Fallo Completo STJ

Cipolletti, 23 de octubre de 2017.

AUTOS Y VISTOS: estos autos caratulados: "CASTRO MIRTHA BEATRIZ S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (c)” (EXPTE. NRO. O-4CI-451-C2015) y;
I. CONSIDERANDO:
A fs. 6/7 se presenta la Sra. Mirtha Beatriz Castro, por derecho propio y con patrocinio letrado, para iniciar el trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos, a los fines iniciar demanda de daños y perjuicios contra el Sr. José Ignacio Cisterna y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., por el monto de $ 350.000.
El fundamento jurídico del instituto del beneficio de litigar sin gastos, corresponde a la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente a las erogaciones incluidas en el concepto de costas... reposando, en la necesidad de preservar la operancia de la garantía constitucional de la defensa en juicio, asegurando el acceso a la Justicia..." (Morello -CPC-Comentados y Anotados T.II B, pág. 262).
Comparto la doctrina y jurisprudencia que marca que dicho beneficio debe acordarse si el peticionario no posee suficientes recursos para costearlos, aunque no se encuentre en estado de indigencia o de absoluta insolvencia (ob. cit. Pág. 267).
Conforme lo prescribe el art. 78 del CPC, no obsta a la concesión de éste beneficio, la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia cualquiera fuera el origen de sus recursos.
De las pruebas arrimadas al proceso, surge con claridad que se dan las condiciones socio económicas que justifican el pedido incoado por la actora, ya que si bien la Sra. Castro trabaja en relación de dependencia (conf. informe del ANSES de fs. 21/24 y recibos de sueldo de fs. 5), su remuneración no se resulta suficiente para afrontar los gastos de juicios.
En efecto, a modo de ejemplo, si se realiza un cálculo de la tasa de justicia sobre el capital reclamado, aquella arroja un importa de $ 8570 (recordemos que la tasa de justicia y demás tributos se deben calcular sobre el capital e intereses pretendidos). Tal importe supera en exceso el sueldo que percibe la parte actora.
Por otro lado, no se encuentra inscripta en el impuesto sobre ingresos brutos, así como tampoco es propietaria de bienes registrables (ver contestación del traslado de la ART de fs. 15, informe del RPA de fs. 16 y RPI de fs. 27).
De las declaraciones testimoniales de fs. 2/4, se extrae que no tiene bienes de gran valor. Con todo ello, queda demostrada la carencia de recursos suficientes para afrontar un juicio de las características que enuncia.
Por ello, creo que es justificable el pedido incoado por la presentante, con las salvedades que infra expondré, ya que considero que sus recursos son insuficientes para afrontar los gastos extraordinarios e importantes necesarios para hacer valer su derecho ante la justicia.
Así, considero que el alcance con el que deberá otorgarse este beneficio, es exclusivamente el de liberar a la peticionante del pago de tasas, sellados y contribuciones, según la facultad que confiere al suscripto el art. 84 del CPCC, que prevé expresamente la posibilidad de otorgar en forma parcial este beneficio.
Un estudio de las consecuencias de otorgamiento de este privilegio, como el publicado por Inés Weinberg de Roca (Rev. El Derecho del 14-9-94) y las nuevas orientaciones que se han exteriorizado en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal realizado en la ciudad de Santa Fe, como también la opinión ya vertida por el Dr. Sergio V. Cosentino en trabajo publicado en revista jurisprudencial provincial (EDITORIAL RUBINZAL CULZONI) de noviembre de 1995, año 5 Nro. 11, demuestran -a mi criterio- la inconveniencia de conceder el beneficio de litigar, sin responder por ninguna de las consecuencias que el litigio acarreará a la futura demandada.
Esta postura se fundamenta en la distinción que existe entre "obstáculos que dificultan el acceso a la justicia" y "consecuencia del litigio mal deducido".
El objetivo de liberar de obstáculos para personas carentes de recursos para acceder a la justicia se ve suficientemente removido al liberar a la parte de los gastos iniciales (pago de tasas y contribuciones).
Más las consecuencias del litigio mal incoado, como generadora de una responsabilidad objetiva (pago de las costas), no tiene una estricta vinculación con la posibilidad de acceder a la justicia, y constituye a mi juicio hacer caridad con el bolsillo ajeno por parte del Estado, ya que no es éste quien se hace cargo de estas costas sino la eventual demandada, injustamente traída a proceso (en forma total o parcial).
Ya la legislación procesal y de fondo se ocupa de proteger ciertos bienes que considera indispensables para una vida digna. Así la inembargabilidad dispuesta por el art. 219 del CPCC, la protección de la casa familiar, arts. 456, 522 y concordantes del C.C. y C , los bienes excluidos de la garantía común de los acreedores previstos en el art. 744 del C.C. y C., la inembargabilidad de las viviendas construidas con planes oficial de viviendas y/o Banco Hipotecario Nacional, la inembargabilidad de jubilaciones y pensiones, la inembargabilidad de indemnizaciones por accidentes de trabajos, la embargabilidad limitada de remuneraciones e indemnizaciones laborales, entre otras, dan un adecuado marco protectorio a quien careciendo de otros recursos debe hacer frente a la responsabilidad generada en un proceso mal incoado.
Y finalmente considero que de otorgar el beneficio eximiendo al peticionante del pago de las costas, se estaría afectando el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Const. Nacional), de igual jerarquía que los principios de defensa en juicio y de peticionar a las autoridades (art. 14 de la C.N.), tenidos en miras para consagrar el privilegio en análisis.
Es por todo ello que, siendo que el CPCC concede al Tribunal la facultad de otorgar en forma parcial el beneficio, sin que este artículo especifique que ese otorgamiento parcial deba ser un porcentaje de gastos y costas, lo concederé liberando solamente de los gastos de inicio y no de las posibles costas, a fin de compatibilizar el régimen tal como está instituido con los nuevos criterios que ya he mencionado.
Por ello, habiéndose cumplido los recaudos procesales que prevén los arts. 78 y sgtes. y conc. del CPCC.
RESUELVO:
Otorgar en forma parcial el beneficio de litigar sin gastos en favor de la Sra. Mirtha Beatriz Castro, a efectos de afrontar los gastos que irrogue la demanda de daños y perjuicios contra el Sr. José Ignacio Cisterna y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.
La presente resolución se aplicará respecto de los gastos que se generen con posterioridad a la presentación del beneficio.
Regúlanse los honorarios profesionales de los Dres. Mauro Marinucci e Ignacio Gigena, en conjunto, en su carácter de patrocinantes de la actora en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.345) (5 IUS), dejándose constancia que para efectuar tal regulación se han tenido en consideración la naturaleza, extensión y resultados de las tareas llevadas a cabo en autos por su beneficiario (arts.6,7,8 L.A.).
REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE. CÚMPLASE CON LEY 869.


Federico Emiliano Corsiglia
Juez Subrogante