Fallo Completo STJ

Sabido es que la introducción de las uniones convivenciales por parte del Código Civil y Comercial de la Nación, dio a luz una nueva situación, por cuanto hasta ese momento no había por parte del ordenamiento jurídico argentino un reconocimiento genérico a esta particular situación de hecho- denominada, por la doctrina y la jurisprudencia, como ¨concubinato¨-, salvo en situaciones particulares- como por ej. la asignación de beneficios de la seguridad social.

Sobre el particular, este tipo de relaciones de tipo familiar - en parte alejadas a los cánones clásicos sobre los cuales se edificó el derecho de las relaciones familiares - son de suma importancia, porque trascienden a la sociedad argentina a través de la interrelación personal de cada uno de sus miembros en distintos aspectos socioeconómicos, culturales, personales, etc.
Es por ello, que el legislador, al sancionarse el CCyC introdujo un cambio cualitativo trascendente en la problemática, y reguló con vocación de integralidad el fenómeno, dando otro tipo de status a esta relación, que en los hechos funciona como familia; esto es, integra el fenómeno multicultural de las relaciones de familia. Adviértase que ello es consonante con lo dispuesto por la Constitución Nacional en el art. 14 bis en cuanto prevé la protección integral de la familia y su correspondencia con los principios constitucionales de igualdad  ante la ley y derecho a la intimidad (Cfr. arts. 16 y 19 CN). Sumando los instrumentos internacionales que también resguardan la no discriminación, la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad, y la protección a la familia; todo lo cual tiene raigambre constitucional a partir de la reforma de 1994, en el art. 75 inc. 22 (Cfr. Pacto San José de Costa Rica art. 17; art.VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 5 de la Convención de los Derechos del Niño etc.).
El Código Civil y Comercial regula en su artículo 528 lo atinente a la distribución de los bienes ante el cese de la unión convivencial disponiendo que, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Es claro, entonces, que la unión convivencial no produce un régimen de bienes - como ocurre en el matrimonio- entre los convivientes. Por ello no se regula un régimen legal supletorio, sino que, a falta de pacto al respecto, la convivencia carece de relevancia, conservándose la propiedad de los bienes dentro del patrimonio del conviviente al cual ingresaron y a cuyo nombre figuran inscriptos, tratándose de bienes registrables. Sin embargo, la norma deja a salvo la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas u otros. De la que se desprende que no se aplican las reglas previstas para la disolución del régimen patrimonial matrimonial, ni siquiera por analogía.
Entonces, conforme el ordenamiento, si bien al cese de la convivencia cada uno de los convivientes conserva en su patrimonio los bienes que ingresaron en él durante su existencia, esa regla no es absoluta pues la norma admite la posibilidad de recurrir a diferentes acciones del derecho común para que la realidad económica de esa unión y de los bienes no sea ignorada, alegándose y probándose, verbigracia, que esas adquisiciones se hicieron con dinero aportado por ambos, por el otro o que es fruto del esfuerzo mancomunado de los dos convivientes (LAMM, Eleonora, MOLINA DE JUAN, Mariel F., " Efectos patrimoniales del cese de las uniones convivenciales", en RDPyC, 2014-3, Uniones convivenciales, Rubinzal Culzoni, p. 299).

Cabe recordar que, ante el vacío legal existente en el Código Civil en relación a la regulación de las uniones de hecho, las reclamaciones patrimoniales derivadas del cese de dichas relaciones se han canalizado recurriendo a otros institutos del derecho civil, tales como: la división de condominio, disolución de sociedad de hecho o irregular, la interposición de personas, el enriquecimiento sin causa.
El Código Civil y Comercial incorpora una regulación básica de la última figura mencionada disponiendo que "Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del enriquecido..." (art. 1.794) y que "La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido" (art. 1.795).
Trasladando esos conceptos a la realidad de las uniones convivenciales, se señala que el enriquecimiento incausado ocurre cuando se ha producido un desplazamiento patrimonial entre los convivientes que puede generar un beneficio o ventaja económica a favor de uno y a costa del detrimento del otro (PELLEGRINI, María Victoria, "Las uniones convivenciales", Erreius, 2017, p. 272). La mera convivencia no hace presumir la existencia de un mandato ni una sociedad de hecho entre los concubinarios, como así tampoco que la adquisición de los bienes por uno de ellos se efectuó con dinero de ambos y para los dos, pues por más que haya comunidad de vida, ésta atañe solamente a los aspectos personales, pero no alcanza a los patrimoniales (C.N.Civil, Sala G, J.A. 2001-II.131). Y cuando el bien registrable se inscribe a nombre de uno de los convivientes pero el actor dice que fue comprado con el aporte de ambos, en este caso el miembro no titular debe probar tres cosas: a) el aporte económico realizado para la compra; b) la causa por la cual la inscripción registral no refleja la realidad económica que le dio origen; c) la inexistencia de ánimus donandi al entregar el dinero para la adquisición del bien (C.C.C. de San Isidro, con nota doctrinaria de Ricardo E. Antón, Lexis Nexis nº 0003-009363, A.P. On Line; con remisión a la sentencia de la Corte de la Provincia de Mendoza, L. L. 1991-C.379; Belluscio, Augusto C. La distribución patrimonial en las uniones de hecho, La Ley 1991-C.969; Azpiri, Jorge O. Uniones de hecho, año 2003, p.143 y s.s.)." (CCCRos, Sala I, en anterior integración, Acuerdo N° 130 del 25.04.2011, "Bogado c. Ledezma s. Cobro de Pesos").

Se ha dicho "...No obstante esta regla, es innegable que llevar adelante un proyecto de vida común trasciende el ámbito estrictamente personal y es propio de un plan coexistencial realizar esfuerzos conjuntos que se traduzcan en adquisiciones de contenido patrimonial. Compartir un proyecto de vida no se reduce a las relaciones personales, de tipo afectivo. En la cotidianidad se construye también un entramado patrimonial. Por ejemplo, se adquieren bienes con aportes de ambos pero que, por algún motivo particular, los registran a nombre de uno solo de ellos. O al contrario, se adquieren con dinero de uno y se registra a nombre de otro o uno de ellos pagó mejoras sobre bienes de titularidad del otro. Por ello, la regla de separación patrimonial no clausura el tema. Cualquiera de los convivientes puede cuestionar la integración patrimonial del otro/a a través de los diversos institutos propios del Derecho Común o de las distintas herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico (...)  El prisma del análisis y valoración de la prueba, de la extensión de los reclamos y de todas las circunstancias de cada caso esta dado por el carácter familiar de la unión. Los convivientes no son extraños entre sí, sino que compartieron un sistema de vida familiar, y evidentemente el esfuerzo económico y sus beneficios integran tal sistema..." ( Ricardo Luis Lorenzatti, Código Civil y Comercial explicado, Ed. Rubinzal- Culzoni, Sta. Fe, Abril 2021, pag. 364).

Frente a ese panorama legal, procedo a analizar la realidad descripta y las pruebas aportadas por las partes del litigio.

Que es dable mencionar que los jueces no estamos obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes sino sólo aquellas que estiman conducentes para la correcta solución del litigio (Fallos 308:2172; 310:1853;310:2012; etcétera), ni ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas sino sólo aquellas que estiman conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos 308:584 entre otros).

De la documentación que ha sido adjuntada por las partes, surge que durante el período en que se mantuvo la unión convivencial, la actora y el demandado adquirieron los siguientes bienes:

1.) Un vehículo automóvil marca F.6., modelo 1976, dominio SUF411. Este rodado fue inscripto conjuntamente ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), ostentando la Sra. C. y el Sr. L. el cincuenta por ciento (50%) de la titularidad cada uno. 

2.) Una camioneta marca T., modelo H.4.C.D.S.3.T., año 2., dominio G.. Según el informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), el Sr. L. figura como titular inscripto en un cien por ciento (100%).

3.) Respecto al inmueble de nomenclatura catastral N° 0., el Municipio de Río Colorado, mediante Nota N° 213/2024 de fecha 22/05/2024, acompañó la Resolución N° 290/2022, Resolución N° 312/2022, y el Boleto de Compraventa N° 380/2022, correspondiente al Lote N° 0., Partida Municipal N° 0..

De la documentación acompañada, surge que a través de la Resolución N° 312/2022 de fecha 20/07/2022, se resolvió adjudicar la venta directa de nueve (9) terrenos baldíos, identificados catastralmente como Lotes 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 y 1.d.l.M.4., a los adjudicatarios que aceptaron la oferta.