Fallo Completo STJ

--- II-1) El testigo Carlos Francisco Nuñez declaró que la Sra. Caprotti ingresó a trabajar a la radio Estación Terrena en el año 2015. Si bien refirió no recordar exactamente cuándo, indicó "creo que fue como a principios de 2015"; señaló que el vivió hasta el 2018 en una casilla en el predio de la radio, sito en Padre Guillelmo 920, y que también trabajaba en la radio, como hobby, sin cobrar suma alguna, más que las publicidades.-

Respecto de las tareas desempeñadas por Caprotti indicó que por la mañana hacía el noticiero informativo "Bariloche al día", de 9:00 a 13:00. Que se encargaba de hacer el periodismo, reseñas de los barrios, notas y también la producción; que a parte de escucharla, la veía porque vivía ahí.-

Si bien no pudo precisar si la actora hacía tareas de manera remota, señaló que sabía que hacía notas desde su casa -"cuando estuvo embarazada o por el tema de la pandemia"-, y que sabe que las notas las hacía desde su casa, porque escuchaba los enlaces en la radio.-

--- Por su parte, la Sra. Paola Oporto, quien declaró el 26/09/2023, refirió que ella en el 2015 trabajaba como operadora en la radio, y que la actora ingresó como productora, para luego a hacer la conducción y producción, en el programa "Bariloche al día"; también refirió que el horario del programa era de 9 a 13 horas.-

Ratificó que hasta la pandemia la actora salió al aire; que a veces trabajaba a la tarde (3 o 4 veces por semana) y también los sábados; que la siguió escuchando al aire en la pandemia (cuando la testigo ya había dejado de prestar servicios para la accionada).-

Cuando fue preguntada sobre la modalidad de su contratación, indicó que nunca firmó recibos y se encontraba "en negro".-

Indagada respecto del trabajo efectuado en el horario vespertino, indicó que Caprotti se encargaba de cargar las notas, corregir errores ortográficos, cargaba fotos en la plataforma digital de la radio, y si bien no recordó si tenía una página, refirió a que eran publicadas también en facebook-

--- II-2) Por su parte, ASEPRI SRL invocó como fundamento de su contestación de la demanda, que la actora no volvió a prestar tareas luego de pandemia, y que el reclamo en realidad fue respuesta a sus constantes llamados de atención ante la falta de desempeño adecuado.-

--- Pero tal como surge de las presentes actuaciones, ninguna prueba idónea ha desplegado a los fines de sustentar su postura.-

--- II-3) Más allá de lo antes señalado, y de haber negado la empleadora la existencia de la relación laboral (Apartado II) en oportunidad de contestar la demanda, reconoció a continuación las cartas documentos acompañadas y los recibos de haberes, como así también la registración en 2019 de la trabajadora.-

---III-3) Siendo que la parte actora reclama rubros sancionatorios que el DNU 70/2023 dictado en Diciembre de 2023 ha derogado en sus arts. 55 y 56, compartiendo los fundamentos brindados por los Dres. Emilio Riat y Jorge Serrra en la causa "BLOISE" (enlace al protocoloweb), corresponde declarar la inconstitucionalidad de los mismos en la parte que deroga los Arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y 45 de la Ley 25.345, por cuanto resulta claro que la modificación de normas que establecen sanciones por ausencia y/o deficiente registración, falta de pago de rubros indemnizatorios o de entrega de certificaciones de servicios, no son cuestiones que expresen una urgencia suficiente como para habilitar el ejercicio de facultades excepciones del Poder Ejecutivo. No advierto, citando a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, sala II (sent. del 23/04/2024, autos Herrera Juan Alejandro c/ Velazco Sergio Oscar S/ Cobro de pesos laboral), cuál sería la urgencia que estaría fundamentando la omisión de dar la discusión legislativa indispensable para la derogación de una ley cuyo contenido es el indicado ut supra, con el agravante que contiene sanciones cuya naturaleza es penal y con finalidad tributaria.-

Señaló el Dr. Riat que "De acuerdo con la doctrina del Superior Tribunal de Justicia, todo juez puede y debe ejercer el control constitucional ante un caso concreto y justiciable, incluso de oficio, además del control originario de dicho Tribunal a instancias de parte interesada en acción autónoma (artículos 31 y 43 de la CN; 196 y 207 de la CRN; 793 y siguientes del CPCC) (STJRN-S4, “Cedisur SA c/ Municipalidad de General Roca”, 11/08/2023, 069/23; STJRN-S3, “Relmuan c/ Sindicato”, 30/06/2023, 075/23; STJRN-S3, “Fratini c/ Provincia de Río Negro”, 22/06/2023, 072/23; STJRN-S3, “Peralta Oliva c/ Sindicato”, 24/05/2023, 057/23; STJRN-S3, “Panevil c/ Galeno ART”, 18/02/2019, 011/19; STJRN-S4, “Sánchez”, 28/12/2017, 188/17; STJRN-S4, “Vidal”, 29/08/2014, 099/14; STJRN-S4, “Horne”, 21/11/2011, 130/11; etcétera).
--- Por supuesto que esa potestad debe ejercerse con mesura y criterio estricto para no invadir injustificadamente las competencias constitucionales de los restantes Poderes del Estado, ni trabar en lo posible el ejercicio eficaz del gobierno. Por eso, las normas deben ser interpretadas en el sentido más favorable a su validez, teniendo en cuenta su espíritu y su contexto jurídico en relación a otras normas de igual o superior jerarquía; de modo que declarar la invalidez o "inconstitucionalidad" de una norma sea el último remedio del orden jurídico al que debe acudirse, ya que los actos de los poderes públicos se presumen válidos y esa declaración reviste gravedad institucional (STJRN-S3, “Fernández c/ Municipalidad de Cervantes”, 17/04/2024, 087/24; STJRN-S3, "Tripailao c/ SENAF", 04/04/2019, 039/19; STJRN-S4, "Provincia de Río Negro", 10/09/2018, 086/18; STJRN-S4, 14/03/2017, 025/17; STJRN-S3, “Secretaría de Trabajo c/ Municipalidad de Viedma”, 21/09/2016, 092/16; STJRN-S4, "Municipalidad de General Roca", 20/09/2016, 102/16; STJRN-S4, "Ascenzo", 18/09/2006, 108/06; etcétera).
--- No obstante, a pesar de ese criterio estricto, las normas que concreta y específicamente importan en este punto del pronunciamiento (artículos 55 y 70 del DNU 70/2023) no superan un test de constitucionalidad por ser manifiesto el exceso de facultades con que el órgano las dictó.
--- Una norma es inválida (vale decir, "inconstitucional") cuando padece un defecto relativo al órgano que la dictó, o al procedimiento seguido para dictarla, o al contenido mismo del precepto dictado. Hay defecto en el órgano cuando es dictada por quien carece de competencia de acuerdo con las normas superiores; por ejemplo, una ley dictada por una legislatura provincial sobre asunto delegado en la Constitución Nacional al Congreso de la Nación. Hay defecto de procedimiento cuando el trámite seguido para dictarla no se ajusta al previsto por las normas superiores; por ejemplo, una norma dictada por el Congreso de la Nación que incumpla con el procedimiento bicameral. Y hay defecto de contenido cuando lo prescripto en la norma dictada contradice lo prescripto en normas superiores; por ejemplo, una norma legal que niegue el derecho de defensa consagrado por la Constitución Nacional. Incluso puede haber superposición de defectos; por ejemplo, una norma de contenido incompatible con preceptos superiores que además ha sido sancionada por órgano incompetente. Órgano, procedimiento y contenido son, en síntesis, los nidos de toda inconstitucionalidad.
--- En este caso, las normas aludidas padecen un vicio relativo a la competencia legislativa del órgano que las ha dictado, aunque se interprete que el procedimiento observado sea el correcto y que el contenido de lo prescripto sea compatible con las normas superiores e incluso conveniente.
--- El Presidente de la Nación, por regla general, “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, de la CN). Las únicas normas de contenido legislativo que la Constitución Nacional le permite excepcionalmente dictar son los decretos delegados, los decretos de promulgación parcial de las leyes, y -justamente- los decretos de necesidad y urgencia; en los tres casos con sujeción a un control parlamentario (artículos 80, 99 -inciso 3- y 100 -inciso 13- de la CN).
--- Las normas que aquí interesan están contenidas en un decreto de necesidad y urgencia (artículos 55 y 70 del DNU 70/2023). Tanto la necesidad como la urgencia son requisitos para el ejercicio de esa excepcional competencia legislativa del Presidente. La necesidad implica una emergencia objetiva; es decir, una situación real y extraordinaria que reclama inexorablemente el dictado de la norma. La urgencia, a su vez, implica la imposibilidad de demorar el dictado. En conjunción, debe existir una emergencia que no admita demoras en el abordaje legislativo. Según los términos de la norma constitucional, la urgencia se configura cuando concurren “circunstancias excepcionales” que hacen “imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (artículo 99, inciso 3, de la CN).
--- A partir de esa pauta constitucional y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes” (CSJN, “Verrocchi c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 19/08/1999, Fallos: 322:1726).
--- En el caso de las multas en cuestión (artículos 80 de la LCT, y artículos 1 y 2 de la Ley 25323) resulta evidente la ausencia de una necesidad objetiva e impostergable para su derogación. Con otras palabras, no hay necesidad inexorable que lleve aparejada una urgencia, es decir la imposibilidad de esperar los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de la ley respectiva. Es el mismo Congreso que sancionó esas multas quien puede y debe considerar su derogación. Al fin de cuentas, se trata de una cuestión de política económica y legislativa en materia laboral que puede aguardar los procedimientos legislativos ordinarios. Si la emergencia del caso es la necesidad de generar empleo formal, no hay una explicación satisfactoria de que ello sólo pueda lograrse soslayando los trámites parlamentarios".-

--- La claridad de los preceptos transcriptos me eximen de realizar mayores disgresiones, por ello, dado que por las constancias de la causa nos encontramos ante una relación laboral deficientemente registrada (real fecha de ingreso), propicio la aplicación de la multa del Art. 1 de la Ley 24323.-

--- Por otro lado, prosperará también la multa prevista en el Art. 2 de la Ley 25323, en tanto en el caso la injuria que fundamentó la ruptura dispuesta por la actora no planteó dudas en su análisis. La empleadora debió abonar las indemnizaciones por despido lo que habilita la procedencia del rubro en cuestión.-

--- III- 4) En cambio, la multa del art. 80 LCT deberá será desestimada, conforme criterio uniforme del Tribunal, cuando se trata de relaciones laborales no registradas (y/o registradas de manera deficiente); hemos sostenido que en estos casos corresponde ordenar la emisión de la certificación conforme las pautas que se fijan en la sentencia.-
Por ello, se impone intimar a ASEPRI SRL a hacer entrega de las certificaciones de aportes y remuneraciones previstas en dicho artículo, conforme real  fecha de ingreso y remuneraciones que debió percibir, dentro del término de 30 días corridos de quedar firme la presente bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de $ 2.000 (dos mil) por día de retardo y sin perjuicio de devengarse en forma automática la multa prevista en el referido art. 80 de la LCT, por el sólo vencimiento de dicho término.-

--- III- 5) En lo que se refiere a la procedencia de la doble indemnización prevista en el DNU 34/19 (prorrogado por DNU 961/20 y normas cctes.) para los supuestos de despido indirecto, ya se expidió éste Tribunal en autos "GADEA, ANTONIO ERNESTO C/ TRAICO, OSCAR GASTON Y OTROS S/ ORDINARIO (L)" - Expte. Nro. BA-06762-L-0000 (SD 2022-D-19 del 25/02/2022).-

--- En aquella oportunidad se sostuvo que tanto la doctrina (GRISOLIA, Julio - HIERREZUELO, Ricardo, “Constitucionalidad de los decretos que prorrogan la suspensión de los despidos”, LNL-2003-11-722) como la jurisprudencia se han expedido señalando que se aplica a los casos de despido sin causa e incluye los efectuados con invocación de causa inverosímil, carente de sustento o manifiestamente falsa y el despido indirecto (supuesto de autos).

--- Por ello, la indemnización deberá aplicarse y duplicar todos los rubros indemnizatorios derivados del despido sin causa: indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido.-

--- A mayor abundamiento ya se ha pronunciado el Tribunal en autos "CARCAMO ARAUJO, MARIANO C/ VIA BARILOCHE S.A. S/ ORDINARIO" (expte. Nro. BA-06996-L-0000, fallo del 4-4-22) sobre la constitucionalidad de dicha norma.- Me remito a los fundamento allí expuestos, que pueden ser consultados en la página web del Poder Judicial (enlace al protocoloweb).-

--- III- 6)  En lo que refiere a los intereses reclamados, recientemente en autos "ZOLORZA, VERONICA AYELEN C/ ALTAMIRANO, BEATRIZ ZULEMA S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00656-L-2021, el Tribunal se ha expedido respecto de la constitucionalidad del Art. 84 del DNU 70/2023.-

Si bien dicha decisión no modifica el criterio o parámetro utilizado para la actualización de créditos laborales postulado por la suscripta y establecido recientemente por esta Cámara en autos "OSORIO, MARÍA LUCIANA C/ ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA- - L-2022" (fallo del 26/3/24, protocoloweb), lo cierto es que no lo hace ya declarando la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia que prohibían la indexación (artículo 7º de la ley 23.928, ratificado por el artículo 4º de la ley 25.561 y normas cctes.), sino aplicando el DNU 70 dictado en Dic. de 2023, de acuerdo a la facultad que el Art. 84 otorga al juez para hacerlo, determinando con ello una justipreciación respetuosa del valor del créditos adeudados con más una reparación razonable de los perjuicios moratorios sufridos.-

Por ello, tengo por reproducidos los fundamentos que virtíeramos en el caso "ZOLORZA" (enlace protocoloweb) a fin de no extender innecesariamente la presente, por lo cual, desde la fecha de la mora y hasta el 30/11/2023 al capital de condena se le deben aditar los intereses establecidos por el STJ (doctrina Fleitas), y de allí en adelante, habiendo desaparecido por completo las circunstancias socioeconómicas de validez de las normas prohibitivas de la actualización, el monto resultante devengará la actualización monetaria que surja del incremento del Costo de la Vida, conforme índices al consumidor (IPC), con más una tasa pura del 3% anual.-

--- En cuanto a las sumas salariales los intereses deberán ser calculados en forma mensual desde que cada una es debida.-

--- Todo ello sin perjuicio de la eventual modalización de la sentencia que pudiere corresponder -en la etapa de cumplimiento o ejecución- o analizar la aplicación del criterio sustentado respecto de la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25561, en caso de resultar rechazado el DNU 70/23 por el Poder Legislativo (crterio también sostenido en autos "OSORIO, MARÍA LUCIANA C/ ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE CONTRATO DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00387-L-2022, fallo del 26/3/24).-

--- III- 7)  Finalmente, en lo que refiere a la petición de aplicación de la sanción dispuesta por el art. 275 de la L.C.T,  la misma ha de prosperar.-

En tal sentido, señala la norma en su tercer párrafo: “ …Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será calificada como ‘temeraria y maliciosa’ y la suma adeudada devengara a favor del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el presente artículo”.-
De su texto se deriva claramente, que la condición para su procedencia es el incumplimiento del acuerdo conciliatorio homologado, que esto motive la promoción o continuación del proceso judicial, lo que activa -de modo objetivo y sin más- la aplicación del máximo interés que la norma prevé desde la mora hasta el efectivo pago, y que se impone como imperativa, sin necesidad de otra ponderación que no sea el hecho objetivo del incumplimiento del acuerdo homologado, y la necesidad de promover o continuar acciones judiciales para perseguir el cobro.
Explica Luis A. Raffaguelli, "...la tasa de interés fijada por el Juez laboral de la causa de carácter compensatorio se le adicionará, aplicando la nueva redacción del artículo 275 de la LCT, como interés punitorio el equivalente a 2 1/2 de aquél, con lo cual quedará -presuponemos- desalentado todo intento de incumplir un convenio laboral por mera especulación financiera, y si ocurriera será por causas vinculadas a la imposibilidad de pago, con lo cual la nueva norma constituye un importante aporte a la justicia conmutativa y a la justicia social, como también a la celeridad de los procesos..." (cfr. Revista de Derecho Laboral - Actualidad, Editorial Rubinzal- Culzoni, 2011-2, pag. 194).-

--- Me permitiré señalar finalmente que por la aplicación de la sanción no podría invocarse un traspaso del tope establecido en el Art. 84 del DNU 70/2023, ello en función de la naturaleza del instituto, por tratarse de una sanción y no de intereses, si bien la misma se establece en función de aquellos.-

--- Mi voto.-

--- El Dr. Jorge A. Serra dijo:

--- Por compartir en lo sustancial los fundamentos que lo sustentan y la forma en que postula resolver las cuestiones planteadas, adhiero al voto de la Dra. Pérez Pysny.-

--- Mi voto.-

--- La Dra. Alejandra M. Paolino dijo:

--- En virtud de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley 5631, existiendo votos coincidentes, me abstengo de emitir opinión.-

--- Mi voto.-

---Por todo lo expuesto, la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, RESUELVE:

--- I) Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 55, 56 y 70 del DNU 70/2023.

--- II) Hacer lugar a la demanda, condenando a ASEPRI SRL a abonar a la Sra. Silvana Elizabeth Caprotti las sumas reclamadas en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, SAC S/ Preaviso, días trabajados mes de despido (julio 2021) y su integración, SAC S/ integración y diferencias salariales, las que deberán ser calculadas conforme escala salarial vigente al mes devengado. Con más las multas previstas en los Arts. 1 y 2 de la Ley 25323 y DNU 413/2021.-