Fallo Completo STJ

Dicho lo anterior, corresponde proceder al análisis del fundamento invocado por la actora y sobre el cual basa su pretensión, concretamente, la supuesta variación de las necesidades del niño, adelantando desde ya que de la prueba colectada en autos no se desprende la existencia de nuevas necesidades de entidad que hayan sobrevenido con posterioridad al establecimiento de la cuota alimentaria actualmente vigente y que den lugar al aumento de la prestación alimentaria.-

Pues del escrito de inicio de demanda, se advierte que la actora ha fundado su pretensión en la insuficiencia de la cuota vigente para poder hacer frente, por un lado, a los gastos relativos a la educación del niño (en concreto el pago de la cuota del colegio privado al cual asiste este último y del transporte escolar) y los gastos de salud. Sin embargo, no ha podido constatarse ninguno de dichos extremos.-

En relación con la primera cuestión, corresponde señalar que, conforme se desprende del certificado de alumno regular emitido con fecha 1 de agosto del corriente año -instrumento acompañado con la contestación de la demanda y no objetado por la actora-, el niño ya no concurre a un establecimiento de gestión privada, sino que asiste a una escuela pública, concretamente la Escuela Primaria Nº 3..-

En consecuencia, no existe erogación alguna en concepto de cuota escolar y, del mismo modo, el pretendido gasto por transporte escolar tampoco puede considerarse demostrado, por tratarse de un rubro accesorio vinculado exclusivamente a la asistencia del niño a la escuela P.B., circunstancia que ha quedado descartada. Incluso, de la comparación entre el domicilio real denunciado por la actora como su lugar de residencia y la ubicación de la Escuela Primaria Nº 3., se verifica que la distancia entre ambos puntos es de escasas cuadras.-

Por otra parte, en lo que respecta a los gastos de salud del niño invocados por la actora, corresponde destacar que no se ha aportado elemento probatorio alguno que permita tener por acreditada la existencia de tales erogaciones, las cuales ni siquiera fueron detalladas.-

Cabe precisar que ciertas necesidades de M. -entre ellas los gastos ordinarios en salud- se presumen y no requieren prueba, por cuanto constituyen erogaciones indispensables para su subsistencia y se encuentran incluidas dentro del contenido de la cuota alimentaria vigente, motivo por el cual se consideran debidamente cubiertas.-
En consecuencia, la carga de la prueba recaía sobre la actora respecto de aquellos gastos sanitarios de carácter excepcional o extraordinariamente elevados, únicos susceptibles de justificar un posible aumento del dicha prestación alimentaria; carga que, en el caso, no ha sido cumplida.- 

Al respecto, nuestra Cámara de Apelaciones tiene dicho: "... Y si bien los requerimientos básicos son dables de estimar, las necesidades específicas que se deban atender en cada caso deben acreditarse..." (V.A.E. C/ L.M. S/ ALIMENTOS S/ INCIDENTE DE APELACIÓN. Expediente CI-01266-F-2024. Sentencia 79 - 12/06/2024).-

Pues la actora, además, denuncia que el Sr. B. "nunca dio de alta" al niño en obra social tal como se ha obligado en el acuerdo que obra en los autos vinculados: "N.R.M. S/ HOMOLOGACION, Expte. N° CI-21673-F-0000. Ahora bien, tal planteo, en caso de que la parte lo considere pertinente, deberá ser canalizado en el mentado expediente.-

En virtud de todo lo expuesto hasta aquí, corresponde rechazar la demanda de aumento de cuota alimentaria promovida por la Sra. N.. Sin perjuicio de ello, y en atención al principio de realidad que rige en el fuero de familia, no puede soslayarse una circunstancia cuya desatención podría colocar en situación de desprotección el derecho alimentario del niño M., atendando ello contra su Interés Superior.- 
En efecto, ha quedado acreditado que el demandado ya no se encuentra trabajando en relación de dependencia, razón por la cual la cuota alimentaria vigente -determinada en un porcentaje de los ingresos del alimentante- deviene actualmente ineficaz e inaplicable.-

Llegados a este punto, cabe traer a colación que el principio iura novit curia está destinado a reconocer a los jueces la facultad para "decir el derecho" (iuris dictio ó jurisdicción) pudiendo reencuadrar los hechos invocados en el derecho que, a su entender, resulta aplicable independientemente del alegado por las partes, poniendo en resalto que para el caso concreto de autos, el suscripto no excede los límites de tal potestad al no sólo no introducir de oficio acciones que no fueran ya articuladas por la actora y el demandado sino que tampoco se habrá de alterar los presupuestos de hecho de la causa ni suplir la actividad defensiva que incumbe a las partes. Así se ha dicho que: “En tanto no se alteren los presupuestos de hecho de la causa, al Juez incumbe determinar el derecho aplicable, inclusive con prescindencia de los planteos efectuados por las partes al respecto, como lo resume el proloquio latino "iuria curia novit" (cf. CSJN, Fallos: 273:358; 274:192, 459; 276:299; 278:313,346).-
Tal principio es irrenunciable para el suscripto, y como bien ha dicho nuestra Cámara de Apelaciones: "...la misma Corte Suprema aclara que el principio de “congruencia” impone a los tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del CPCC), constituyendo una limitación infranqueable en el “terreno fáctico” (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico, donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el Juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho"; con arreglo a la atribución “iura curia novit”(conf. CSJN, en Fallos: 337:1142 y varios similares). “Se trata de una facultad natural de la jurisdicción para suplir el derecho, que autoriza a los jueces a calificar autónomamente los hechos del caso, y a subsumirlos en las normas jurídicas que estiman que lo rigen...”.- (“MOLINA MORALES JOSE SOFANOR C/ ACATAPPA ANTONIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO), CI-38059-C-0000, Sentencia N° 122 – de fecha 05/12/2022).-

Pues como afirma María Victoria Famá "...cuando en un proceso se encuentran en juego los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad, el activismo judicial emerge como una herramienta para nivelar o compensar a los intereses de los más débiles..." (Alcances del principio de oficiosidad en los procesos de familia", en Derecho de Familia, Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Nro. 69, Mayo 2015, ABeledo Perrot, Bs. As., 2015, pág. 173).-

En dicho derrotero, resulta aplicable al caso de autos, lo dicho por nuestra Cámara de Apelaciones en un reciente fallo sobre rendición de cuentas por la administración del patrimonio de una persona con discapacidad, donde se expresó a favor de la adopción de una decisión excepcional y flexible en pos de proteger a una persona en situación de vulnerabilidad: "... En esas condiciones, y aún ante las imprecisiones en que han incurrido ambas partes desde el origen de estos autos, se impone razonablemente encausar los actuados en una marco de mayor precisión y claridad, puesto que el apartamiento de la ortodoxia que caracterizó parte de lo antes actuado, también justifica la conveniencia de una solución positiva y constructiva, habida cuenta -como se dijo- de la impronta que proyectan los valores en juego, cuando se trata de la tutela preferencial de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Se trata –debe así asumirse- de una decisión atípica, pero que se inspira en el paradigma protectorio exigible en la especie, así como en la “flexibilidad” con que cabe afrontar cada caso concreto en que se encuentren en pugna los valores emergentes de normas protectorias basales". ("A.I.C.A.M.B.S.I.(.(.D.C.V.9.1.S.". Expediente CI-24631-F-0000. Sentencia N°162  de fecha 10/12/2025).- 

De esta manera, encontrándose involucrados valores de superior peso contemplados en normas constitucionales y convencionales, corresponde hacer uso de las facultades de las que goza un juez de familia, interpretando e integrando el sistema de leyes (de conformidad con los arts. 1 y 2 del CCyCN), resolviendo la presente cuestión con criterio de razonabilidad (art. 3 del CCyCN), y salvaguardando, por sobre todo, el Interés Superior del niño (conf. art. 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, art. 3 de la Ley 26.061, art. 10 de la Ley 4109). Por lo que en virtud de todo ello, habré de fijar una cuota alimentaria a favor de M. que se adecue a la situación actual denunciada por el propio demandado, esto es, la pérdida de su trabajo en relación de dependencia -hecho corroborado con la prueba obrante en autos- y, además, teniendo en cuenta que fue también el propio alimentante quien en consecuencia propuso voluntariamente abonar una cuota alimentaria sujeta a un valor actualizable (Salario Mínimo Vital y Móvil), reforzando así la razonabilidad de la decisión que aquí se adopta.-

Para establecer el quantum de la obligación, he contemplado la edad del alimentado, las demandas de su desarrollo físico y socio-cultural, educación, vestimenta, enseres personales, esparcimiento y salud,  la propuesta efectuada por el alimentante (80% del valor de un SMVyM) y el piso mínimo de la cuota alimentaria solicitada por la actora (el valor de una canasta de crianza).-

 

Dr. Jorge A. Benatti
Juez