que F. se hizo fuerte desde que ella dijo que se iba a quedar en la casa, "hará un año desde que dijo que se sentía más fuerte por todo lo que había vivido...". 

En este sentido, es preciso tener en absoluta consideración no solamente las causas conexas a la presente que da cuenta de una relación por demás conflictiva y teñida de situaciones de violencia familiar y de género, sino también la hoy ineludible premisa de la intervención, abordaje y resolución de las situaciones con "perspectiva de género".
En este último aspecto, se debe destacar que resulta una realidad insoslayable el hecho de que las mujeres siguen enfrentando dificultades especiales para acceder a la justicia, como tabúes, prejuicios, estereotipos y huecos legales, por lo que los/as jueces/as y magistrados/as estamos llamados a resolver los casos con perspectiva de género. Estos obstáculos representan en su conjunto un acto de discriminación que viola la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales, y anula los derechos al debido proceso, a un juicio justo, a la igualdad ante tribunales y a la representación legal. En este aspecto, por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México al detallar cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres en particular al tratar de acceder a la justicia, sostiene que entre ellas figuran miedo, vergüenza, discriminación y roles estereotipados de las mujeres como cuidadoras y los hombres como proveedores, y que dicha situación afecta especialmente a víctimas de violencia de género, mujeres indígenas, en contexto de migración, refugiadas y solicitantes de asilo, mujeres con discapacidad, de edad avanzada y en situación de pobreza. Por tal razón los jueces y juezas están obligados a aplicar los principios de igualdad y no discriminación.
Los/as jueces/as debemos impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción sociocultural que se ha desarrollado en torno de la posición y el rol que debieran asumir.
Esta afirmación encuentra sustento en muchos dispositivos legales del orden internacional, nacional y provincial tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los tratados específicos sobre las mujeres, entre ellos, los más importantes son la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ratificado el 15 de julio de 1985) y su Protocolo Facultativo (ratificado el 20 de marzo de 2007), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará de 1994, ratificada el 4 de septiembre de 1996). Estos tratados se complementan con una importante jurisprudencia sobre violencia de género de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y con otros instrumentos como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y las Recomendaciones Generales adoptadas por organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como “herramientas de interpretación autorizadas” de las respectivas convenciones.
De esta forma y con la ratificación de los tratados mencionados, los que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN), Argentina asumió una gran cantidad de obligaciones internacionales y regionales. Además, cuenta con numerosas disposiciones legales para el resguardo de los derechos de las mujeres tales como el Código Penal que incorporó en el año 2012 la figura del femicidio; la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y a nivel provincial la ley 3040, modificada por ley 4241 sobre Protección Integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares.
En el plano de las decisiones judiciales resulta insoslayable velar por el derecho de acceso a la justicia, entendido como el derecho a la igualdad ante los tribunales, el acceso a la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a un juicio imparcial como elementos fundamentales de la protección de los derechos humanos.
La Corte Internamericana de Derechos Humanos, al referirse a la actividad de los jueces sostuvo en el caso "Campo Algodonero" vs. México que adoptar una perspectiva de género implica, entre otras cuestiones, tomar en cuenta "los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres", lo que se traduce en el deber de los jueces de analizar la violencia ejercida contra la mujer, partiendo del hecho de que, en ciertos contextos, entre hombres y mujeres existen estereotipos de género que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia de forma igualitaria. (Corte IDH, Caso González y otras -"Campo Algodonero"- Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 451).

Por todo lo expuesto, teniendo en vista la prueba producida, la normativa citada, el bloque constitucional en el que nos encontramos inmersos y la ineludible premisa de la intervención, abordaje y resolución de las situaciones con perspectiva de género, considero que el acuerdo suscripto por las partes de fecha 29/11/2021 adolece del vicio por violencia por intimidación, el cual se encuentra regulado en el art. 276 del CCYCN y por lo tanto resulta ser nulo de nulidad absoluta. 

Atento el resultado del análisis desarrollado considero innecesario adentrarme en las demás planteos efectuados.

Así, siendo nulo el acuerdo de fecha 29/11/2021, entiendo que deberá la Sra. R. devolver el dinero recibido con los intereses pertinentes en el término de 30 días.
En relación a la liquidación de los bienes fruto de la unión convivencial y de las mejoras que puedan o no proceder entre las partes, deberán las mismas iniciar el proceso de liquidación correspondiente. 

Con respecto a la imposición de las costas, en atención a lo establecido en el art. 19 CPF, se imponen por su orden.
Por ello, en base a lo expuesto y a lo dispuesto en la normativa citada,
FALLO: I) Declarando la nulidad del acuerdo de fecha 29/11/2021 por adolecer de vicio en la voluntad, por lo que se ordena a la Sra. F.R., DNI 2., a restituir el dinero que recibió como contraprestación del acuerdo, con más los intereses retroactivos al momento del depósito de las mencionadas sumas.
II) Las costas se imponen por su orden (art. 19 CPF).
III) Regulo los honorarios del Dr. Pablo Pino y de la Dra. Marisa Gayone de manera conjunta en la suma equivalente a 10 JUS, los del Dr. Diego Suarez, la Dra. Ana Streidenberger  y la Dra. Mónica Ruiz en forma conjunta en la suma equivalente a 10 JUS (ARTS. 6, 7, 9, 11 sgtes ley 2212). Los honorarios se regulan conforme a la naturaleza, complejidad, calidad, eficacia, extensión del trabajo desempeñado y etapas cumplidas. Cúmplase con la Ley 869.
IV) Notifíquese de conformidad con lo dispuesto por la Ac. 36/2022 STJ y regístrese.



Dra. Carolina Gaete
Jueza de Familia