Fallo Completo STJ

---Al tiempo de la fecha de este decisorio se encuentra vigente la ley 27802, publicada el 06/03/2026  cuyo art. 55 dispone “ En los juicios en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina BCRA a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico, la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual.; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento 67% del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo”.

---Continúa la redacción del articulado con la previsión que “Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad de administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, como así también después de la declaración de quiebra.”

----Corresponde tener presente que,  frente a la Doctrina legal Machin STJRNS3  Se104/24 sentada por nuestro Superior Tribunal de Justicia Provincial, con anterioridad al dictado de esta ley, atento el carácter vinculante de los fallos del Superior Tribunal, cuyo marco de aplicación está regido por las normas procesales correspondientes: el art. 286 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud del art. 86 de la Ley P Nº5631; el art. 56 inc. b) de la misma Ley de Procedimiento Laboral; y el art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nº5190 (actual Ley N°5731) y debe ser necesariamente respetada mientras no sea modificada por visiones jurídicas superadoras de quienes tienen la responsabilidad de su elaboración, se encuentra la normativa posterior definida por el legislador como de orden público.

---Encuentro trascendente lo dispuesto por STJRN en el precedente “Llanqueleo” SeSTJRNS3 131 de fecha 28/08/2024 al decir citando a la CSJN, las limitaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto del margen de discrecionalidad otorgado a la magistratura para definir las condiciones bajo las cuales se deben reajustar los créditos en situación de mora-

---Dijo nuestro STJRN “En tal sentido, al decidir en autos: "Puente Olivera, Mariano c. Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s. despido" (Fallos: 339:1583), la CSJN hizo propio el dictamen fiscal y, con remisión al precedente "Chiara Diaz" (Fallos: 329:385), señaló que el uso de cláusulas de actualización monetaria traicionaría el objetivo antiinflacionario que persiguen las leyes federales N° 23928 y N° 25561 mediante la prohibición genérica de la indexación; una medida de política económica cuyo acierto no le compete evaluar (considerando 10°). “Asimismo, puntualizó, “en consonancia con lo decidido en el precedente "Massolo" (Fallos: 333:447), que la conveniencia o no de la medida legislativa que mantiene la prohibición de cualquier clase de actualización monetaria escapa al control de constitucionalidad, pues la adecuación del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (cf. Fallos: 290:245; 306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre muchos otros)”.

---Continuó el STJRN “En resumen, sostuvo que los arts. 7 y 10 de la Ley Nº 23928 configuran una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10 (hoy art. 75, inc. 11), de la Constitución Nacional de "Hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras..." (cf. causa "YPF" en Fallos: 315:158, criterio reiterado en causas 315:992 y 1209; 319:3241 y 328:2567, considerando 13°) (cf. STJRNS1: Se. 15/20 "Vergara").

---En este contexto la ley 27802 establece en una redacción literal e imperativa, un nuevo método de cálculo de actualización, definido como de orden público y obligatorio para la magistratura que se aparta de la doctrina legal fijada por el STJRN en materia de intereses.

---La Corte Suprema  de Justicia la Nación precisó que el legislador, al disponer que es de orden público ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad (CSJN, P. 344. XXIV.; "Partido Justicialista s/ acción de amparo, 28/09/1993, T. 316, P. 2117, (Voto del Dr. Carlos S. Fayt)".

---A partir de estos conceptos, al ser categorizado como de orden público las disposiciones del art. 55 de la ley 27802 se debe entender que su aplicación es esencial para el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de nuestro país.

 ---Por todo ello, concluyo que cada uno de los créditos que considero procedentes deberá reconocer un interés conforme sus respectivos devengamientos (art. 122 y 128 LCT) y hasta su efectivo pago conforme cálculo establecido en el art. 55 de la ley 27802.