Fallo Completo STJ

Dicho profesional afirmó haber participado "en la etapa en que estaba por finalizarse la obra que habían contratado. Era una obra en el barrio confluencia de Neuquén, recibiendo en pago un par de inmuebles en Cipolletti. Como la obra estaba retrasada en su ejecución, a pedido de las partes entre en contacto con el Dr. Fusco, que era representante de Pablo Spat. Y tuvimos varias conversaciones para poder negociar la terminación de la obra y las compensaciones teniendo en cuenta los valores de las propiedades dadas y el de la propiedad a realizarse. En ese momento, a pedido de Pablo Spat, se realizaron una serie de trabajos adicionales. Mientras se realizaban los mismos con el Dr. Fusco empezamos a buscar la forma de instrumentarlo porque se había hecho todo verbal. Entiendo que por la relación de confianza o exceso de confianza motivado en este parentesco. Se realizaron las tareas adicionales y no se llego a un acuerdo final para una instrumentación...".

Aun cuando el mismo pareciera refrendar la versión de sus ex clientes en cuanto a que el actor habría entregando en pago el inmueble cuyo dominio ahora pretende reivindicar, estimo que tal alcance del negocio verbal no puede entenderse probado solo mediante su declaración (cfr. el ya citado art. 1191 del C.Civil).

Y al margen de los reparos y mayor rigurosidad con que debe evaluarse ese testimonio de quien fuera letrado del demandado y del tercero citado a este proceso, debe apreciarse que si bien vino a dar cuenta del grado de avance de las tratativas contractuales que las partes llevaban, lo cierto es que, tal como lo manifestó, las mismas no culminaron en la instrumentación por escrito; por lo que no puede dársele eficacia vinculante -ni de prueba en juicio- a un intento de acuerdo al que no se arribó.

En definitiva, pretender oponer al título del actor una supuesta estipulación de un contrato verbal (mediante la cual se habría entregado al demandado y/o al tercero citado la cosa en propiedad), resulta ineficaz para repeler la acción reivindicatoria promovida por aquél como titular del derecho real de dominio.

Ello sin considerar que del intercambio epistolar que se encuentra reconocido por ambas partes -en lo que ahora interesa-, se desprende que el contrato, más allá de cual haya sido su contenido concreto, fue resuelto extrajudicialmente por el accionante (resolución que se produjo de pleno derecho una vez formulada y notificada la declaración resolutoria recepticia).

El accionado y/o eventualmente el tercero citado debieron acreditar mejor título. Sin embargo, y como fue apuntado, no produjeron prueba concluyente de su alegado derecho a poseer.

Tal como lo sostiene Claudio Kipper, el régimen de la prueba en los juicios de reivindicación entra en el terreno del juicio petitorio, en el cual la controversia versa sobre derechos, a diferencia del posesorio, que tiene como fin, por regla, el hecho en sí de la posesión. Reitero las palabras de Kipper: no estamos discutiendo la posesión del inmueble, sino derechos sobre él (“Código Civil Comentado”, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2004, “Derechos Reales – T. II”, pág. 584/585).

Por ende, reconocida y probada la propiedad del inmueble en cabeza del actor, y corroborado que quien lo detenta no puede acreditar una razón que autorice a retenerlo, no cabe otra alternativa que receptar el reclamo del accionante, admitiendo la acción reivindicatoria e intimando al demandado a desocupar el inmueble, con las personas o cosas que de él dependan, bajo apercibimiento de disponer el lanzamiento correspondiente.