Fallo Completo STJ

General Roca, 11 de noviembre de 2.024.

Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "VILAZA LUCIANA BELEN C/ COOPERATIVA DE TRABAJO OLIVERIO GIRONDO LTDA., MEHEUECH FRANCISCO ALBERTO, PONCE LAURA, PERG, GREGORIO FERNANDO, VEÑY MARIA DE LAS NIEVES, LÓPEZ GUSTAVO Y CICCIOLI JUAN MARTIN S/ ORDINARIO (L) (EXCUSADA DRA. MEHEUECH)" ( Expte. N° RO-13427-L-0000).

Previa discusión de la temática del fallo a dictar con la presencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer termino al Dr. Victorio Nicolás Gerometta quien dijo:

I. ANTECEDENTES: Que en fecha 26-08-2020 se presenta la actora Luciana Belén Vilaza a fin de iniciar formal demanda contra la Cooperativa De Trabajo Oliverio Girondo Ltda. y sus miembros Sres. Francisco Alberto Meheuech, Laura Ponce, Gregorio Fernando Perg, María De Las Nieves Veñy, Gustavo López y Juan Martin Ciccioli, por la suma de $ 488.562,09 en concepto de indemnizaciones por despido sin causa, diferencias salariales y daños y perjuicios.  

Afirma que demanda a la cooperativa de trabajo y a sus miembro por haber existido fraude e incumplimiento de las leyes 20.337, 24.013 y a la CN. 

Describe que comenzó a desempeñarse laboralmente para la cooperativa de trabajo en el mes de octubre de 2.017 como acompañante terapéutica. 

Manifiesta que luego de ser entrevistada telefónicamente se le informó que había quedado seleccionada y que comenzaría con sus labores al día siguiente, sin suscribir ningún contrato; que asimismo se les informó la modalidad de trabajo y jornada

Refiere que luego de unos día de encontrarse trabajando, se le requirió acercarse a la administración para firmar planillas, siendo que ellos se encargaban de inscribirla en el monotributo; afirma que nunca firmó una planilla de adhesión a la cooperativa y que no le fue informado ni se el entregó documentación en tal sentido.

Afirma que el lugar de cumplimiento de las tareas siempre fue el establecimiento educativo Casaverde. 

Refiere en su demanda que había variación en los salarios, sin que ello haya sido pactado o informado al inicio del vínculo; que percibía una remuneración de $18.094 y $25.000, sin causa o situación fáctica que diera razón de ello.

Menciona que a partir del mes de Diciembre de 2.018 se evidenciaron cambios en la relación laboral debido a los malos tratos y persecución laboral recibidos durante meses por parte del personal directivo de la institución, lo que derivó en que iniciare tratamiento psicológico y psiquiátrico desde el 14-12-2.018. 

Describe detalladamente situaciones vivenciadas con sus compañeros de trabajo y con los directivos de la institución educativa, que terminó ese mes de Diciembre bajo tratamiento psiquiátrico y luego de ello fue llamada a la dirección donde se le pidió a los gritos que renunciara, sosteniendo que el perfil de la actora no iba con el de la escuela. Afirma que esto la afectó mucho, que se los comentó a sus compañeros de trabajo y se fue. 

Que desde entonces nunca más volvió a la escuela y debido a los acontecimientos que detalla estaba depresiva y que en consecuencia su psiquiatra, Dr. Peruzzi indicó que debía quedarse en su casa para sanar.

Comenzó con licencia médica, presentando certificados de su médico, sin perjuicio de lo cual el 20-05-19 se le notificó que se daba por extinguido el vínculo laboral, lo cual -asevera- resulta ser un despido sin causa y por exclusiva culpa de la demandada, discriminatorio y violatorio de las garantías constitucionales, transitando la instancia de conciliación laboral sin arribar a acuerdo alguno y que recién a finales de 2.019 le fue otorgada el alta médica.

Sostiene que se trata de una empleada disfrazada bajo la apariencia de asociada a una cooperativa de trabajo cuya figura se utiliza para rédito exclusivo de los directivos. Invoca el art. 23 LCT, manifestando que corresponde evaluar la situación real de dependencia; que efectuó tareas para la demandada en un marco de subordinación jurídica, económica y técnica respecto de sus empleadores, sin la participación democrática en la toma de decisiones referentes a su actividad, ni distribución de ingresos.

Describe las características que hacen a  una cooperativa de trabajo y afirma que nada de ello ha existido en su caso; que no es legítimo que la firma utilice figuras no laborales para evitar la aplicación del derecho del trabajo, por lo que debe terse en cuenta la realidad de los hechos por sobre el acuerdo entre las partes. Asevera que fue empleada, víctima de fraude y violencia laboral. 

Practica liquidación y peticiona la entrega de certificados médicos; ofrece prueba  solicita se haga lugar a la demanda, con costas. 

Sostienen que a partir de presupuestos fácticos falsos, la actora pretende un beneficio económico que no le pertenece. 

Describen que Vilaza se asoció a la Cooperativa de Trabajo Oliverio Girondo Ltda en octubre de 2.017, siendo aceptada como socia mediante acta nº 222 del Consejo de Administración. Que se desempeñó como acompañante pedagógica desde su ingreso hasta el día 13-05-2.019, fecha en la cual el Consejo de Administración suprimió el cargo de acompañante del ciclo, lo cual le fue notificado a la actora mediante carta documento. 

Afirman que al igual que la actora, ellos también son asociados de la cooperativa de trabajo, siendo designados en asamblea ordinaria en el cargo que desempeñan, de conformidad con los estatutos: refieren que la distribución de cargos se concretó a través del acta nº 255.

Afirma que se invoca en demanda un despido discriminatorio por razones de salud por encontrarse con certificado médico cuando dicho certificado (de fecha 14-05-19) no consta que haya sido presentado previamente a la comunicación de supresión de cargo. 

Describe que la cooperativa es reconocida por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial, recibiendo mensualmente un subsidio a fin de la subsistencia de la institución.  

Corresponde a continuación fijar los hechos que considero acreditados, apreciando en conciencia las pruebas producidas, conforme lo establece el art. 55 inc.1º de la Ley 5631, los que a mi juicio son los siguientes:

1. Sobre la Cooperativa de Trabajo Oliverio Gironda Ltda. (conforme surge del informes del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria agregado al expediente en fecha 20-12-2.021): a) La Cooperativa de Trabajo "Oliverio Girondo" se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas (INAES) con el nº de matrícula nº 30.164 y ante el Registro Provincial bajo el acta nº 707/06. b) Del Estatuto de la cooperativa surge: que la cooperativa tiene por objeto la prestación del servicio educativo y desarrollo cultural en base al aporte laboral, individual o colectivo de los socios, a cuyo efecto organiza la prestación según planes oficiales (art. 5). En cuanto a los socios, dispone el Estatuto que podrán asociarse a la cooperativa "toda persona física mayor de 18 años o que tenga idoneidad requerida para el desempeño de las tareas que requiera el servicio educativo y que acepte el presente estatuto, que sea hábil para desarrollar las actividades conducentes al logro de los objetivos previstos en el artículo 5, y que acepte el presente estatuto y reglamentos que se dicten y no tengan intereses contrarios a la misma" (art. 9).

2. La Cooperativa tiene a su cargo el funcionamiento de la Escuela Casaverde, Registro nº G-047, cuenta con subsidio del 100% en la planta funcional reconocida por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos  de la provincia de Río Negro; "no existe relación de dependencia entre el Ministerio de Educación y DDHH y el personal de la Institución Casaverde, ni tampoco con la Cooperativa de trabajo Oliverio Girondo LTADA. La escuela Casaverde es supervisada, según la normativa correspondiente, por la Supervisión de Educación Privada Zona del Valle, dependiente de la Dirección de educación privada del Ministerio de Educación Privada y DDHH. Según lo supervisado la escuela cumple con las directivas vigentes" (conforme surge del informes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos agregado en fecha 06-03-2.023).

3. La Cooperativa se encuentra bajo la fiscalización de la Dirección de Cooperativas y Mutuales, hallándose su inscripción ante el I.N.A.E.S. vigente y regular, lo que implica que cumple con las obligaciones que le impone la Ley 20.337; la entidad no presenta ninguna denuncia ni sospecha de fraude dentro de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria (conforme surge del informes de la Dirección de Cooperativas y Mutuales Nota nº 0012/2023 "A.L" SSyM agregado en fecha 15-03-2.023).

4. Consta que desde el 01-11-2.017 la actora fue registrada ante la Afip como asociada a cooperativa de trabajo, revistiendo como dependiente hasta el mes de Enero de 2.017 para la Fundación Escuela del Valle y desde mayo/2019 bajo dependencia de María Elisa Petrocini -informe AFIP-.

5. Que la actora Luciana Vilaza ingresó a la Cooperativa de Trabajo Oliverio Gironda Ltda. en fecha 26-10-2.017, conforme se acredita con la planilla de inscripción docente de la actora para el cargo Pareja Pedagógica (en la cual asimismo solicita su inscripción como socia a partir de esa fecha), siendo aceptada por el Consejo de Administración de la Cooperativa mediante acta nº 222 a partir de entonces (conforme surge de la documentación acompañada por Escuela Casaverde, cuya firma ha sido declarada auténtica por la perito calígrafa).  

6. Del Intercambio Epistolar: a) En fecha 13-05-2.019 la Cooperativa de Trabajo Oliverio Gironda Ltda. remitió a la actora carta documento mediante la cual se le comunica que en dicha fecha se reunió el Consejo de Administración para analizar la planta funcional del establecimiento, concluyendo que en el año 2.015 se creó el cargo de pareja pedagógica frente a la necesidad de inclusión de niños con diagnósticos que requerían un acompañamiento personal de las docentes de sala, habiendo sido una medida atinada que llevó a la incorporación de más profesionales al área; que en la actualidad se verifica que la necesidad de incrementar personal cesó, debiendo reducirse el personal que cumple función de pareja pedagógica; por lo cual considerando la antigüedad de personal en esa área, se procedía al suprimir el cargo de la actora a partir de la fecha. b) En fecha 23-05-2.019 la actora remite telegrama laboral a la cooperativa de trabajo rechazando la misiva recepcionada, desconociendo todos los argumentos allí expuestos; plantea que se ha desempeñado en relación de dependencia desde octubre/2017 luego de ser entrevistada y contratada para tareas de enseñanza en sala de 5 en 2.017 y en 2.018 en sala de 3, conjuntamente con otra docente, con jornada de lunes a viernes de 13:50 a 18.30 excepto miércoles en el cual la jornada se extendía por reunión de docentes. Refiere que en abril de 2.018 comenzó a sufrir persecuciones, las cuales se fueron agravando con el tiempo, hasta que en diciembre de ese año debido a los maltratos que sufría comenzó con tratamiento psiquiátrico hasta la actualidad; en consecuencia refiere que se trata de un despido incausado en periodo de licencia, intimando se abonen indemnización de ley, haberes caídos, diferencias de haberes del periodo no prescripto, más daños y perjuicios. c) En fecha 28-05-2.019 la Cooperativa de Trabajo Oliverio Girondo Ltda. niega la calidad de trabajadora dependiente invocada, sosteniendo que Vilaza, al igual que todos los asociados son trabajadores autónomos, inscriptos en el monotributo, unidos en la cooperativa de trabajo y prestando tareas en Escuela Casaverde; que la actora formó parte voluntariamente de la misma, negando que exista el régimen de licencias que menciona y la persecución o maltrato laboral; niega despido, intimándola a abstenerse de realizar acciones que menoscaben el buen nombre de la Institución; finaliza intercambio epistolar. 

7. De la pericia contable de autos surge que se analizó las actas de la Comisión Directiva y Actas de Asamblea de la Cooperativa de Trabajo Oliverio Girondo, recibos de la actora y registros contables. 

En la audiencia de vista de causa prestaron declaración los testigos propuestos por las partes, coincidiendo en que todos los docentes eran asociados de la cooperativa de trabajo y que eran convocados a participar de las asambleas, que revestían el carácter de monotributista, que la escuela les descontaba el valor del monotributo de lo que percibían mensualmente y se encargaba de ingresar los valores ante el ente recaudador; así como que se les enviaba mail con el detalle de los ingresos mensuales.

El testigo Jonathan Antolini refirió que conoce a la actora del colegio Casaverde, y que trabajó desde el 2.017 al 2.019,desempeñándose como docente de matemática y química en el turno mañana y noche; que Vilaza se desempeñaba en el turno tarde por lo cual no compartían turno. Que era convocado a las asambleas, directores y todos los docente. Que el monotributo lo pagaba la cooperativa, descontado del anticipo. Que las asambleas se hacían en el SUM de la escuela con 100 docentes aproximadamente; firmaban actas de asamblea, votaban por los balances. Refirió a las particularidades de la modalidad educativa de la institución y el trabajo en equipo con la dirección para buscar modos de educación que conduzcan a la eficiente receptividad de los contenidos por el alumnado. 

La testigo Meliñanco manifiesto que ingresó en el 2.011, dice que el conoce a la actora de la Escuela Casaverde; que ella se desempeñaba como docente de matemática y directora secundaria y de adulto; refiere que Vilaza era docente de primaria hasta 2.019. Que era asociada a la cooperativa, que se pagaba el monotributo desde la escuela y cobraba por hora cátedra. Que se realizaba una asamblea por año, donde se presentaba el balance, firmaba el recibo de retorno y se trataban temas propios de la cooperativa.

La testigo Yamila López dijo que la conoce de su trabajo en Escuela del Valle desde el 2.016 aproximadamente y que no trabajó con la actora en Casaverde. Que por dichos de la actora le comento que sufría maltrato, que se ponía en duda su capacidad todo el tiempo.

La testigo Beatriz Platini declara que trabajó en escuela Casaverde desde 1995 hasta 2.0007, ingresó como empleada y luego fue asociada desde 2.006, sin solución de continuidad. Sus labores era de maestra integradora. El trabajo y responsabilidad era el mismo como empleada y como socia. Cuando fue incorporada como socia se le explicó cómo tenía que funcionar, las reuniones, etc. Cuando dejó de ser empleada renunció, se acordó la forma de resolver la finalización de la relación de dependencia. Se fue desintegrando el Grupo de Administración de Padres y se conformó el proyecto cooperativo. Se cumplía con los ingresos a través de las asambleas, había diferencias de sueldo, se cobraba menos o igual. El sueldo estaba determinado, los excedentes se veían a fin de año con el balance. Dice que renunció a la cooperativa. La directora de la institución siempre fue Norma Pabliotti, nunca cambió.  Es una cooperativa de trabajo de docentes, siempre fue de una manera democrática. Todos estábamos en todo, votaron por eso. Cobraban los sueldos pero no habían aportes. Hacían reunión por reparto de excedentes. Se sostenía por las cuotas de  los padres, mientras estuvo ahí. Dice que cobraba aguinaldo. No recuerda quien era el presidente de la cooperativa, estábamos todos involucrados. Estábamos informados, participábamos, tenían que votar por qué persona se asociaba. Los demandados fueron todos sus compañeros de trabajo, salvo Ciccioli y Meheuech . Tenían constancia de lo que cobraban, pagaban monotributo.

Por su parte la testigo Ana Laura Bermúdez dijo que trabajó en la cooperativa desde agosto de 2.013 hasta 2.016, que se desempeñaba como profesora de lengua y literatura turno noche. Dice que al ingresar le explicaron que el proyecto institucional era cooperativo. Firmó papeles de ingreso al establecimiento, era socia de la cooperativa, monotributista. Organizaban asambleas, se charlaban temas por los que eran convocados; se hacían actas, votaban, cobraban un retorno a principio de mes; el monto era equivalente, había alguna diferencia. En la toma de decisiones estábamos todos. En la cooperativa había contadores; el monotributo lo hizo en la Afip, luego lo hacían los contadores. No recuerda como pagaban el monotributo. Afirma que la parte pedagógica era consensuada. En las asambleas se discutían todos los temas, no recuerda que en alguna asamblea se haya decidido la exclusión de algún socio. Los jueves tenían reuniones para resolver conflictos entre estudiantes y entre o con los docentes. Los docentes podían hacer propuestas educativas y si se coincidía se tomaba la decisión. No era que una persona toma la decisión sino que se decidía en conjunto. Lo mismo se hacía con decisiones de la cooperativa, se votaba. Podía postularse cualquiera para integrar el consejo de administración. No recuerda que se haya votado al exclusión de socio. En cuanto a los salarios, a veces se pagaba menos que otros meses, y no recuerda a que obedecía. Con el contador siempre tuvo una relación buena, siempre muy amable, explicaba muy bien; iba a la escuela donde le hacían consulta. Afirma que no tiene deuda en Afip. Mientras estuvo en la cooperativa nunca supo de situación de maltrato.  Las asambleas, en las que se decidía el retorno no recuerda cómo se resolvía el tema de los montos; pero se discutía en la asamblea. No recuerda si la cooperativa recibía ayuda del Estado, pero como era inclusiva creo que recibía ayuda del Estado. En el 2.016 se fue porque tenía ganas de conocer otros espacios laborales y se fue a la escuela pública. No la echaron, simplemente se fue de la cooperativa por otra propuesta laboral.  Le explicaron que debía dar la baja al monotributo, trámite que realizó. Participó de asamblea donde se analizaba el balance y en el cual se definía el retorno.

III. DEL DERECHO APLICABLE: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 55 inc. 2 Ley 5631).

Sobre el punto me permito transcribir a continuación lo resuelto por la Cámara Segunda del Trabajo de la III Circunscripción ante un caso similar al subiudice, en los autos: "ALTAMIRANO, ANDREA FERNANDA C/ COOP. DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÓN TECNICA LOS ANDES LTDA. S/ ORDINARIO (l)", (Exp. n° B718C2/18; sentencia del 08-08-19) donde se ha dicho que: "...Como señala la Dra. Kemelmajer de Carlucchi "Se ha definido a las cooperativas de trabajo, también llamadas de producción, industriales, cooperativas obreras de producción, de autogestión, etc., como las "agrupaciones de trabajadores que, organizadas bajo la forma de cooperativa, prestan sus servicios personales al grupo para que éste, a su vez, negocie con terceros el producto objetivo o los servicios mismos y distribuya luego entré los cooperativistas toda o la mayor parte de la utilidad obtenida en proporción al trabajo realizado" (Perugini, "Las cooperativas de trabajo y el derecho del trabajo" (LT XIX-A-319) (...). En estas cooperativas, la situación de socio depende de la prestación de tareas personales; o sea, hay que trabajar en la cooperativa como recaudo ineludible para ser socio de ella; dicho en otros términos, los asociados son tales, para trabajar en la cooperativa y la dación del trabajo es el servicio que la cooperativa presta a sus asociados (...). Se ha dicho que mientras las cooperativas de consumo se proponen evitar la explotación del consumidor, las de trabajo o producción tienen por fin evitar la especulación, el lucro sobre el trabajo (sea éste manual o intelectual), de tal modo de "suprimir el asalariado, sustituyéndolo por el trabajo asociado" (Ver Del Río, Jorge, "Las cooperativas de trabajo", LL 89-939) (...). No ignoro que en la realidad existen dos clases de cooperativas de trabajo: las genuinas, que responden a la ley 20337 y las fraudulentas, regidas por la LCT. art. 14. Este último supuesto se produce cuando una empresa adopta la forma de una cooperativa de trabajo para eludir dolosamente el cumplimiento de las obligaciones emergentes de las normas laborales. En otros términos, si se ha recurrido fraudulentamente a la figura de la cooperativa de trabajo, el trabajador al formar parte de aquélla, como socio aparente, no pierde su carácter de dependiente o subordinado, siempre que, de acuerdo al art. 27 LCT, la actividad se practique personalmente, con dedicación habitual, en forma exclusiva o principal y de acuerdo a instrucciones o directivas impartidas (...). La pregunta es: ¿Debe presumirse que la cooperativa es genuina, o por el contrario, que ella es fraudulenta?. Es cierto que muchas veces no es fácil distinguir una cooperativa de una "falsa cooperativa", y que, como decía Juan B. Justo, en las cooperativas de trabajo que prosperan económicamente hay una tendencia a perder el espíritu cooperativo (ver Plíner, Adolfo, "Cooperativas de trabajo", LL 104-135; Del Río, Jorge, "La sociedad cooperativa. El cooperativismo de producción o de trabajo", LL 124-1196 y ss.) pero ni de esta dificultad ni de esa tendencia puede derivarse, sin más, que hay fraude laboral en cualquier cooperativa de trabajo mientras no se pruebe lo contrario (...). En mi opinión y en consonancia con la jurisprudencia imperante, no hay razones para presumir el fraude; por eso aún los autores que admiten la compatibilización entre la figura del socio y la del empleado en las cooperativas de trabajo afirman que en caso de conflicto judicial, el trabajador, al promover la demanda, deberá invocar la situación fraudulenta y probar la misma si fuera negada por la empresa cooperativa (Kurkis, ob. cit., DT 1985-B-1739). No se trata de hacer predominar el ropaje sobre la realidad sino partir de la base de que las formas asociativas son reales, mientras no se pruebe lo contrario o ello no surja de los propios hechos" (cf. autos "Ríos, Osvaldo M. c/ Cooperativa de Trabajadores del Transporte Automotor de Cuyo T.A.C. Ltda., fallo del 15/4/91, publicado en J.A. 1991-II-444, cita online 70029254). Que en el caso de la actividad educativa, no puede desconocerse que en las últimas décadas han proliferado en nuestro país, como alternativa para muchas familias de poder otorgar a sus hijos una educación de calidad, ante los endémicos problemas de la educación pública.- Por otra parte y sin emitir ningún juicio de valor al respecto, es claro que el Estado se ha visto en cierta forma favorecido, en tanto se obliga a proveer un subsidio que no alcanza de ningún modo al costo que le demanda mantener un establecimiento educativo, desligándose de una obligación esencial. En España, por ejemplo, se las denomina cooperativas de enseñanza, siendo aquellas que tienen por objeto "la realización de actividades docentes en sus distintas etapas, niveles y modalidades, mediante la titularidad o gestión de uno o varios centros de enseñanza. También la realización de actividades auxiliares o complementarias conexas a la principal. Si asocia a maestros y personal no docente, se regirá por lo dispuesto para cooperativas de trabajo asociado. (ver artículo publicado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia -www.ucoerm.es/paginas/15-Que-es-una-Cooperativa-de-Ensenanza-). Más aun, señala la Dra. Kemelmajer, que en la ley española se establece que los socios "....percibirán periódicamente, en plazos no superiores a un mes, anticipos laborales de una cuantía similar a los salarios medios de la zona y sector de actividad para los distintos puestos de trabajo o categoría profesionales, dichos anticipos son percepciones periódicas abonadas a cuenta de los resultados finales de la actividad económica de la cooperativa....", tal como se ha acreditado en los presentes autos."

En estas condiciones entiendo que la existencia de la cooperativa de trabajo, per se no hace presumir el fraude a la ley laboral, debiendo en cada caso acreditarse, por quien lo invoca, la utilización del instituto con fines contrarios y en fraude a la ley laboral. 

La actora en autos no ha acreditado tal extremo, sino que por el contrario ha quedado demostrado el funcionamiento regular de la Cooperativa de Trabajo Oliverio Girondo Ltda. y el desempeño de la actora, al igual que los testigos, como socia aportante de su trabajo docente en el proyecto cooperativo educativo Casaverde. 

Nuestro STJ en los autos "DORO, NATALIA LORENA C/ COOPERATIVA DE TRABAJO VIEDPA LTDA. Y OTRO S/ ORDINARIO" (Expte. nº CS1-107-STJ2016 - Sent. nº 26 de fecha 18/04/2017), expresó: "Cabe señalar que, conforme se ha sostenido en doctrina, "el objeto de las cooperativas de trabajo es proveer de trabajo a sus asociados, quienes lo ejecutan y perciben por ello una contraprestación que abona el tercero beneficiario del servicio a través del sistema administrativo de la cooperativa" (Meilij citado por Raúl Horacio Ojeda en la Revista de /// ///-3- Derecho Laboral, 2015-1 "Fraude y Simulación", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 211). En una inteligencia que contemple todo el régimen normativo que rige para el caso, no se puede presumir conforme a derecho que las cooperativas de trabajo funcionen con fraude a la ley; el que indudablemente debe ser probado por quien lo alega. Y tal extremo no se encuentra acreditado en el juicio, conclusión a la que se llega de la mera lectura de la sentencia en crisis. No hay allí valoración de prueba relevante que le pueda haber permitido al Tribunal de mérito decidir como lo hizo. La Cámara Nacional del Trabajo, sala VI, en "Di Gregorio, Natalia c. Cooperativa de Trabajo Cazadores Ltda.", de fecha 13.10.2010, confirmó la sentencia que juzgó que la actora era una asociada real de la cooperativa de trabajo demandada. Entendió que tratándose de una cooperativa genuina, debidamente inscripta y habilitada para desarrollar sus actividades, la calidad de asociado excluía la de trabajador dependiente; máxime si no se probó la existencia de fraude (Publicado en DT 2011 (agosto), 2010; DT 2011 (septiembre), 2325. Cita Online: AR/JUR/66099/2010) . En otro fallo, relativamente reciente -autos "Guerra, Héctor Oscar c. Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas La Recova L s/ despido"- la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala II, resolvió que la relación que unió al accionante y a la cooperativa de trabajo demandada no se encontraba comprendida en la normativa laboral, en tanto se acreditó que la accionada fue autorizada como cooperativa e inscripta en el registro correspondiente, a la vez que aquel no logró probar la configuración de un obrar fraudulento. (Publicado en: DT 2016 (mayo), 1072. Cita Online: AR/JUR/67708/2015)."

Es que la presunción de existencia de contrato de trabajo cuando existe prestación de servicio (art. 23 de la LCT), cede ante la prueba de la existencia de una cooperativa de trabajo legalmente constituida, lo que ha sucedido en auto; ello en virtud de que la calidad de asociada a la cooperativa de Vilaza, excluyendo en consecuencia la naturaleza dependiente del vínculo jurídico .

Por otra parte, la circunstancia de que la actora tuviera una jornada diaria en la cual desarrollaba sus funciones, no altera la naturaleza jurídica de su vínculo como socia de la cooperativa de trabajo, ni torna de aplicación lo establecido por el art. 23 y 27 de la LCT, ya que resultan pautas esenciales para el funcionamiento de cualquier organización, más aún en un establecimiento educativo como en el caso de autos. Lo propio en cuanto a las instrucciones que la actora recibía o el "paradigma educativo" o de resolución de conflictos al cual han hecho mención los testigos, lo cual hace a las particularidades del proyecto cooperativo del cual formó parte. 

Se ha dicho que "La existencia de una marco de instrucciones, órdenes o pautas de trabajo, que resultan consecuencia propia de los actos de gobierno u organización de los que no pueden prescindir incluso un ente autogestionado y que en modo alguno implica per se una subordinación o dependencia propia de una relación laboral, ha sido reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. autos "Lago Castro, Andrés c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada", fallo del 24/11/09). Y en sentido concordante con dicho criterio se ha resuelto que "Tratándose de una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no ha mediado fraude o irregularidad que desnaturalice sus fines, no corresponde asimilar la subordinación que tipifica el contrato de trabajo, con la obligación del socio cooperativo de ajustarse a las instrucciones imprescindibles al ordenamiento interno que se exige para un adecuado trabajo de conjunto" (cf. CnTrab, Sala VIII, fallo del 26/5/03, publicado en Ley de Contrato de Trabajo, Mariano Mark, pag. 175, con otras citas de jurisprudencia)" (conf. fallo citado ut supra).

En este sentido se ha pronunciado la Cámara Segunda del Trabajo de San Carlos de Bariloche en un precedente de similares características que este, en particular en los autos: "ALTAMIRANO, ANDREA FERNANDA C/ COOP. DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÓN TECNICA LOS ANDES LTDA. S/ ORDINARIO (l)", Exp. N° B718C2/18 sentencia de 09.08.2019 ha dicho que: "En efecto, más allá de las consideraciones referidas a la constitución e inscripción de la cooperativa, la forma de retribución de las labores y la inexistencia de salarios u otros beneficios que otorgue la cooperativa a alguno de sus integrantes, que por su cuantía permitiera inferir que ocultan verdaderos beneficios o una posición manifiestamente de supremacía económica de algunos socios respecto de los restantes (que inclusive pueda ocultar el carácter de verdaderos dueños), entiendo que tampoco resulta aplicable al caso la interpretación que efectúa la parte actora de los arts. 23 y 27 de la LCT (ver fs. 21/23 y fs. 127/132).- Ello así, ya que la presunción del art. 23 de la LCT, cede ante la prueba de la existencia de una cooperativa de trabajo legalmente consituída, ya que en tal caso la calidad de asociado excluye la de trabajador dependiente (ver fallo del STJ citado y además Sent. Nro. 15 del 22-3-18 -en idéntico sentido-).- Por otra parte, la circunstancia de que la actora tuviera que ajustarse a eventuales horarios fijados por la Dirección o instrucciones de la Vicedirectora (a cargo del turno tarde), considero que no altera la naturaleza jurídica de su vínculo como socia de la cooperativa de trabajo, ni torna de aplicación los establecido por el art. 27 de la LCT, ya que resultan pautas esenciales para el funcionamiento de cualquier organización. La existencia de una marco de instrucciones, órdenes o pautas de trabajo, que resultan consecuencia propia de los actos de gobierno u organización de los que no pueden prescindir incluso un ente autogestionado y que en modo alguno implica per se una subordinación o dependencia propia de una relación laboral, ha sido reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. autos "Lago Castro, Andrés c/ Cooperativa Nueva Salvia LImitada", fallo del 24/11/09). Y en sentido concordante con dicho criterio se ha resuelto que "Tratándose de una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no ha mediado fraude o irregularidad que desnaturalice sus fines, no corresponde asimilar la subordinación que tipifica el contrato de trabajo, con la obligación del socio cooperativo de ajustarse a las instrucciones imprescindibles al ordenamiento interno que se exige para un adecuado trabajo de conjunto" (cf. CnTrab, Sala VIII, fallo del 26/5/03, publicado en Ley de Contrato de Trabajo, Mariano Mark, pag. 175, con otras citas de jurisprudencia). En síntesis, conforme lo expuesto y habiendo valorado la prueba en los términos del art. 53 de la ley 1504, entiendo que la parte actora no ha logrado acreditar la existencia de una relación de naturaleza laboral que hubiera sido encubierta bajo una figura asociativa regularmente constituida, por lo que la demanda interpuesta no podrá prosperar".-

En síntesis, conforme lo expuesto y habiendo valorado en conciencia la prueba en los términos del art. 55 de la ley 5631, concluyo que la parte actora no ha logrado acreditar la existencia de una relación de naturaleza laboral encubierta bajo una figura asociativa regularmente constituida, por lo que la demanda interpuesta no podrá prosperar tal como ha sido planteada, tanto respecto de la cooperativa y menos aún contra sus integrantes.

Reparo ademas en la circunstancia de que mediante carta documento de fecha 13-05-2.019, la Cooperativa de Trabajo en cuestión notificó a la actora de la supresión del cargo de "Pareja Pedagógica" que detentaba en aquel entonces Vilaza, por considerar que no era necesario en esa oportunidad en virtud del cumplimiento del objeto cooperativo. Se ha probado en autos que dicho cargo había sido creado con el objetivo de colaborar con las docentes de grado en casos de comparecer estudiantes con diagnóstico, a fin de facilitar la inclusión y acompañamiento escolar de los estudiantes.

Considero que de ninguna manera se desvinculó o excluyó a la actora del proyecto cooperativo del que formaba parte como asociada, sino que el Consejo de Administración en aquel momento consideró que era prescindible el cargo de Vilaza en razón de la realidad institucional y antigüedad de los socios que cumplían la misma función; adviértase por otra parte que no se acreditó en autos que otra persona haya comenzado a detentar el cargo que ella ocupaba en la Escuela Casaverde. 

De las testimoniales rendidas tampoco surge acreditada la situación de maltrato ni la persecución que denuncia le habrían propiciado los integrantes del Consejo de Administración.

Entiendo que la modalidad de trabajo interna, los modos de exposición del conflicto entre estudiantes y docentes, así como la búsqueda de soluciones -comunitariamente- para la resolución de los conflictos a lo cual han hecho referencia los testigos, implican una visión no tradicional de organización educativa; pero ello no conduce a considerar que existan un actuar reprochable a la institución o a sus integrantes (maltrato o persecución) como lo pretende en su demanda la reclamante.

El Dr. Nelson Walter PEÑA adhiere a la solución propuesta por voto preopinante mientras que la Dra. Daniela PERRAMON se abstiene de emitir opinión atento la coincidencia expuesta por los Dres. Gerometta y Peña.

Por todo lo expuesto, la CÁMARA LABORAL PRIMERA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, RESUELVE:

I. Rechazar la demanda interpuesta por LUCIANA BELEN VILAZA contra la COOPERATIVA DE TRABAJO OLIVERIO GIRONDO LTDA. y los Sres. Francisco Alberto MEHEUECH, Laura PONCE, Gregorio Fernando PERG, María de las Nieves VEÑY, Gustavo LÓPEZ y Juan Martín CICCIOLI, todo ello por los fundamentos expuestos en los considerandos. 

III. IV. Firme la presente, por Secretaría, practíquese planilla de liquidación de impuestos y contribuciones.

IV. Líbrese cédula al Banco Patagonia S.A., de acuerdo a expresas instrucciones de Presidencia, a efectos de que proceda a la apertura de una cuenta judicial a nombre de estos autos y a la orden del Tribunal, haciéndole saber que deberá dar cumplimiento con la medida en plazo de 48 hs. de notificado, informando número de cuenta y de CBU, bajo apercibimiento de aplicar la suma de $20.000 diarios en concepto de astreintes. Notifíquese conforme lo establecido en la Disposición Nro. 02/2023 -Área de Gestión Informatización de la Gestión Judicial.- 

V. Regístrese, publíquese y cúmplase con Ley 869.

 

                                 
Dr. Victorio Gerometta
Presidente

 

 

Dr. Dr. Nelson Walter Peña                           Dra. Daniela Perramón 
Vocal                                                       Vocal 

 

 

                          
El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y  alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ y se publica en el día de la fecha. Conste.
Secretaría,  11/11/2024

Ante mi: Dra. Marcela López
-Secretaria Cámara Primera-