Fallo Completo STJ

OrganismoSECRETARÍA PENAL STJ Nº2
Sentencia76 - 09/08/2022 - DEFINITIVA
ExpedienteMPF-BA-00027-2018 - M.R. / ABUSO SEXUAL - LEY 5020
SumariosTodos los sumarios del fallo (2)
Texto SentenciaSuperior Tribunal de Justicia
Viedma

En la ciudad de Viedma, a los 9 días del mes de agosto de 2022, finalizado el Acuerdo
celebrado entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señores Jueces Sergio G. Ceci,
Ricardo A. Apcarian y Sergio M. Barotto y señoras Juezas Liliana L. Piccinini Y Mª Cecilia
Criado, para el tratamiento de los autos caratulados "M. R. S/ABUSO SEXUAL" - 
SEXUAL" - RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL (Legajo MPF-BA-00027-2018),
teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Mediante Sentencia N° 41, del 5 de mayo del corriente, este Cuerpo rechazó la queja
de la Defensa del imputado R.R.M. y, consecuentemente, confirmó la
decisión del Tribunal de Impugnación (en adelante el TI) que denegaba el pedido de control
extraordinario respecto de la desestimación de la impugnación ordinaria deducida por esa
misma parte contra el fallo dictado el 5 de octubre de 2021 por el Tribunal de Juicio del Foro
de Jueces de la IIIª Circunscripción Judicial (TJ en lo sucesivo), que había condenado al
nombrado a la pena de doce (11) años y seis (6) meses de prisión, como autor del delito de
abuso sexual reiterado con acceso carnal (arts. 45 y 119 inc. 3° CP).
Contra lo así resuelto, el señor Defensor Penal Nelson A. Vigueras deduce el recurso
extraordinario federal en examen, que el señor Defensor General sostiene y el señor Fiscal
General contesta en el término de ley, por lo que los autos se encuentran en condiciones para
su tratamiento.
CONSIDERACIONES
El señor Juez Sergio G. Ceci y las señoras Juezas Liliana L. Piccinini y Mª Cecilia
Criado dijeron:
El señor Defensor recurrente reseña los antecedentes de la causa y seguidamente
afirma que la sentencia es arbitraria puesto que, luego de valorar que la declaración de la
víctima constituía una prueba fundamental sobre el hecho, no tomó en cuenta lo sostenido por
O.M.Q., que no refirió ningún episodio de abuso sexual. Cuestiona asimismo
la valoración de unos supuestos dibujos, que no fueron observados por ningún magistrado, a
lo que suma que la intérprete que transmitió sus referencias dijo que ella no habló ni realizó
tales grafías representando relaciones sexuales o preservativos.
Añade otros cuestionamientos a la prueba y alega que se violentó el debido proceso,
porque se condenó en relación con lo ocurrido en un lugar (un campo) que no se encontraba
determinado en la acusación, y considera que se incumplió con el principio de congruencia.
Sostiene que no se demostraron las relaciones sexuales reprochadas, relativas al acceso
carnal vía vaginal, e insiste en que los dibujos aludidos -realizados en la entrevista con la
intérprete- no debieron ser valorados, en tanto no se resolvió su incorporación al debate como
prueba. A continuación, reseña lo ocurrido en tal entrevista y concluye que esta no permite
corroborar los datos de la acusación.
En virtud de la argumentación desarrollada, el señor Defensor Penal solicita que se
conceda el remedio intentado y se eleve el legajo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2. Dictamen de la Defensoría General
El señor Defensor General Ariel Alice reseña los agravios y entiende que el recurso
resulta procedente, pues la resolución atacada es sentencia definitiva (Fallos 323:1084) y
emana del superior tribunal en el orden local (Fallos 308:490 y 311:2478); se ha planteado
cuestión federal fundada en la primera oportunidad posible (Fallos 147:371 y 275:95, entre
otros); se demuestra que el pronunciamiento ocasiona al recurrente un gravamen personal,
concreto y actual (Fallos 242:396 y 315:2125), y se refutan todos y cada uno de los
argumentos en que se funda la decisión recurrida (Fallos:22:304 y 322:444).
En particular, hace referencia a la violación del principio de congruencia y a la
consecuente afectación del debido proceso y el derecho de defensa de juicio, el que también
se ha visto conculcado por la incorporación de material probatorio (audio y dibujos) a partir
de testimonios, todo ello con cita de la normativa constitucional y procesal local que estima
violentada.
Por lo expuesto, sostiene el recurso en los términos del art. 21 inc. d) de la Ley K
4199.
3. Contestación de traslado de la Fiscalía General
El señor Fiscal General sintetiza los planteos del recurrente y señala que el escrito de
presentación no cumple la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
específicamente en los incs. b), c), d) y e) del art. 3°, lo que hace aplicable su art. 11°.
Concretamente, añade, se omite exponer la cuestión federal de la forma exigida y
establecer su necesaria conexión con el modo en que habría sido afectada en el proceso (cf.
CSJN Fallos 180:271, 209:337, 224:845 y 296:124).
El titular del Ministerio Público Fiscal entiende además que la decisión de este Cuerpo
se ajusta a la doctrina legal relativa a los alcances de su competencia respecto del control
extraordinario de las sentencias y que la revisión integral de la condena realizada por el TI
satisface los estándares internacionales y constitucionales impuestos en los fallos "Casal" de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Seguidamente desarrolla consideraciones varias acerca de la insuficiencia del recurso,
en la medida en que no esgrime argumentos consistentes para acreditar un caso de
arbitrariedad de sentencia, los agravios que formula ya fueron debidamente contestados y la
cuestionada introducción de los dichos de la víctima mediante referencias de su intérprete no
tuvo objeciones de esa Defensa, dada su aceptación en la audiencia de control de la acusación.
Por lo demás, continúa, la parte tampoco ha aportado ningún elemento objetivo que permita
concluir que dicha intérprete declaró algo distinto de lo relatado por la víctima, que padece
hipoacusia.
Además, el señor Fiscal General no advierte un incumplimiento del principio de
congruencia, puesto que el reproche incluía relaciones sexuales reiteradas en el campo del
acusado, cercano a Pilquiniyeu del Limay, y fue responsabilizado por ellos, y afirma que la
prueba fue valorada de modo correcto.
Recuerda que la sola invocación de violación de garantías constitucionales no basta
para los fines del recurso y que el hecho de que las críticas de la apelante no hayan sido
acogidas no implica que no hayan sido consideradas, por lo que finalmente solicita la
denegación del remedio federal en examen.
4. Solución del caso
Tal como ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 339:307,
339:299, 319:1213 y 317:1321), los órganos judiciales a los que cabe expedirse acerca de la
concesión del remedio federal tienen el deber de examinar los requisitos formales establecidos
en su Acordada Nº 4/2007 (cf. CSJN Fallos 340:403) y, eventualmente, evaluar si en un
primer análisis la apelación cuenta con fundamentos suficientes para invocar el supuesto
excepcional de la arbitrariedad.
Al efectuar dicho control se advierte que, aun cuando el recurso ha sido interpuesto en
término y por parte legitimada al efecto, no reúne los recaudos establecidos en la citada
norma. Es que, en primer lugar, desatiende las formalidades de la carátula prevista en el art.
2°, en tanto no consigna los precedentes de la Corte Suprema sobre las temáticas invocadas
como de índole federal (cf. inc. i), a lo que se añade que, entre las normas que entiende
involucradas en ellas, menciona artículos del código adjetivo local cuyo texto no transcribe ni
en el escrito principal ni en un anexo, ni indica su período de vigencia, con lo que omite lo
establecido en el art. 8° del reglamento respecto de todos los preceptos legales citados que no
estén publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El Defensor recurrente tampoco rebate con eficacia las conclusiones vertidas en la
resolución que impugna, dado que su crítica se circunscribe a cuestionar aspectos ya
analizados tanto en la instancia anterior -en cuanto se convalidó lo resuelto por el TJ- como
así también en la decisión de este Cuerpo que rechazó su queja, mas no aporta argumentos
suficientes para demostrar la hipotética vulneración de los derechos fundamentales que
enuncia en su presentación (cf. art. 3° incs. c, d y e Ac. N° 4/07 CSJN).
A ello se suma que no se hace cargo de demostrar la arbitrariedad que denuncia sino
que, antes bien, desarrolla consideraciones generales pero no las relaciona debidamente con
las circunstancias comprobadas en autos. En suma, omite desarrollar en forma clara y precisa
cuál es la cuestión federal involucrada en el caso, puesto que su fundamento consiste en
afirmar vagamente que se encontrarían vulneradas ciertas garantías constitucionales, pero no
explica el alcance o el modo en que se habría concretado tal afectación, lo que priva a su
discurso de la razonable motivación con miras a alcanzar la instancia extraordinaria
pretendida.
Tales omisiones se presentan como un obstáculo insalvable para la admisibilidad de su
recurso, porque no satisface el requisito de fundamentación autónoma del art. 15 de la Ley 48,
"exigencia según la cual el escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la sentencia
impugnada, o sea que el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se
apoya el juez para arribar a las conclusiones que lo agravian" (cf. CSJN Fallos 329:2218,
330:16, 331:563 y 336:381).
En este orden de ideas, por vía de la arbitrariedad de sentencia la Defensa pretende
ingresar en cuestiones que no son más que la manifestación de una discrepancia subjetiva con
aspectos de hecho y prueba o con la aplicación de normas de naturaleza común y procesal (cf.
CSJN Fallos 307:223 y 312:551, entre otros), en principio ajenos a la instancia federal, salvo
absurdo o arbitrariedad que aquí no se evidencian ni aquella logra demostrar.
Así, como fue referido, se discute la prueba de la comisión reiterada de abusos
sexuales por parte del imputado a la hija de su pareja, en el marco de una relación desigual de
poder (entre otros aspectos, porque la víctima padece una hipoacusia neurosensorial congénita
y se encuentra intelectualmente en el límite de lo fronterizo, con marcados condicionamientos
para decidir libremente sus acciones). Al respecto, en el expediente fueron valorados sus
dichos -transmitidos por una docente especialista en personas con la discapacidad apuntada-
en un procedimiento que fue aceptado por la Defensa; además, el método que esta aplicó -y
que explicó debidamente- le permitió determinar un código lingüístico familiar, entendible,
con rasgos del medio rural y de mujer.
Las referencias así traídas, aunadas a otros medios de prueba, fueron suficientes para
tener por demostrada la hipótesis acusatoria, que se consideró adecuada en lo atinente a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos reprochados, en razón de que la defensa
fue ejercida tomando tales datos, lo que permite desestimar toda restricción o el
incumplimiento de alguna garantía constitucional.
La recurrente tampoco ataca específicamente ni intenta rebatir el argumento
denegatorio fundado en su aceptación del procedimiento especial para introducir los dichos de
la víctima al proceso, teniendo en cuenta las particularidades aludidas, por lo que no puede
cuestionar luego lo que previamente había admitido; por lo demás, no se observa ninguna
cuestión federal en este punto ya que el método aparece como razonable y adecuado al caso y
fue sometido a control.
5. Conclusión
Por las razones que anteceden, proponemos al Acuerdo denegar el recurso
extraordinario federal deducido a favor de R.M. NUESTRO VOTO.
Los señores Jueces Ricardo A. Apcarian y Sergio M. Barotto dijeron:
Atento a la mayoría conformada en el voto que antecede, NOS ABSTENEMOS de
emitir opinión (art. 38 LO).
En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por el señor Defensor Penal
Nelson A. Vigueras en representación de R.R.M.
Protocolizar y notificar a través de la Oficina Judicial de la IIIª Circunscripción
Judicial.

Se deja constancia de que la señora Jueza Liliana L. Piccinini, no obstante haber participado
del Acuerdo y haberse manifestado en el sentido expuesto precedentemente, no suscribe la
presente por encontrarse de licencia.

Firmado digitalmente por:
APCARIAN Ricardo Alfredo
Fecha y hora:
09.08.2022 08:02:52

Firmado digitalmente por:
BAROTTO Sergio Mario
Fecha y hora:
09.08.2022 12:15:35

Firmado digitalmente por:
CECI Sergio Gustavo
Fecha y hora:
09.08.2022 12:21:48

Firmado digitalmente por:
CRIADO María Cecilia
Fecha y hora:
09.08.2022 08:57:12
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