Fallo Completo STJ

---Por todos los motivos expuestos,  y sin que implique sentar criterio, habiendo transcurrido la oportunidad procesal para el planteo o la declaración de  incompetencia de oficio,  entendemos  improcedente  -en estas actuaciones y en este momento- declarar la incompetencia del Tribunal.

"...5.1. El tema en debate se centra en la interpretación de la Ley L N° 2432, específicamente en lo que concierne a la obligación de la provincia empleadora de hacer frente a los aportes y contribuciones sobre las diferencias salariales surgidas de la condena. En este cometido, cabe recordar que el artículo 9 de dicha ley establece que se considerará remuneración a esos fines "…. todo ingreso en dinero, especie y toda otra asignación habitual y permanente que corresponda a la generalidad del personal de igual grado, cargo o jerarquía". A su vez, el Convenio de Transferencia del Sistema Previsional de la Provincia de Río Negro al Estado Nacional señala que la ANSeS asumirá las referidas obligaciones de pago. Sin embargo, los retirados y pensionados en cuestión continúan siendo beneficiarios del Régimen Provincial de Retiros del Personal Policial de la Provincia de Río Negro. Es decir que es la provincia la que realiza la liquidación, determina la movilidad, requisitos de edad y años de servicio para la obtención de los retiros y pensiones. En efecto, por mandato del art. 9 de la norma provincial, el cálculo se efectúa sobre el cien por ciento (100%) de la última remuneración mensual correspondiente al grado o cargo ostentado por el agente en los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha del cese, y su haber de retiro o pensión se incrementa en la misma proporción que varíen los haberes del personal en actividad que fueron considerados para el cálculo por aplicación de la citada norma. De esta manera, tal como lo señala el fallo impugnado, el acceso al beneficio de retiro y el cálculo consecuente para determinar el haber del personal policial de la Provincia de Río Negro son distintos a los que se aplican a los agentes regidos por la Ley N° 24241, que establece el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En cuanto a la obligación de efectuar los aportes y contribuciones, el Capítulo II de la Ley L N° 2432 establece en su artículo 2 (parte pertinente): "El pago de las prestaciones se atenderá con los siguientes recursos: 1. Los agentes en actividad y retiro, aportarán, según sus casos: a) El trece por ciento (13%) del total del haber mensual y sueldo anual complementario que perciban, excepto las asignaciones familiares [….] 2. El Estado Provincial Contribuirá: a) El dieciocho por ciento (18%) correspondiente al haber mensual del personal en actividad. b) Con el monto necesario para cubrir la eventual insuficiencia de los recursos del presente artículo para atender el cumplimiento de las prestaciones…". Por otro lado, la Ley L Nº 2988, que aprueba el Convenio de Transferencia del sistema de Previsión Social de la Provincia de Río Negro al Estado Nacional, añade bajo el título "Transferencia de los Aportes personales y Contribuciones patronales" en la cláusula "Undécima" de su Anexo I: "La Provincia retendrá y transferirá al Estado Nacional los aportes personales y efectuará las contribuciones patronales obligatorias del personal comprendido en el Régimen de Retiros del Personal Policial Provincial, a partir de la vigencia del Convenio de Transferencia, de acuerdo a la legislación provincial, indicada en la cláusula octava. También se compromete a transferir los recursos requeridos por ajustes en las prestaciones derivados de recategorizaciones de cargos efectuadas con carácter general y parcial". 5.2. En ese escenario, resulta evidente que una interpretación clara y literal del plexo normativo aplicable al caso en cuestión no deja dudas: la Provincia tiene la responsabilidad de transferir los aportes personales y efectuar las contribuciones patrimoniales obligatorias de su personal dependiente (Cláusula 11). Cualquier definición en sentido contrario, no sólo iría en desacuerdo con la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue (Fallos: 294:74; 304:226; 333:735), sino que también contravendría los principios que rigen el sistema previsional en análisis. Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, no es tarea de la parte demandada efectuar los aportes a cargo del empleado, sino únicamente las contribuciones que son debidas según el art. 2 de la Ley L N° 2432." Además el STJ reitera lo dicho en "LEAL" SE.106/21 y "URRA" Se. 58/23.     Concluyó el STJ en TOLEDO": "En definitiva, la condena a abonar las diferencias salariales derivadas del incorrecto pago de la zona desfavorable conlleva, de manera inherente, la obligación legal de ingresar los aportes y contribuciones con destino al organismo previsional. Por lo tanto, al momento de liquidar las referidas diferencias, la parte demandada deberá retener los aportes a cargos del trabajador e ingresar las contribuciones correspondientes al organismo encargado de abonar el haber jubilatorio, en un todo de acuerdo a la normativa aplicable en la materia."

---Conclusión razonable de la Alzada que lógicamente es aplicable en este caso y de conformidad con el conjunto de precedentes sobre adicional zona desfavorable para personal policial   (Avilés" STJRNS3: Se. 85/21, "Peralta" STJRNS3: Se.88/22, "Fratini" STJRNS3: Se. 72/23, y "Toledo" STJRNS3, Se. N°143/23) - cuyos fundamentos y conclusiones - corresponde remitirse en lo pertinente, por razones de brevedad.