Fallo Completo STJ

La parte actora, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 54, 59, 157, 274 y ccds. de la Ley General de Sociedades, como así también en las normas del Código Civil y Comercial que rigen en materia de obligaciones solidarias y de responsabilidad por daños, pretende que la responsabilidad directa que -según lo ya considerado- le cabe a la sociedad Faven S.R.L., se extienda solidariamente “a sus socios gerentes al momento de los hechos según contrato de sociedad” (Antonio César Venialgo; José del Rosario Venialgo y Mario Javier Venialgo González).

Igual tipo de responsabilidad atribuye a una sociedad distinta, Veni Construcciones S.R.L., aseverando que en su caso la solidaridad “…surge de la continuación como desarrolladora de FAVEN SRL, tal como lo publicita en los carteles que promocionan los edificios y de su propia página de Facebook”.

Todos los accionados mencionados contradijeron tal imputación de responsabilidad y, en sentido contrapuesto, esgrimieron su falta de legitimación pasiva.

Se analizará por separado cada supuesto.

La personalidad jurídica propia y diferenciada de la sociedad, junto con la limitación de responsabilidad de los socios (con la pertinente división patrimonial que supone), son pilares del derecho societario.

Sin embargo, en el art. 54 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (en adelante LGS), se establece: "Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados."

A su vez, los administradores y representantes de la sociedad que faltan a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (art. 59).

Por su parte, el art. 157 determina la responsabilidad individual o solidaria de los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecida en el contrato. Si una pluralidad de gerentes participa en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el Juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal.

El art. 274 de la LGS dispone que los directores de las sociedades anónimas responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (esta norma también es aplicable a los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, en caso de gerencia plural, en virtud de las remisiones que efectúa el citado art. 157 de la misma ley).

A partir de lo expuesto, se deben distinguir los dos supuestos que, conforme a la LGS, pueden conllevar a la responsabilidad personal de los socios. O sea, por un lado la inoponibilidad de la personalidad jurídica, y por otro, cuando se trata de administradores y representantes de la sociedad que causan daños por su acción u omisión (mal desempeño).

La inoponibilidad de la personalidad jurídica, de configurarse una actuación de la sociedad encuadrable en cualquiera de los supuestos enunciados en el art. 54 LGS (encubrir fines extrasocietarios; mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros), habilita a imputar directamente esa actuación irregular a los socios o a los controlantes que la hicieron posible. De modo que la naturaleza y efectos de la misma podrá ser valorada como si hubiera sido realizada directamente por el socio o controlante y no por la sociedad.

Esto significa que la inoponibilidad de la personalidad jurídica o el "corrimiento del velo societario", si se prefiere, se produce en dos campos: (i) el de la imputación diferenciada, permitiéndose atribuir la actuación al socio o controlante en su propia persona; (ii) el de la limitación de la responsabilidad, atribuyéndose responsabilidad solidaria e ilimitada a dicho socio o controlante por los perjuicios causados.

Lo que persigue el instituto -que ahora también aparece regulado en el art. 144 del CCyC- es, principalmente, evitar que el socio eluda sus responsabilidades amparándose en las reglas de imputación diferenciada de la personalidad jurídica societaria, impidiendo que actos simulados o fraudulentos en perjuicio de terceros terminen quedando sin sanción gracias a la utilización, aunque desviada, de ese recurso legal.

Precisado ello, puedo afirmar ya que en el caso concreto de autos no encuentro elementos que permitan acudir a dicho dispositivo legal de excepción e interpretación restrictiva.

Es más, ni siquiera aprecio que en el escrito de demanda se exprese, de manera concreta y circunstanciada, alguna actuación de la sociedad que encubra fines extrasocietarios o cualquier otra de las contempladas en el art. 54 LGS.

Más allá de los incumplimientos contractuales en que incurrió el ente frente a las actoras, no se advierte -ni en rigor se invocó en la demanda- un marco fáctico puntual que ponga en evidencia la realización de algún acto por parte de la sociedad que justifique la inoponibilidad de su personalidad jurídica. Es decir, concretas circunstancias de hecho que permitan considerar alguna -supuesta- actuación irregular, para luego confrontarlo con el objeto de la sociedad y su actividad.

Nada alegó la actora en ese sentido (sino meras generalidades), ni tampoco probó, obviamente.

Contrario a ello, advierto que el vinculo contractual que la firma accionada entabló con las actoras se encuentra dentro de las actividades propias de la sociedad. Es decir, existe correspondencia entre las actividades enumeradas en el contrato social y la actividad desarrollada en el marco de los boletos de compraventa que motivan el presente litigio.

Por lo tanto, la responsabilidad solidaria de los socios no puede prosperar en esta causa al amparo de la inoponibilidad de la personalidad jurídica que contempla la ley (art. 54 LGS y 144 CCyC).

Excluida esa alternativa, resta analizar si, en cambio, es posible responsabilizar a los socios por sus propias acciones u omisiones -culposas o dolosas- en el marco de su desempeño como administradores o representantes de la sociedad. En este caso puntual, según la imputación jurídica efectuada por la actora, por su condición de socios gerentes de Faven S.R.L. "al momento de los hechos".

Y al respecto, en la demanda (a fs. 239 vta.) se mencionó que la pretendida responsabilidad solidaria de los socios gerentes, en circunstancias concretas, "...aplica tanto para la falta de otorgamiento de la escritura pública traslativa de dominio cuanto para las infracciones cometidas en la construcción del edificio..."

Es decir, se reprueba su actuación en ese particular contexto fáctico.

Ello entonces obliga a considerar de modo independiente cada causal para determinar si corresponde -o no- extender la responsabilidad a los socios y, en su caso, a quién o quiénes en particular, y por qué acciones u omisiones.

Así, sobre la falta de otorgamiento de la escritura es importante reparar en algunos aspectos de índole temporal.

El primero de ellos, es que una vez concluida o bien muy avanzada la obra (Edificio Elio VI), se hizo entrega de la posesión a las actoras de las unidades funcionales adquiridas el 14/03/2016 (cfr. actas de fs. 9 y 12).

Como ya fue dicho, en el contrato no se fijó plazo de escrituración. No obstante, la redacción de la cláusula novena permite inferir -y es costumbre en este tipo de negocios- que el título se otorgaría en forma simultánea, o bien con posterioridad a la entrega de la posesión (tradición), pero no antes que ello.

Ello cobra importancia, ya que debe confrontarse con la estado de la sociedad en cuanto a quién o quiénes ejercían su administración y representación (socio o socios gerente/s) en el momento a partir del cual pudo y debió ser otorgada la escritura (14/03/2016).

Al respecto, de las propias constancias acompañadas por la parte actora a fs. 274/285, consistentes en copias certificadas expedidas por la Dirección General del Registro Público de Comercio (Poder Judicial de Neuquén), surge que por reunión de socios y el acta respectiva de fecha 23 de febrero de 2015, se decidió, entre otras cuestiones -modificando el contrato social- que la administración y representación estará a cargo de un (1) gerente.

Surgiendo de ese mismo instrumento, debidamente registrado ante el RPC, que desde entonces Mario Venialgo González y José del Rosario Venialgo renunciaron al cargo de gerente, decidiéndose por unanimidad designar como gerente único al socio Antonio César Venialgo.

De ello se sigue que, aun cuando los renunciantes revestían carácter de gerentes al momento de firmarse los contratos de compraventa del caso (Gentili-Faven S.R.L. y Grinstein-Faven S.R.L.), ya no lo eran en la oportunidad que se debían otorgar las escrituras. Por lo que, lógicamente, no resulta posible responsabilizarlos por la omisión de tal acto comprometido por el ente, ya que carecían de facultades de representación y administración de la sociedad.

En efecto, el gerente en funciones y quien sí debía promover y cumplir el acto escriturario en nombre de la sociedad, pero mediante su actuación personal y directa, era Antonio César Venialgo.

Sobre su conducta debida, rige en primer orden la pauta general para los administradores societarios del art. 59 LGS, y de manera particular lo previsto en el art. 157 LGS (según lo dispuesto en este último artículo, en el supuesto que ahora se analiza, por el modo de organización de la gerencia -única y no colegiada-, no resultan de aplicación subsidiaria las normas para los directores del art. 274 y ccds.).

Por lo tanto, aun cuando ya quedó definido el deber de Faven S.R.L. de responder por el daño extrapatrimonial causado a las actoras por el incumplimiento de la obligación de escriturar, ahora se debe determinar si la actuación personal del socio gerente Antonio César Venialgo tuvo alguna incidencia en la generación de ese mismo daño, lo que en caso afirmativo permitiría hacer extensiva a su persona aquella obligación de resarcir.

En esa dirección, sirve recordar que en su función de administrador y representante de la sociedad era su deber -conf. art. 59 LGS- obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Previendo esa misma norma que, en caso de faltar a sus obligaciones, será responsable, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

En las particulares circunstancias del caso y por la propia naturaleza del incumplimiento que se analiza, no puede dudarse de que su conducta compromete su responsabilidad.

Pues va de suyo que, en tanto la sociedad como ente ideal carece de toda posibilidad material de actuar por sí, y por lo tanto solo puede hacerlo a través de sus representantes, la omisión del acto escriturario, y antes que ello de todas las medidas o diligencias necesarias que permitan su otorgamiento (trámites e informes administrativos previos, levantamiento de medidas cautelares, etc.), solo puede endilgarse a una mala o nula gestión del socio gerente Antonio César Venialgo.

Ello resulta todavía más evidente en el caso de autos, ya que el nombrado ni siquiera insinuó alguna justificación sobre su accionar displicente. Su desinterés fue tal que no se esforzó en demostrar que, de algún modo, haya actuado positivamente para tratar de dar solución a los inconvenientes surgidos (embargos, inhibiciones), más allá del posible resultado favorable o desfavorable de esas hipotéticas gestiones.

Mas aun, compareció por sí al proceso (respondiendo a la demanda por su eventual responsabilidad personal), pero al mismo tiempo y sin poder ignorarlo, hizo incurrir en estado de rebeldía (art. 59 CPCC) a la sociedad que administra y representa, situación procesal que incluso se mantiene hasta este momento.

Lo que más allá de las implicancias de esa conducta en el ámbito interno de la sociedad (conflicto de intereses, acción de responsabilidad, etc), sin duda proyecta también hacia los terceros, y en particular frente a las actoras damnificadas, una actitud decididamente incompatible con el mentado buen hombre de negocios.

Su conducta, cuanto menos, debe reputarse negligente y culpable; por lo que deberá responder personalmente y sin limitación junto con la sociedad (arts. 59, 157 y ccds. LGS, y arts. 1710, 1716, 1717, 1724, 1725, 1726, 1737 y ccds. del CCyC).

No obstante, en cuanto a la extensión de la condena solidaria al socio gerente Antonio César Venialgo, solamente será por el 50% de los importes reconocidos a las accionantes por daño moral. O sea, que en su caso la codena -a esta fecha- solo lo alcanzará por $1.104.375.- para cada una de las pretendientes.

Pues es en esa medida que entiendo y determino la indemnización de las consecuencias no patrimoniales por la falta de escrituración; mientras que la restante y misma proporción (50%), la asigno a los daños extrapatrimoniales que fueron admitidos por los defectos o deficiencias de la construcción (partes comunes del edifico y unidades privativas).

Sobre estos últimos daños, ni el socio gerente mencionado, ni los anteriores renunciantes deberán responder. Porque aun cuando los defectos de la obra ciertamente existieron, la misma se aprobó, como admite la propia parte actora, más allá de que a la par señala la inobservancia de cierta reglamentación administrativa, en particular en materia de seguridad contra incendios.

En cualquier caso, y en mi concepto, todo ello resulta insuficiente para habilitar la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios gerentes por su actuación personal, según las normas y pautas que ya fueron desarrolladas (arts. 59, 157 y ccds. LGS).

12.2.- Situación de Veni Construcciones S.R.L.

Tampoco aprecio procedente la responsabilidad solidaria atribuida a Veni Construcciones S.R.L.

El único argumento está basado en su publicitación en cartelería y redes sociales como "desarrolladora de Faven S.R.L.".

Más allá de que no queda del todo claro -ni lo explica la parte actora- que implicaría esa calidad, es decir qué rol puntual tendría en los emprendimientos, ni bajo qué vínculo jurídico con la demandada principal (Faven S.R.L.), lo cierto es que se trata -Veni Construcciones S.R.L.- de una sociedad distinta de aquella con la que contrataron las accionantes.