Fallo Completo STJ

Y en este sentido, la novación resulta así definitiva, salvo nulidad del acuerdo (art. 60 LCyQ).

A través de ese mecanismo, quedará establecida una relación de equivalencia entre los acreedores mediante la cristalización del pasivo, que solo puede lograrse a través de la conversión a pesos de todos los créditos. Ya no para computar mayorías, ajenas al trámite de la quiebra, sino para materializar, en su momento, la participación en la liquidación de activos y correspondientes pagos distributivos.

Ello supone que los créditos en dólares “congelan” su valor en moneda de curso legal a la fecha de declaración de la quiebra (o a opción del acreedor a la del vencimiento si este fuera anterior).

O sea que tales acreencias pierden para siempre su intrínseca cualidad de resguardo en una moneda de valor constante (para la ley cantidades de cosas, cfr. Art. 765 del CCyC), para traducirse, de modo irreversible, en un valor nominal en pesos consolidado a la fecha del decreto del estado de falencia.

Ahora bien, el sacrificio que implica esa conversión para los originarios acreedores en dólares, en favor de la igualdad concursal y de la unidad de cuenta (en pesos) sobre la que se deben cuantificar todos los créditos, y naturalmente el proyecto de distribución, adquiere especial relevancia en situaciones económicas como las que viene atravesando nuestro país durante los últimos años (alta y persistente inflación, devaluación de la moneda nacional, diversidad de tipos de cambio, restricciones cambiarias -cepo-, etc.).

De modo que, ante la disyuntiva suscitada en la causa, en cuanto a si la conversión en cuestión debe hacerse al tipo de cambio según la cotización del dólar del Banco Nación, o bien según el valor del denominado dólar MEP, sigo sosteniendo que debe optarse por esta última solución.

Pues, como referí en su oportunidad, es la postura que en la actualidad tiene más adhesiones en la doctrina y jurisprudencia (vgr. “Ediciones de la Urraca S.A.”, CNCom., sala B, 24/02/22; “Belgrano Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada”, CNCom., sala D, 28/06/22). Y ello en la tendencia o con el propósito, que también comparto, que se debe resolver atendiendo a la debida protección del crédito, conforme art. 159 LCQ, buscando reducir las consecuencias que el proceso falencial ocasionó a los acreedores.

En el caso de quienes eran titulares de créditos en dólares, sin duda perjudicados por las pérdidas que -cuanto menos en términos de expectativas de cobro y en el particular contexto que se analiza- genera la conversión a pesos y el congelamiento de sus acreencias a la fecha del decreto de quiebra.

En ese sentido, basta una ligera mirada a los recálculos efectuados por la síndica valiéndose de cada una de las alternativas en cuestión (conversión según dólar Banco Nación y dólar MEP), para advertir que sus resultados arrojan diferencias muy significativas. Entre las cuales, como vengo señalando, estoy convencido de que se debe acudir a aquella que, más allá de representar un tipo de cambio más “real”, es indiscutiblemente la que asegura una mayor protección al derecho de propiedad de quienes fueran titulares de créditos en dólares, en concepto –novado- de prestaciones concordatarias homologadas (y en su mayor parte incumplidas).