Fallo Completo STJ

Viedma, 1 de marzo de 2024.

VISTOS: Los presentes obrados caratulados: “TAGLIANI RAÚL ALBERTO C/ ETEJSA ESTABLECIMIENTO JUAN S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (sumarísimo) Expte. Nº VI-01840-C-2022” traídos a despacho para resolver; y

CONSIDERANDO:

I. Antecedentes de la causa.

1. Demanda.

En fecha 28/11/2022 se presenta el Sr. Raúl Alberto Tagliani, con patrocinio letrado y promueve demanda de daños y perjuicios contra Alegretti Compañía Latinoamericana de Viviendas S.A. y Etejsa Establecimiento Juan S.A. por incumplimiento contractual. Reclama el pago del valor actual de una vivienda igual o de similares características, en los términos del artículo 10 bis de la Ley 24.240, daño moral y punitivo, estos últimos por la suma de $ 4.000.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con expresa imposición de costas.

Relata que en fecha 06/10/2021, concurrió a las oficinas de las demandadas situada en calle Artémides Zatti Nº 807 de la ciudad de Viedma donde suscribió un contrato para la compra de una vivienda premoldeada que tenía pensado instalar en un terreno de su propiedad. Allí recibió asesoramiento por parte del Sr. Matías Barrera y el Sr. Lucas Massari, con quienes en definitiva concreto la operación principal y sus opcionales.

Agrega que suscribió un formulario predeterminado junto a los representantes de la Firma "Alegretti" en el cual se especificaban las características de la vivienda en una "ficha Técnica" que acompaña como documental, a saber, modelo “OLIVO”, de 48,11 mts2 cubiertos y 18,09 m2 semicubiertos, de ensamblado en seco y rápida terminación, construidos en madera autoportante, revestimiento exterior con placas cementicia de base texturada, revestimientoa interiores y tabiques divisorios; aberturas y cielorrasos de madera machimbre, y opcionales identificados en el contrato.

El costo se estableció en la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta mil ($ 1.640.000), los que indica fueron cancelados en su totalidad de la siguiente forma: una seña de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) al momento de la suscripción del boleto de Compraventa con fecha 06/10/2021 y el saldo restante por transferencia bancaria al C.B.U. suministrado por la demandada cuyo titular era Etejsa Establecimiento Juan S.A, por pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000) de fecha 7/10/2021 y ochocientos veinte mil ($ 820.000) de fecha 15/12/2021. Cabe agregar que el plazo pautado de entrega, conforme establece el contrato (Nota de Venta Nº 0103-00000046) era el día 10/01/2022. (apartado 2 del contrato).

Explica que luego suscribió un documento identificado como “Anexo II Nota de Venta N° 103-0046” mediante el cual completo los datos catastrales del terreno a edificar la vivienda (el cual acompaña) y finalmente realizó la platea para instalarla dentro del plazo previo a la indicada para su entrega.

Superada la fecha indicada, se acercó a la sucursal para consultar por la entrega de la vivienda y le informaron que había un breve retraso, que la siguiente semana se comunicarían para coordinar. Llegó la siguiente semana, no lo llamaron y cuando concurrió nuevamente, la respuesta fue similar. A la siguiente semana, volvió a consultar con idéntico resultado. Finalmente dejaron de brindarle respuesta alegando que no podían comunicarse con el dueño, que estaban esperando información.

Agrega que con fecha 24 de mayo de 2022 remitió una Carta documento Nº 0001972/0 a los aquí demandados sin obtener respuesta, lo que le impuso iniciar el proceso de mediación (legajo N° 00651-VICM-2022) que se cerró sin acuerdo.

Destaca los incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, como trato indigno al que fue sometido, falta de información y deficiente prestación del servicio, todo lo cual lo motiva su petición de aplicación daño punitivo, refiere al daño moral y material sufrido a partir del incumplimiento, efectúa liquidación y solicita medida cautelar. Finalmente funda en derecho su petición y ofrece prueba.

2. Contestación de la demanda.

Mediante providencia de fecha 14/12/2022 se le asigna el trámite sumarísimo al proceso y ordena el traslado de la demanda, que es contestada con fecha 26/12/2022 por Alegretti Compañía Latinoamericana de Viviendas S.A. mediante apoderado y Etejsa Establecimiento Juan S.A. con patrocinio letrado, en presentación conjunta, los que niegan las manifestaciones de la actora y dan su propia versión de lo sucedido.

Señala que el actor ha manifestado haber contratado con la empresa Alegretti Compañía Latinoamericana de Viviendas S.A. y Etejsa Establecimiento Juan S.A., sin embargo de los registros de la empresa no consta.

Reconoce que el Sr. Barrera ha trabajado para la empresa, y en consecuencia realizó una investigación interna a los efectos de saber si suscribió el contrato, sin embargo al momento de contestar la demanda no pudo determinarlo.

Funda en derecho, hace reserva del caso federal, ofrece prueba y concreta su petitorio.

3.Avocamiento y etapa probatoria.

Con fecha 20/03/2023 me se avocó al conocimiento de las actuaciones y ante la existencia de hechos controvertidos, fijo la audiencia prevista por el art. 361 del CPCC de cuya celebración da cuenta el acta obrante en PUMA de fecha 03/05/2023, proveyendo las pruebas ofrecidas por las partes.

Con fecha 24/10/2023 se procede a la clausura del período probatorio y agrega el alegato de la parte actora con fecha 13/11/23. llamándose a autos para sentencia con fecha 12/12/2023, providencia que se encuentra firme y motiva la presente.

II. Análisis y solución del caso.

De acuerdo con el modo en que la litis ha quedado trabada, la cuestión a resolver radica en determinar la eventual responsabilidad que la parte demandada en virtud del incumplimiento del contrato de consumo por el cual se obligaban a entregar una vivienda prefabricada, como así también la procedencia del daño punitivo, moral y material invocado, y en su caso su cuantificación.

1. Encuadre normativo.

Corresponde precisar que las normas aplicables para resolver la cuestión traída a examen, son el Código Civil y Comercial de la Nación el que según ley 27.077, entró en vigencia el 01/08/2015 (art. 1), y siendo la presente una relación contractual que se inició en el año 2018, lo que importa la aplicación del capitulo 1 del Titulo II del Código Civil y Comercial normas que regulan los Contratos en General en los arts. 957 a 1091, los contratos en particular sobre compra venta (art. 1123 y siguientes), locación de servicio y obra (art. 1251 y siguientes) y el Título III del Libro Tercero en los arts. 1092/1122 que regulan las relaciones de consumo, cuyos conceptos se integran con la ley 24.240 (y sus modificaciones).

Vale mencionar que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) es de orden público, de rango constitucional conforme el art. 42 de la Constitución Nacional -a partir de la reforma de 1.994- y art. 30 de la Constitución de Río Negro. Además, es conveniente recordar que esta normativa busca lograr un equilibrio entre quienes son partes de una relación de consumo, a través de un sistema de protección jurídica in favor debilis.

Debe considerarse la especialidad regulación consumeril, que en el Código Civil y Comercial de la Nación Comentado de Lorenzetti, citando a Vázquez Ferreira, sostiene "Las relaciones de consumo se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor y sus reglamentaciones, sin perjuicio de otras disposiciones legales que resulten de aplicación atendiendo a la actividad que el proveedor desarrolle" (Ricardo Luis Lorenzetti,Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, tomo VI pág. 243 - Ed. Rubinzal -Culzoni Editores). Es decir que, no podemos obviar que cuando se habla de defensa del consumidor se hace referencia a un microsistema que atraviesa de manera transversal todo el universo de los contratos. Corresponde precisar entonces qué normas aplicaré para resolver la cuestión traída a examen, teniendo presente que nos encontramos ante un contrato de consumo, debiendo regirse por la Ley 24.240 y del CCyC.

Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia al sostener que "...la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución nacional." (C.S.J.N., causa C.745.XXXVII., in re Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V., sent. del 21-III-2006, Fallos: 329:695, voto del doctor Zaffaroni; causa F.331.XLII; REX, Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA- c DNCI - DISP 1270/03, sent. del 18-XI-2008, Fallos: 331:2614, disidencia del doctor Maqueda).

Asimismo, el Código Civil y Comercial también recepta los principios consumeriles (conf. ley 24.240, arts. 1092, 1093, 1094 y cc. del CCyC). En este sentido, ante un vínculo contractual por el estilo, la ley despliega una protección que excede el marco contractual y que autoriza, en muchos casos, a ejercer sus derechos frente a toda la cadena de comercialización, aún contra aquellos contra quienes no los une de forma concreta un contrato. (Hernández Carlos y Picasso, Sebastián; La conexidad en las relaciones de consumo, en Ley de Defensa del consumidor comentada y anotada, Tº III, La Ley, 2011, págs. 484/501). Conf. CA Civil de Viedma en autos caratulados: Céspedes Narciso c/ Pfund Raúl Oscar y Otros s/ daños y perjuicios (ordinario), Expte. N° 8052/16 CAV.

En lo que respecta a la atribución de responsabilidad, el art. 40 de la Ley 24.240 reza: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Sostiene Ricardo Lorenzetti que "el sistema imputativo consiste en una responsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa o del servicio, amplia legitimación pasiva solidaria con acciones de repetición, y unas eximentes basadas en la ruptura del nexo causal." (Conf. R. L. Lorenzetti, Tratado de los Contratos, Tº I, Ed. Rubinzal Culzoni, 1999, Pág. 91). Por su parte, la doctrina también entiende que dentro del marco de esta normativa - el consumo- la responsabilidad de la ley 24.240 (arts. 5, 10 y 40), es objetiva y nace de ese contrato previsto en esa norma sin que sea procedente referirla a las de la responsabilidad contractual o extracontractual prevista en la normativa del Código Civil (conf. Jorge Mosset Iturraspe Javier Wajntraub Ley de Defensa del Consumidor, Pág. 243). (Conf. C. Civ. y Com. Sala 1ª, Depto. Judicial de San Martín. “L., M. G. c/ Inc. S.A. Supermercados Carrefour y otro s/ Daños y perjuicios; y CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2.015).

Ya se ha dicho que esta norma abandona el régimen de la responsabilidad basada en la culpa, ya que éste resulta inadecuado y desprotege a la víctima al recaer sobre ella la carga de la prueba, siguiendo de este modo los postulados del nuevo derecho en materia de daños que, con una concepción más solidarista, centra la atención en el daño injustamente sufrido por sobre la conducta del dañador (cfr. esta CNCom., esta Sala A., 30.06.10 in re Novoa Claudia Marcela c/ Taraborelli Automobiles S.A y otro s. ordinario). (Conf. Cám. Nac. de Apel. en lo Com., Monti Eduardo Jorge y otro c/ Maynar AG S.A. y otro s/ sumarísimo, 2012, Cita online: MJ-JU-M-71863-AR MJJ71863 MJJ71863).

2. Encuadre probatorio.

De conformidad a las circunstancias bajo las que el proceso discurriera, corresponde acudir al esquema probatorio y así debo tener en cuenta el conjunto de normas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso (conf. Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Ed. Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1.972, Tº 1, pág. 15).

Cada litigante debe aportar la prueba de los hechos que invocó y que la contraria no reconoció; en particular, los hechos constitutivos debe probarlos quien los invoca como base de su pretensión y los hechos extintivos e impeditivos, quien los invoca como base de su resistencia. Devis Echandía sostiene que corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición -pretensión o excepción- lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable, o dicho de otro modo, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal. La alegación es requisito para que el hecho sea puesto como fundamento de la sentencia si aparece probado, mas no para que en principio la parte soporte la carga de la prueba. (Devis Echandía Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Buenos Aires, Ed. Zavalía, T 1, pág. 490 y ss).

Ahora bien, este principio, como toda regla general, no es absoluto. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, principio éste que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía por sobre la interpretación de las normas procesales a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (CSJN in re Baiadera, Víctor F., LL, 1.996 E, 679).

Por ello, no resulta un dato menor recordar en este apartado que conforme lo dispone de manera específica la normativa procesal que nos rige, salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica -entre las que incluyo la inmediatez del juez de primera instancia-. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. (conf. art. 386 CPCC titulado apreciación de la prueba). A ello se debe agregar, aunque parezca redundante, que tampoco existe la obligación de fundar la razón por la cual descarta o no alude de manera específica a otros medios probatorios. No cabe entonces sino concluir que la primera regla interpretativa al hacer mérito de la valoración probatoria efectuada por el magistrado -sin eludir la posibilidad del error- es que la prueba soslayada no conducía, a su entender, a la averiguación de la verdad objetiva del caso.

Y con relación a la verdad objetiva, debo aclarar que en función de las reglas de interpretación de la prueba basadas en las sana crítica hay una ligazón inescindible entre verdad objetiva y convicción judicial, de modo tal que ambas confluyen para la solución de todo caso traído al examen de los jueces.

Por otro lado, la LDC también expande sus efectos hacia la carga dinámica de la prueba, ello debido a la dificultad que pueda asir la víctima al probar la causa del daño. El concepto "carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida" consiste en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia. Se trata de un concepto particularmente útil cuando los extremos son de muy difícil comprobación. (Conf. SCJBA Causa G., A. C. c/ Pasema S.A. y otros s/ Daños y perjuicios, C. 117.760, sent. del 1-IV-2.015).

La Ley de defensa del consumidor contiene normas expresas relativas a la carga dinámica de la prueba. En tal sentido, la ley contiene una norma expresa relativa a la carga de la prueba en las que establece el juego armónico de la misa. Establece en el art. 40, último párrafo: "Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena"; en referencia al prestador del servicio. También el art. 53, tercer párrafo, impone a los proveedores: "...aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio".

Dicho en estos términos, "corresponde al proveedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando todos los elementos que tenga en su poder. De nada sirven las negativas genéricas y/o particulares", por el contrario, "estando de por medio una relación consumeril, el principio de las cargas dinámicas es llevado a su máxima expresión pues el proveedor tiene una obligación legal: colaborar en el esclarecimiento de la situación litigiosa. En consecuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva, se constituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustenta la pretensión del consumidor". (Aspectos procesales, cit. LL 2010-C-1281 y sigtes.). (Conf. SCJBA Causa “G., A. C. c/ Pasema S.A. y otros s/ Daños y perjuicios, C. 117.760, sent. del 1-IV-2.015).

3. Prueba Producida.

Efectuadas las anteriores precisiones, para el análisis y resolución del caso traído a examen recurriré a la prueba desarrollada en el proceso y la valoraré conforme a las reglas de la sana crítica y de acuerdo con lo que prescribe el art. 386 del C.P.C.C., artículo 53 de la LDC, el art. 3 del CCyC y en definitiva fundaré mi decisión conforme lo establecido en el art. 200 de la Constitución Provincial.

3.1. Prueba producida por la actora:

Documental:

Acompañada con el escrito de inicio movimiento de PUMA de fecha 28/11/2022:

a. Contrato de compraventa, titulado “Nota de venta” N° 0103-00000046 suscripto entre el Sr. Raúl A. Tagliani y la firma Alegretti Compañía Latinoamericana de Viviendas S.A, fechado 06/10/2021, a través de su dependiente Matías Barrera, DNI N° 33.530.522, donde constan asimismo los adicionales a las características del bien conforme Ficha Técnica (punto c del presente apartado)

b. Formulario preimpreso titulado “Anexo II-DDJJ Ubicación de Terreno”, fechado 06/10/2021 y firmado por el vendedor Matías Barrera;

c. Formulario preimpreso identificado como Ficha Técnica y titulado “Detalle de materiales a utilizar en su fabricación” firmado por el Sr. Matías Barrera y Raúl A. Tagliani, donde se describe las características del bien contratado;

d. Croquis plano con el logo de Alegretti y firmado por Matías Barrera y Raúl A. Tagliani;

e. Recibo “X” de pago por el pago de la suma de $400.000 de fecha 06-10-2021, suscripto por el supervisor regional de Alegretti, Sr. Lucas Daniel MASSARI.

f. Resumen de cuenta de CA$ N° 250-730002462-000 del Sr. Raúl A. Taglioni donde consta la transferencia electrónica realizada por la suma de $420.000 el día 7/10/2021 y 820.000 del día 15/1272021;

g. Comprobante de pago proveniente de la cuenta CA$ N° 250-730002462-000 por la suma de $420.000 al CBU N° 1910537255053700488096 cuyo titular es Etejsa Establecimiento San Juan S.A;

h. Recibo “X” N° 0001-00000213 fechado el 7/10/2021 con logo de Alegretti y firmado por Lucas Daniel Massari, por la suma de $420.000;

i. CD N° 0001972(0) enviada por el Sr. Raúl Tagliani a Alegretti en fecha 24-5-2022 intimándolo al cumplimiento de su obligación;

j. Acta de mediación de CIMARC carátula “TAGLIANI RAÚL ALBERTO Y ALEGRETTI COMPAÑIA LATIONAMERICANA DE VIVIENDA S.A Y OTRO” LEGAJO N° 00651-VICM-2022; Formulario N° 5 de cierre; protocolización, fechado 9-9-2022.

Informativa:

Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, movimiento PUMA de fecha 02/06/2023, quien informa que consta un reclamo distinto denunciante del de autos en etapa de conciliación, sin sanción hasta la fecha. No existen ni fueron recibidas mas denuncias contra esa firma.

Informativa subsidiaria:

Al Banco Patagonia S.A., movimiento PUMA de fecha 30/05/2023, quien remite resúmenes de cuenta del actor en el cual constan las transferencias efectuadas el día 07/10/2021 por la suma de $420.000 y el día 15/12/2021 por la suma $ 820.000, ambas al CBU N° 1910537255053700488096 cuyo titular es Etejsa Establecimiento San Juan S.A.

Pericial caligráfica subsidiaria:

Ante la incomparecencia del Sr. Matías Barrera, quien fuera debidamente notificado en su domicilio real de calle Los Crisantemos 357 de la ciudad de Viedma bajo apercibimiento de tenerle por reconocidas las firmas se aplico la sanción legal, por providencia de fecha 24/10/2023 dando por ciertas las insertas en los documentos acompañados y suscriptos por él, a saber, “Nota de venta” N° 0103-00000046, Ficha Técnica, Anexo II-DDJJ Ubicación de Terreno, Croquis plano con el logo de Alegretti

Es dable destacar que el artículo 394 del CPCC establece “Cuerpo de escritura. A falta de documentos indubitados o siendo ellos insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento del perito. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento".

Tiene dicho la jurisprudencia "Corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por el accionado y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia que lo condena a pagar la suma de dinero reclamada por la actora, toda vez que, conforme lo que resulta de las constancias de la causa y como consecuencia de la conducta procesal seguida, al no concurrir a las audiencias que se fijaron para que realice el pertinente cuerpo de escritura, quedó reconocido el contrato de mutuo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 394, CPCC de Neuquén, citado expresamente por la a quo. Esto es, la existencia del contrato de mutuo, que cuenta con fecha cierta, en virtud del sellado de rentas, es que cabe tener por cierto su contenido y por ende recibida por el deudor la suma que allí figura. (Distel Salgado, Roxana vs. Bolmene, Juan Carlos s. Cobro sumario de pesos CCCLM Sala II, Neuquén, Neuquén; 04/05/2017; Rubinzal Online; 477234/2013 RC J 3526/17).

Respecto del Sr. Lucas Daniel Massari, intimadas las demandadas a que acompañen información para su citación, a saber DNI y domicilio, fue omitido lo que provocó su incomparecencia, circunstancia que motivo la providencia de fecha 24/10/2023 por la cual se tuvo por reconocidas las firmas insertas en los documentos identificados como, a saber, Recibo “X” de pago por el pago de la suma de $400.000 de fecha 06-10-2021 y Recibo “X” N° 0001-00000213 fechado el 7/10/2021.

Julián Horacio Fernández Eguía

Juez Subrogante