Fallo Completo STJ

En consecuencia deberá cuantificarse el rubro tomando en consideración el salario mínimo vital y móvil a la fecha del evento dañoso, conforme las pautas establecidas por nuestro STJ en los ya conocidos precedentes "PEREZ BARRIENTOS" (STJRN3, Se. 108/09), "HERNANDEZ C/ EDERSA" (STJRN1, Se. 52/15), “TORRES” (STJRN1, Se. 100/16) y “HERRERA” (STJRN1, Se. 09/20).

De las constancias del expediente surge que al momento de los hechos la actora contaba con 58 años de edad y que conforme la pericia médica del Dr. Santorio, padece una incapacidad parcial y permanente del 16%.

Ante el desconocimiento del ingreso mensual denunciado por la actora - y la falta de acreditación del mismo-, deberé recurrir a los fines de cuantificar el daño, al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de los hechos, el cual ascendía a la suma de $ 7.560,00 (Conf. Reso. Nº 2/2016, Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Por ello, el monto total por el que procede la reparación del rubro es de $170.433,94, debiendo adicionarse intereses desde la fecha del hecho (10/08/2016) hasta el efectivo pago, conforme doctrina legal del STJ (STJRN1, “LOZA LONGO”, Se. 43/10; STJRN3, “JEREZ”, Se. 105/15; “GUICHAQUEO”, Se. 76/16; “FLEITAS”, Se. 62/18).

b) Daño emergente. Gastos médicos y de traslado.

A fin de merituar la procedencia del rubro, debo considerar que el art. 1746º del CCyC dispone que se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad.

De la prueba rendida en el expediente, encuentro acreditado que la actora debió afrontar dos operaciones quirúrgicas y los consecuentes gastos en atención médica, consultas, farmacéuticos, de traslado y en estudios médicos que pudieran derivarse.

Sin embargo, la documental aportada por la actora al interponer la demanda y la informativa producida en el proceso demuestra que la actora contaba con obra social -Unión del Personal Civil de la Nación-. Concretamente, dicha obra social ha cubierto los gastos de las operaciones quirúrgicas y tratamientos fisioterapeuticos de rehabilitación, tal como surge de las distintas ordenes de autorización presentadas ante la obra social.

En suma, corresponde hacer lugar al rubro reclamado en concepto de gastos de traslado, médicos y farmacéuticos y por la suma total de $ 40.000,00 por encontrarla justa, equitativa y que guarda relación con las lesiones del accidente -con más sus intereses que deberán liquidarse desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago, conforme los parámetros expuestos por el STJ en autos ya citados, es decir a tasa activa, "JEREZ","GUICHAQUEO" y "FLEITAS"-.

c) Daño emergente futuro.

Por el rubro solicita la reparación de los gastos médicos y traslado en que deberá incurrir como consecuencia del evento dañoso, para su correspondiente recuperación.

En su pericia médica, el Dr. Santorio sostuvo que habiendo transcurrido siete años desde el accidente, al momento de pericia, no consideraba que los tratamientos puedan llegar a mejor la movilidad del tobillo derecho y hombro izquierdo. Estas conclusiones no han sido impugnadas por ninguna de las partes, por lo que en lo que respecta al tratamiento médico futuro, su reparación deberá ser rechazada.

Sin embargo, la perito psicóloga y el perito psiquiátrico han dictaminado que la actora padece de una perturbación del equilibrio emocional, y que en atención a ello requiere de tratamiento psicológico individual. La perito psicóloga estima en $1800 cada sesión, y el perito psiquiatra refiere como valor de cada sesión el monto de $3000 o $4000.

En consecuencia y dado que ambos peritos técnicos refieren la necesidad de tratamiento psicológico, el presente rubro procede por la suma solicitada en la demanda, el cual asciende a $100.000,00. A ello deberá adicionarse intereses desde la fecha de primer pericia técnica (18/10/2021) hasta su efectivo pago, conforme tasas de intereses determinadas por el STJ y mencionadas en párrafos previos.

2. Daño Extrapatrimonial.

a) Daño Moral

Por este rubro la parte actora pretende el resarcimiento del daño moral por la suma de $250.000,00.

Tengo presente que en doctrina y jurisprudencia se encuentra resuelto desde hace tiempo que en los supuestos de daños y perjuicios derivados de un acto ilícito, y comprobado el mismo, el daño moral no requiere de prueba específica alguna. Esto quiere decir que se lo presume por el sólo hecho del acaecimiento del hecho dañoso, correspondiendo la prueba en contrario al indicado como responsable del mismo.

En tal sentido se ha expedido el STJ (STJRN1, Se. 45/21, “DAGA”; Se. 54/22 “CALBUCOY BUSTOS”), criterio que comparto.

Considero que en el caso resulta viable la precedencia del rubro indemnizatorio, dada la comprobación del evento dañoso y las consecuencias que del mismo se derivan.

Tal como he expuesto en acápites previos, las pericias técnicas presentadas en el expediente establecen que la actora presenta lesiones físicas que determinan 16% de incapacidad parcial y permanente.

A fin de cuantificar el rubro tomaré en cuenta la suma pretendida en la demanda con más intereses al día de la fecha, lo cual arroja el monto de $1.458.378,34.

Sumado a ello, tomo en cuenta lo determinado por la Cámara de Apelaciones, en casos análogos, de conformidad con lo sentenciado por nuestra alzada en el precedente “PAINEMILLA” (Jurisprudencia Condensada; T° IX, pág. 9-31; “PAINEMILLA C/ TREVISÁN”). Así, de la jurisprudencia de nuestra Cámara de Apelaciones observo que:

En el precedente "ORTIZ" (CAGR; Se. 110/19), ante una persona con porcentaje de incapacidad del 23,8% y edad de 54 años al tiempo del hecho, se le reconoció la suma de $300.000,00. Dicho monto, actualizado al día de la fecha, arroja la suma de $1.312.668,00.

En el caso "RIVAS PAOLA" (CAGR; Se. 130/21), a una de las actoras que presentaba un grado de incapacidad del 16% se le reconoció la suma de $1.000.000,00, que actualizado a la fecha de la presente sentencia asciende a $3.202.123,34.

Por último, en precedente "PERALTA" (CAGR; Se 70/22), en el caso de una persona con grado de incapacidad que ascendía al 20% se le reconoce la suma de $1.200.000,00. Tal monto actualizado a valores actuales arroja la suma de $3.492.164,00.

En consecuencia, tomando en cuenta todo lo expuesto, considero que el rubro daño moral procede por la suma de pesos $2.600.000,00.

A dicho monto deberá adicionarse intereses del 8% anual desde el acaecimiento del hecho (10/08/2016) hasta la fecha de hoy, y desde allí hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa de interés dispuestas por el STJ (STJRN1, “LOZA LONGO”, Se. 43/10; STJRN3, “JEREZ”, Se. 105/15; “GUICHAQUEO”, Se. 76/16; “FLEITAS”, Se. 62/18).

V. COSTAS JUDICIALES.

En atención a la forma en que aquí se resuelve, las costas del proceso principal se imponen a las demandadas Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci y Paola Romina Ranucci, y Municipalidad de General Roca, por aplicación del principio objetivo de la derrota (Art. 68º del CPCC).

Respecto al planteo de nulidad, por falta de mediación judicial previa, corresponde imponer las costas a las demandadas Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci y Paola Romina Ranucci, conforme el criterio objetivo de la derrota (Art. 68º CPCC).

Respecto a las costas del planteo de excepción por falta de legitimación pasiva, las mismas se imponen a la actora en su condición de vencida (Art. 68º CPCC).

En relación a la citación de Horizonte Compañía de Seguros, las costas se imponen a la Municipalidad de General Roca. Por los fundamentos, normas legales y jurisprudencia citadas;

VI. RESUELVO.

1º. Rechazar la petición de nulidad de las actuaciones por incumplimiento de mediación judicial previa, con imposición de costas a las demandadas Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci, Paola Romina Ranucci, Edgardo Tulio Ranucci, en razón de los fundamentos expuestos.

2º. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el demandado Sr. Edgardo Tulio Ranucci, y en consecuencia rechazar la demanda en su contra, con imposición de costas a la actora.

3°. Hacer lugar a la excepción de no seguro interpuesta por Horizonte Compañía de Seguros, rechazando su citación, con costas a la Municipalidad de General Roca.

4º. Hacer lugar a la demanda interpuesta por la actora Ana María Silvia Rosetti contra las demandadas Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci, Paola Romina Ranucci y Municipalidad de General Roca, por los argumentos expresados en los considerandos y por las sumas determinadas en el punto IV), con imposición de costas (art. 68º del CPCC).

5º. Determinar que el monto base (MB) que deberá tenerse en cuenta a los fines de la regulación de honorarios, será el que resulte de la sumatoria de capital, más intereses que se determinen en la etapa de cumplimiento o ejecución de sentencia. En consecuencia, regulo los honorarios de la siguiente manera:

Por la incidencia del planteo de nulidad de las actuaciones, regulo al Dr. Armando Silveiro Brusain la suma equivalente a 0,5% del MB, y a la Dra. Lucía Clara Perramón la suma equivalente a 0,5% del MB, en su carácter de letrados apoderados de la actora. A la Dra. Patricia Espeche, en su calidad de letrada apoderada de los co-demandados Edgardo Tulio Ranucci, Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci y Paola Romina Ranucci, en la suma de 1% del MB.

Por la incidencia del planteo de excepción por falta de legitimación pasiva, regulo honorarios al Dr. Armando Silveiro Brusain en la suma de 0,5% del MB, y a la Dra. Lucía Clara Perramón en la suma 0,5% del MB, en su carácter de letrados apoderados de la actora. A la Dra. Patricia Espeche, en su calidad de letrada apoderada de los co-demandados Edgardo Tulio Ranucci, Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci y Paola Romina Ranucci, en la suma de 1% del MB.

Por el proceso principal, regulo honorarios del Dr. Armando Silveiro Brusain en la suma de 5,5% del MB, y de la Dra. Lucía Clara Perramón en la suma de 5,5% del MB, ambos en su carácter de letrados apoderados de la actora.

De la Dra. Patricia Espeche, en su carácter de letrada apoderada de las co-demandados Edgardo Tulio Ranucci, Rolando Edgardo Ranucci, Maximiliano Ranucci y Paola Romina Ranucci, en la suma de 6% del MB.

De los Dres. Santiago E. G. Silva, Silvio F. Garrido, Juan Pablo Rosales y Juan Pablo Urquiaga, en conjunto y en su carácter de letrados apoderados y patrocinantes de la co-demandada Municipalidad de General Roca, en la suma de 8% del MB.

De los Dres. Francisco M. Brown y Sebastián Zarasola, en su carácter de letrados apoderados de la citada en garantía Horizonte Cía. de Seguros Generales S.A., en la suma de 4,6% del MB (2/3 etapas procesales).

En todos los casos que corresponda, cúmplase con la ley Nº 869.

Respecto a los peritos intervinientes se regulan los honorarios del perito médico Ariel Carlos Santorio en la suma de 3% del MB, de la perito psicóloga Atenas Vila en la suma de 1,5% del MB, del perito psiquiatra Luis María Ligarribay Akinci en la suma de 1,5% del MB, del perito accidentológico Mario Héctor Albornoz en la suma de 3% del MB, y del perito técnico en construcción civil Pedro Artus en la suma de 3% del MB.

Se deja constancia que en la merituación de los honorarios se ha tomado en cuenta la calidad de la actuación profesional, el carácter, la extensión, complejidad y etapas cumplidas de la causa, el resultado obtenido a través de aquélla (conf. Arts. 6, 7, 8º, 9, 11, 12, 20 y 40 Ley Nº 2212 R.N. y art, 18º, 19º y 39º de la ley Nº 5069).

Se hace saber a los letrados y peritos intervinientes que en caso que los honorarios regulados en esta instancia, una vez liquidado el capital con más sus intereses, resultan inferiores a los mínimos legales establecidos en las leyes Nº 2212 y Nº 5069, la regulación de honorarios respetará los mínimos allí establecidos (Conf. STJRN1, "REZZO", Se. 96/22).

7º. Con excepción de los honorarios regulados a los letrados de las partes condenadas en costas, los honorarios de los restantes profesionales no superan el tope legal del art. 77º del CPCC, por lo que no se debe realizar prorrateo alguno respecto a la sumas antes reguladas.

8º. Firme la presente, y presentada planilla de liquidación de capital e intereses, pase a despacho contable de OTTICA a los fines de determinar sellados y tasas que deban abonarse.

9°. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el art. 9º inc. a) de la Acordada 36/2022 del STJ.

Matías Lafuente

Juez