Fallo Completo STJ

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de marzo

del año 2019, se constituye el Tribunal de Impugnación Provincial conformado por los Jueces

Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Adrián Fernando Zimmermann,

presidiendo la audiencia el primero de los nombrados, para dictar sentencia en el legajo MPFRO-

02391-2017 denominado “P. J. D. S/ ABUSO SEXUAL”.

Que en la audiencia de impugnación ordinaria intervinieron, por la Acusación la representante

del Ministerio Público Fiscal, doctora María Teresa Giuffrida, por la parte querellante, la

doctora Ailén Roca acompañada de la señora P. A. B., y por la Defensa el

doctor Alfredo Cury, en representación de J. D. P.

1.- Antecedentes:

1.a.- Mediante sentencia de fecha 3 de diciembre de 2018, los Jueces de Juicio,

doctores Emilio Stadler, María Evelina García Balduini y Oscar Alberto Gatti, del Foro de

Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, resolvieron condenar al

imputado J. D. P. como autor penalmente responsable del delito de ABUSO

SEXUAL CON ACCESO CARNAL, a la pena de siete años de prisión efectiva, accesorias

del art. 12 CP y costas del proceso (arts. 29, 45 y 119 incs. 1° y 3°, C. Penal), e imponerle la

pena única de doce años de prisión efectiva, accesorias del art. 12 CP y costas del proceso,

comprensiva de la pena impuesta en la presente causa y de la discernida en el legajo

individualizado como MPF-RO-1595-2017 (arts. 55 y 58, C. Penal).

Consta en la sentencia que se acusó al imputado por el siguiente hecho: “Ocurrido en

el salón de la Unidad Básica, ubicado frente a la Comisaría 33 de Allen, en fecha no

precisada con exactitud, pero anterior al mes de Abril de 2015, aproximadamente al medio

día. En dichas circunstancias de tiempo y lugar, J. D. P., que en ese momento era

funcionario municipal y referente de la agrupación política "Unidos por vos" de la ciudad de

Allen, abusó sexualmente de P. A. B., accediéndola carnalmente por la vagina.

En la oportunidad, P. trasladó a B. (quien en ese momento realizaba tareas de

limpieza en el Polideportivo Municipal como becada) hacia el salón partidario referido para

que realice tareas de limpieza. Una vez en el lugar, P. cerró la puerta con llave, la tomó

con sus brazos y luego de manifestarle "para esto te quería", se bajó los pantalones, la

agarró de los pelos y de la cabeza con sus dos manos y le dijo "chupamela" apoyándole el

pene en la boca. Posteriormente y mediante el uso de la fuerza, le bajó la calza que la

víctima vestía y la penetró con su pene vía vaginal eyaculando dentro de ella, al tiempo que

decía "ojalá que quedes embarazada".”

1.b.- Contra lo decidido, la Defensa de J. D. P. dedujo una impugnación

ordinaria.

2.- AUDIENCIA DE IMPUGNACION.

2.a.- En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP se convocó a las partes a

audiencia oral, en la que se escucharon los argumentos a favor y en contra de los agravios

sostenidos contra el pronunciamiento jurisdiccional.

2.b.- Dada la palabra al impugnante, el doctor Cury expresa que la sentencia afecta

garantías constitucionales y que hay arbitrariedad normativa y fáctica, por lo que adelanta que

solicita que se revoque la sentencia y se ordene la absolución de P.. Subsidiariamente,

solicita la nulidad del juicio y el reenvío para la realización de uno nuevo y finalmente,

peticiona la reducción de la pena a ocho años por entender que hay una unificación de

condena y no de pena como consideró el Tribunal.

Expone sus agravios respecto de dos momentos procesales diferentes, uno en cuanto a

lo ocurrido en la audiencia de control de acusación y otro en el juicio. Sostiene que hay

una diferencia entre la acusación que se formuló en la audiencia de control de acusación, en el

juicio y en la sentencia. Esto afecta el principio de congruencia. Refiere que en el juicio se

hizo mención que la víctima era becada por el municipio y tenía necesidad de esta beca, esto

no se planteó en el control de acusación y luego lo utilizó la sentencia. Indica que otro

elemento era que P. tenía una relación de poder en el Municipio y también que el nombrado

fue acusado por otro abuso en la ciudad de Allen. Entiende que incorporar estos elementos

que no se describieron en la acusación y que fueron tomados por la sentencia en sus

fundamentos afecta el principio de contradicción, la igualdad de armas y el principio de

congruencia.

A preguntas del Juez Cardella, aclara el defensor que asumió la defensa de P.

después de dictada la sentencia y que no habló con el anterior defensor sobre el caso. Cuando

vio los videos constató esta situación que plantea.

Esgrime como fundamento de su segundo agravio que en los procesos de esta

naturaleza debe buscarse la coherencia interna y externa del relato de la víctima. Explica que

la acusación dijo que la víctima había contado lo sucedido a otras personas, a G. y

C.. En el debate la víctima menciona que el hecho que sucedió antes de abril de 2015

nunca se lo contó a nadie, que lo cuenta a raíz de que salió una noticia en los medios.

Ch., que es un periodista, dice que la denunciante le contó que le pasó lo mismo que a

T. y que a ésta había sufrido un abuso, no le contó cómo fue el hecho. Entiende que los

testigos de la Fiscalía no describieron los hechos como se consignaron en la plataforma

fáctica imputada, sino que hablaron de abuso, por lo que no puede tenerse por acreditado así

el abuso sexual con acceso carnal. Enfatiza que no puede saberse qué tipo de abuso sufrió. La

denunciante tampoco le precisó a su pareja lo que sucedió.

Por otro lado, alega que la víctima respondió a preguntas de la defensa que no se había

ejercido violencia sobre ella o sus ropas, y por esto, a su criterio, el tipo penal de abuso sexual

con acceso carnal no está acreditado.

Agrega que había una enemistad entre la denunciante y el imputado porque cuando

ella trabajaba para la Municipalidad de Allen sufrió un accidente laboral y denunció a P.

porque no estaba registrada y la ART no le daba cobertura.

Desarrolla el tercer agravio que consiste en que intervino en el proceso penal un sujeto

que no tenía poder suficiente. Relata que en la primera audiencia de juicio la abogada por la

parte querellante dice que actúa como patrocinante. Aduce en este punto que para ser

querellante se requiere poder especial y en el juicio se actuó sin este poder especial, lo que no

fue cuestionado por ninguna de las partes. De manera que, a su criterio, la querella produjo

prueba para lo que no estaba habilitada y generó una desigualdad entre las partes. Enfatiza

que esa parte no pudo haber producido prueba y adherir a la acusación, ni alegar, era

patrocinante. Por este motivo, solicita la nulidad del juicio.

2.c.- Corrido traslado de los agravios contra la sentencia a la Fiscalía, la doctora

Giuffrida manifiesta que, en relación al primer agravio que plantea el defensor de afectación

de garantías constitucionales, no fue expresado de ese modo al momento de interponer la

impugnación y que conforme al art. 236 del CPP los motivos de impugnación debe

consignarse en el escrito y luego ampliarse en la audiencia. A su entender, este agravio no

debería ser tratado.

De todos modos, refuta que contrariamente a lo que dice el doctor Cury las cuestiones

que mencionó fueron tratadas desde el principio porque si se tiene en cuenta el hecho con el

que la Fiscalía fue al control de acusación allí se consignó que P. era funcionario municipal

y referente de una agrupación política y también que B. desarrollaba tareas de limpieza

en el Polideportivo Municipal como becada. Respecto de que se trajo a este juicio que P.

había sido acusado por otro abuso en Allen, explica que si bien no formaba parte de la

plataforma fáctica, cuando se ofrecen los testigos en la audiencia de control de acusación, uno

de ellos era la víctima del hecho anterior con lo cual no podía la defensa sorprenderse de que

fuera una situación que pudiera tratarse en el juicio.

En relación al planteo de que la víctima contó a los periodistas y a su pareja sobre el

abuso, pero no cómo había ocurrido, argumenta la Fiscal que al momento en que les dijo que

le había pasado lo mismo que a T. que había sido víctima de abuso sexual con acceso

carnal, quedaba sobrentendido de qué tipo de abuso se trataba. El tema de que la víctima no

haya dado detalles al resto de las personas, a su criterio, no afecta la coherencia de su

testimonio. Advierte que fue difícil para la Sra. B. contarlo en la audiencia de juicio, por

lo que se entiende que no iba a contarle detalles a unos periodistas. Respecto de la pareja,

aclara la Fiscal que éste dijo que ella no le había podido contar cómo habían ocurrido los

hechos. Enfatiza que esto no afecta la coherencia ni mucho menos la credibilidad del relato de

la víctima. Aclara que T. no declaró en juicio porque fue desistido su testimonio en el

transcurso del debate.

En cuanto a que P. no sabía de qué se tenía que defender, alega la representante del

MPF que desde el momento del control de acusación sabía la defensa de que se trataba de un

acceso carnal porque consta en la plataforma fáctica y además se calificó como abuso sexual

con acceso carnal y la pena requerida superaba los tres años.

En punto a que no se acreditó que haya habido violencia ni fuerza, la Fiscalía y la

querella explicaron que no había habido consentimiento de la víctima y esto fue tomado por la

sentencia que se ocupó de decir que era un abuso sexual con acceso carnal, entre otros

fundamentos, porque la ley 25087 modificó el bien jurídico protegido que deja de ser la

honestidad y pasa a ser la libertad sexual, por lo que para que se configure el tipo penal

alcanza con la falta de consentimiento y ello está acreditado con la declaración de la víctima.

En cuanto a que la situación de poder no fue contemplada en la acusación, entiende

que si recurren al hecho relatado al momento de iniciarse el alegato de apertura y aún en el

control de acusación puede inferirse que no está reflejado del todo esa situación de poder.

Pero ello debe ubicarse en un contexto y esto se sabía por la prueba que presentaba la Fiscalía

y la querella, que ofrecieron testimonios tendientes a acreditar este extremo. De manera que,

en su opinión no fue una cuestión que sorprendió a la defensa.

Respecto de la enemistad de la Sra. B. con P., esto no fue acreditado en juicio.

Ninguno de los testigos lo manifestaron, pero tampoco surge de la declaración de B..

También debe tenerse en cuenta lo que dijo el imputado cuando presta declaración en juicio y

a la pregunta que le hace la fiscalía de porqué piensa que le hicieron esta denuncia, contestó

que no conocía el motivo, no dice nada de una enemistad, lo atribuye a una cuestión política.

Que tenía buena relación con ella y que era una buena persona. Que jamás tuvo problemas

con ella.

Con relación a la legitimación de la parte querellante, entiende que el planteo de

nulidad no puede tener andamiento. Relata que la señora B. solicitó ser tenida como

parte querellante y contó con el patrocinio de la Dra. Roca que la acompaño a todas las

audiencias. Desde el momento en que se constituyó como querellante en los términos del art.

54 del CPP y estando notificada la defensa, ésta nunca hizo ningún cuestionamiento de la

actuación de la querellante. No advierte el motivo por el que no puede intervenir porque no

tiene poder suficiente, eso sería así si la Sra. B. no estuviera presente, pero ella ha

estado en todas las audiencias además de que fue consentida su participación. A ello suma que

el defensor no se refiere cuál es la prueba que le causa agravio porque las pruebas han sido

presentadas en forma conjunta con la Fiscalía.

Peticiona por lo expuesto que se rechacen todos los agravios y se confirme la sentencia

en cuanto a la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado.

2.d.- A su turno, la doctora Roca expresa en primer lugar que adhiere a lo que

manifestó la Fiscal respecto de los agravios expresados por la defensa contra la sentencia y, en

relación a la nulidad del juicio por la participación de la querella, hace saber que en

noviembre de 2017 la Sra. B. se constituyó como querellante a través de un escrito ante

la Fiscalía y ella suscribió la presentación en carácter de patrocinante. Agrega que ella se ha

presentado en los términos del art. 1 y 2 de la resolución 275/2008 de la Procuración General

de la provincia que lee. La Sra. B. acreditó no poseer recursos para solventar su

patrocinio y por ello cuenta con la autorización de la Procuración General que está agregada

al legajo en el que se la autoriza a accionar como patrocinante de la Sra. B. como suerte

de beneficio de litigar sin gastos. En relación al tema de la presentación, la víctima lo hace

además en los términos del art. 55 del CPP. Y sin perjuicio de que la defensa no mencionó un

perjuicio concreto por alguna prueba ofrecida por la parte querellante, coincide con la Fiscal

en que actuaron en forma unificada.

Entiende que es un mecanismo de dilación del proceso por parte de la defensa al

presentar estos argumentos que se caen con la sola observación del legajo.

2.e.- Dada la palabra a la defensa, el doctor Cury aclara que no se cumplió con el

principio de oralidad, porque la fiscalía menciona que en la acusación se consignó que la

víctima era becada, pero puede advertirse que en el escrito está en paréntesis, pero en la

audiencia no se mencionó. Agrega que las pruebas se producen en el debate, no se supone

nada. La fiscalía dice que la relación de poder se infiere, pero debe probarse. Esto es

importante -alega el defensor- porque el tribunal utilizó como fundamento de la condena que

la víctima permaneció sumisa por esta circunstancia. Puntualiza con relación al tema de la

enemistad, que del testimonio de la denunciante y de su pareja surge esta cuestión, afirma que

está acreditado.

En cuanto al poder de la querella, invoca que rige el art. 208 del CPP que exige poder

especial y habla de las facultades de la víctima de ser escuchada previo a resolver el Tribunal.

2.f.- Corrido traslado a la Fiscalía de este último planteo, la doctora Giuffrida entiende

que el art. 208 no es aplicable en este caso porque habla del procedimiento por delitos de

acción privada.

2.g.- Agrega la doctora Roca que le parece que este artículo hace mención al acto de

denuncia, y hace saber que la Sra. B. denunció a través de la Fiscalía, su intervención

recién es en la instancia del control de acusación.

2.h.- Concedida la palabra a la Defensa para que exprese sus agravios en cuanto a la

determinación de la pena, el doctor Cury relata que el señor P. tuvo dos condenas, una que

está firme que es la del legajo que menciona y aclara que la fecha del hecho por el que fue

condenado en ese legajo es del 15/01/15. Posteriormente se inició este proceso en el que el

hecho imputado tiene fecha indeterminada anterior al mes de abril de 2015. Aduce que como

no está precisada la fecha de la acusación y teniendo en cuenta el principio pro homine e

indubio pro reo pudo haber sido anterior al 15/01/15. Se debe aplicar, a su criterio, una

unificación de condena. En ambos legajos se aplicó casi el mínimo de la escala por lo que

entiende que se le debió aplicar una pena unificada de ocho años y no de 12 años como se le

impuso.

2.i.- Corrido traslado a la Fiscalía, la doctora Giuffrida entiende que este agravio debe

ser rechazado. Sostiene que lo que debe tenerse en cuenta es que la sentencia de condena

firme es del 23/04/18, por lo que estamos ante un concurso material de delitos como dijo el

juez. Precisamente por este concurso material fue que P. recibió una pena menor a la que

había sido solicitada por la Fiscalía y la Querella que habían solicitado la suma aritmética de

ambas penas y por el sistema de composición el Tribunal de Juicio estableció la pena de 12

años. De este modo considera que la situación planteada por el defensor, de que el hecho

había sucedido en una fecha coetánea al del anterior proceso ya fue contemplada. Entiende

que, conforme a las pautas que valoraron los Sres. Jueces, la pena es proporcional. Solicita

que se confirme en este sentido la pena impuesta y se rechace el agravio de la defensa.

A preguntas del Juez Cardella, la Fiscal responde que la duda en cuanto a la fecha del

hecho ya fue contemplada porque se unificaron las penas con el sistema de composición.

2.j.- A su turno, la parte querellante adhiere a lo manifestado por la Fiscalía y solicita

que se rechace el planteo de la defensa y se confirme la pena impuesta por el Tribunal de

Juicio.

2.k.- Dada la última palabra a la Defensa, el doctor Cury dice que, si hubiera sido un

concurso real de esos dos delitos, el mínimo mayor es de seis años. Hace hincapié en que se

tienen que analizar la fecha de los hechos y no la de la condena por lo que entiende que se

transgredió las reglas concursales.

3.- Habiendo sido escuchadas todas las partes, el Tribunal se encuentra en condiciones

de dictar sentencia (artículo 240 del CPPRN). Luego de nuestra deliberación sobre la temática

del fallo, transcribiendo nuestros votos en conformidad con el orden del sorteo previamente

practicado, respecto de las siguientes CUESTIONES A RESOLVER:

Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto por la Defensa?, Segunda: ¿Qué solución

corresponde adoptar? Tercera: ¿A quién corresponde la imposición de las costas?

4.- VOTACION

A la primera cuestión el Juez Miguel Ángel Cardella dijo:

Corresponde analizar la admisibilidad del recurso presentado. En su escrito la Defensa

acredita que presentó el recurso en tiempo, ante la Oficina Judicial, y reúne los requisitos

objetivo y subjetivo. Para completar su presentación expresa concretamente cuáles son los

agravios que le causa la decisión judicial atacada (artículos 25, 222, 224, 228, 230, 233 y 236

del CPPRN). Por lo expuesto este recurso debe ser declarado formalmente admisible. ASI

VOTO.

A la misma cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASI VOTO.

A la misma cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASI VOTO.

A la segunda cuestión el Juez Miguel Ángel Cardella dijo:

4.1.- La participación de la Querella en juicio.

Corresponde en primer lugar resolver la nulidad planteada respecto a la participación

de la querella, ya que tiene consecuencia en la continuidad del proceso.

La participación de la víctima en el nuevo proceso penal es una consagración de las

normas constitucionales, en primer lugar, provincial según el artículo 218 inciso 2, en cuanto

a que por ley se acuerda el derecho a un particular de ejercer la acción penal y de la federal en

su artículo 75 inciso 22 (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos

Humanos), todo ello consagrado en los artículos 1, 12, 51, 52 y 53 del Código Procesal Penal

(ley 5020). En consecuencia, el querellante participa del proceso penal como una clara

muestra del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que le corresponde a la

víctima del delito.

Según la defensa, la Querella no pudo haber participado desde su constitución del

modo en que lo hizo porque, no contaba para ello con un poder notarial especial de

representación con los requisitos que establece el artículo 208 del CPP; y que, ante la ausencia

de ese poder, la Señora B. era quien solamente podía participar de la audiencia

ofreciendo prueba o realizando examen o contraexamen, según se lo apuntara su asistente

letrada.

La letrada patrocinante de la víctima sostuvo (sin que ello se haya controvertido que es

Querellante desde noviembre de 2017 e incluso cita la Resolución de la Procuración General

que regula la asistencia legal a la víctima), que acompañó a la víctima B. en cada

instancia del proceso, con la observación del Ministerio Público como contralor de legalidad.

También afirmo que siempre actuó en tándem a la Fiscalía, en la presentación de prueba; por

lo tanto, ninguna actuación puedo haber generado un agravio a la defensa.

No tengo la menor duda en afirmar, para resolver la cuestión, que la querella y su

patrocinio letrado están legal y legítimamente constituidas y ello es así en función del artículo

53 del CPPRN que indica que “La persona ofendida por el delito tendrá igualdad de

derechos y facultades que el imputado a asistencia legal gratuita provista por el Estado a

cargo del Ministerio Público y podrá solicitar que sean ejercidos por una asociación de

protección o ayuda a las víctimas, sin fines de lucro, cuando sea más conveniente para la

defensa de sus intereses” (Además con motivo de haber escuchado la declaración en juicio de

la Señora B., ella ratificó el patrocinio a la Abogada Roca --minuto 29 de la primera

jornada de juicio día 3 de septiembre de 2018--).

En consecuencia, la nulidad carece de todo sustento fáctico y jurídico, porque la

norma que invoca el defensor se ajusta al procedimiento de delitos de acción privada en forma

exclusiva y no es aplicable para otro tipo de delitos (como lo señalara la señora Fiscal).

Incluso el ejemplo dado por el defensor, en que era la Señora B. quien debía hacer las

preguntas en juicio (previa indicación de su asistente técnica), se da de bruces con el ejercicio

profesional de la abogacía, cuya función es “abogar” por los intereses del representado

hablando en su nombre y a su favor, tarea que hizo la profesional Ailén Roca.

Por ello, la petición de nulidad sobre la participación del patrocinante de la Querella

debe ser rechazada.

4.2.- Respecto al planteo de la congruencia en la acusación.

Según la defensa hay un desfasaje entre el hecho de la acusación producido en la

audiencia de control, su auto de elevación y el alegato de apertura de la fiscalía en el juicio,

porque se agregaron –en contra de los intereses de la defensa--, hechos como que la víctima

estaba becada, que había una relación de poder entre víctima y victimario.

El auto de apertura a juicio del día 21 de mayo de 2018, indica que la acusación

presentada contra, J. D. P., es por el siguiente hecho: “ocurrido en el salón de la

Unidad Básica, ubicado frente a la Comisaría 33 de Allen, en fecha no precisada con

exactitud, pero anterior al mes de Abril de 2015, aproximadamente al medio día. En dichas

circunstancias de tiempo y lugar, J. D. P., que en ese momento era funcionario

municipal y referente de la agrupación política "Unidos por vos" de la ciudad de Allen, abusó

sexualmente de P. A. B., accediéndola carna lmente por la vagina. En la

oportunidad, P. trasladó a B. (quien en ese momento realizaba tareas de limpieza en

el Polideportivo Municipal como becada) hacia el salón partidario referido para que realice

tareas de limpieza. Una vez en el lugar, P. cerró la puerta con llaves, la tomó con sus

brazos y luego de manifestarle "para esto te quería", se bajó los pantalones, la agarró de los

pelos y de la cabeza con sus dos manos y le dijo "chupamela" apoyándole el pene en la boca.

Posteriormente y mediante el uso de la fuerza, le bajó la calza que la víctima vestía y la

penetró con su pene vía vaginal eyaculando dentro de ella, al tiempo que decía "ojalá que

quedes embarazada"; el que fuera calificado adecuadamente como -ABUSO SEXUAL CON

ACCESO CARNAL, en los términos del art. 119 tercer párrafo del C.P., en carácter de autor

-art. 45 C.P.” --La acusación se ajusta al artículo 168 inciso del CPPRN, ya que el juez

dispone cual es la acusación admitida y a la Acordada 6/2018 que en su artículo 5to señala “El

auto de apertura a juicio debe ser instrumentado por escrito por el Juez que lleva adelante la

etapa intermedia y debe contener la acusación admitida--

En el alegato de apertura la Fiscalía, según la sentencia, “... explicó el hecho

incriminado en los mismos términos en que fuera admitido en la audiencia de control de

acusación, refiriendo que a lo largo de la audiencia probaría la responsabilidad penal del

imputado J. D. P., motivo por el cual pediría su declaración de culpabilidad penal

como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal. Luego hizo referencia al objeto de

las pruebas que se producirán en el juicio”.

Debo decir que no se corrobora el agravio presentado por dos motivos.

El primero porque esa situación no fue plantea en el momento del juicio. Doy

precisión a la afirmación. Si la defensa entendía que en el auto de apertura a juicio el hecho no

era coincidente con lo discutido en la audiencia respectiva, tenía caminos previos que iban del

pedido de una audiencia –antes del juicio--, expresando la situación que lo escrito no reflejaba

lo oralizado, y haciendo reserva de impugnación u objetar el alegato de apertura de la fiscalía,

porque describía circunstancias de tiempo, modo y lugar que no había sido debatido en la

audiencia de control de la acusación. Como nada de eso sucedió el momento de establecer un

agravio ha precluido.

Según la doctrina “si no se objeta cuando corresponde o por los fundamentos correctos

y detallados, se entenderá que se ha renunciado a hacer el planteamiento en certiorari o

apelación. El error de no objetar puede traer consecuencias graves para los derechos de su

representado” (González Postigo, Leonel y Emmanuelli Jiménez, Rolando. Reglas de

Evidencia en Puerto Rico … página 53, Editorial Centro de Estudios de Justicia de las

Américas, CEJA. Chile 2018).

La defensa sostiene que la sentencia refleja situaciones de hecho que debieron

exponerse en la acusación y como no figuran allí violentan el derecho de defensa, centrando

en que B. era becaria de la municipalidad y que P. ejerció sobre su víctima una

relación de poder.

Esas situaciones se generaron en el propio juicio, y en ningún momento la defensa

acredita que se haya objetado el ingreso de esa información, así esa situación resulta de los

testimonios de la propia víctima, de su pareja G., y del Asesor legal del Ministerio de

Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, Ismael Dalmau que informó que la Señora

B. fue beneficiaria de una beca de capacitación y prestaba servicios en el Municipio de

Allen (ello según la sentencia que no fue cuestionada desde la defensa).

Este planteo no es presentado en el momento procesal oportuno, este no es el

momento para impugnar una decisión jurisdiccional, porque carece del correspondiente

agravio (artículo 224 CPPRN). “TI en V.-MPF-BA-00031-2017”.

El segundo motivo es que, le asiste razón al Ministerio Público Fiscal por la ausencia

de expresión de dicho motivo en el contenido de la impugnación, ello es así porque no

estamos en un proceso de recursos sorpresivos. La parte que impugna tiene el deber de

anunciar en forma previa que va a debatir, sobre qué proposiciones se asienta su agravio. Esa

comunicación previa, de la impugnación es la base del contradictorio y su finalidad es que las

partes brinden la mejor y mayor información de calidad al Tribunal, por eso motivo no es una

audiencia que se trata cualquier agravio, sino los presentados en el momento procesal

oportuno. En el caso concreto no puede la defensa técnica desarrollar nuevas

argumentaciones, introducidas sin el previo aviso. El único que puede introducir motivos

nuevos es el imputado, solo a esa persona se le permite esa ampliación (artículos 236, 238 y

239 del CPPPRN). Es decir, la fiscalía no sabía que iba a realizarse un planteo sobre la

congruencia de la acusación, sin embargo, la Señora Fiscal pese a ello, refutó el agravio.

En conclusión, el agravio no se acredita y debe ser rechazado.

4.3.- La credibilidad de la víctima y su develamiento a terceras personas.

La defensa plantea que la Señora B. cuando habló con otras personas solo hizo

referencia a que fue abusada, sin ninguna otra descripción (la víctima no habló concretamente

en consistió ese abuso). Además, que durante su declaración en juicio expresó que no sufrió

violencia física y como tampoco sus ropas. Y agregó que existe una cuestión de enemistad

entre la víctima y el imputado, que es el motivo de la denuncia, que ello surgía de la

declaración de B. y de su pareja.

Tengamos en cuenta que la Señora B., declaró en juicio con la obligación de

decir la verdad --bajo pena de la figura penal que prevé el artículo 275 del Código Penal-- y

además de responder al examen y contraexamen de las partes.

La sentencia deja constancia de la declaración de la víctima del siguiente modo (paso a

reproducir los aspectos de la declaración sobre los agravios de ausencia de violencia,

enemistad y no descripción del abuso a un tercero –sobre la cual el impugnante no indicó que

esa exposición transcripta fuera errónea o arbitraria--),

“P. A. B., vive con su marido E. G. … Refiere que conoció

al imputado en el año 2014 por el trabajo. Ella en ese entonces vivía en General Roca y fue a

Allen por unos trámites, se encontró con un señor, C. M., quien le dijo que iba hacer

campaña por el justicialismo, preguntándole si quería trabajar con ellos. Le dijo que sí, pero

vivía en Roca.

... Ella les manifestó que lo que necesitaba era un trabajo. Hasta ese momento ella estaba

trabajando en Roca, pero tuvo que dejar porque no tenía quien le cuidara a las nenas. Fue a

averiguar a la Guardería Municipal para llevar a las nenas pero le dijeron que ya no había

lugar.

P. le preguntó cuántos lugares necesitaba en la guardería y ella le dijo que tres.

Inmediatamente él llamó por teléfono al Secretario de Desarrollo Social y al otro día sus

hijas estaban anotadas en la guardería Topo Gigio, la misma donde le habían dicho que ya

no tenían lugar.

… Después se empezaron a frecuentar, él iba a su casa, ella a la suya, a tomar mate, cuando

ella iba estaba la señora de P., iba con su marido, con su pareja, iban siempre juntos a su

casa. Al tiempo P. le dijo que había salido una beca, que tenia que trabajar cuatro horas.

Apenas le dijo fue al Municipio a que le tomaran todos los datos, fue a la Secretaría de

Cultura y le dijeron que tenía que ir a limpiar el Polideportivo. Al otro día empezó a trabajar.

Iba todos los días cuatro horas. Le pagaban 2.700 pesos mensuales por intermedio del cajero

del banco. Tuvo que llevar fotocopias de su documento y el curriculum.

… Aquí debo acotar lo siguiente: .hasta este momento la declaración de la víctima, pese a su

bajo tono de voz, fue bastante fluida. Ello cambió notoriamente cuando la Sra. Fiscal le

preguntó puntualmente por la situación de abuso. Aquí se produjo un quiebre en su

disposición anímica, con largos silencios, entre lágrimas y visiblemente avergonzada. De esa

manera fue diciendo que después del trabajo fue a ver a P. al Municipio. Por esos días ella

se había separado de su pareja. Fue a verlo porque no tenía mercadería. Pidió hablar con él

en la mesa de entradas.

Cuando P. bajó le dijo que tenía que ir a limpiar la Unidad Básica, porque tenían una

reunión y que él la llevaría. Fueron los dos en la camioneta del imputado. Cuando llegaron

la Unidad Básica estaba cerrada pero él abrió con la llave.

Entraron y él cerró con llave y sacó la llave de la puerta. Le mostró donde supuestamente

tenía que limpiar. En este punto el relato cortado y pausado se toma sumamente dificultoso,

la testigo llora y se tapa el rostro con sus manos. El presidente hace una pausa y la invita a

tomar agua. Al cabo de algunos minutos continúa expresando que se fueron para atrás,

indicando las dependencias del lugar, un baño, la cocinita, una pared y dice: "...él me apoyó

contra la pared, se bajó los pantalones y me agachó, me decía que yo le gustaba, como que

yo lo impacté desde que me conoció, como que yo lo deslumbré y que hace rato que venía con

ganas de hacer esto. Quería que le haga sexo oral. Pero como yo no abría la boca ni nada

me levantó de la ropa y me hizo parar. Me empezó a dar besos por todos lados [se toca el

cuello y me decía que yo le gustaba, que era capaz de dejar su niño por mi. Ahí le bajó la

ropa y la penetró, por la vagina. Cuando eyaculó me dijo "ojalá que quedes embarazada".

Después de eso se acomodó la ropa y se fue".

Continuó diciendo que de la Unidad Básica directamente se fue a su casa, vivía a dos

cuadras, era el mediodia. Cuando llegó se sacó la ropa y la tiró a la basura, también se

bañó.-

En palabras del Superior Tribunal de Justicia “Sabido es que en este tipo de delitos

“entre paredes” generalmente la prueba de la autoría del imputado tiene su fundamento

principal en la declaración de la propia víctima, pero esta debe encontrar corroboración en

prueba indiciaria conteste, que le provea de modo independiente certidumbre a lo referido

(“E.” 24-7-14 y “L.” 9/6/15). Por ello es que el “problema que plantea la

existencia de un testigo único a los efectos de pronunciar una condena no es de orden legal

(pues no existe prohibición al respecto), sino lógico-jurídico, dado que exige una motivación

sólida que desbarate el principio de inocencia” (“A.”).

En ese sentido transcurre este decisorio de los agravios planteados, porque frente a los

delitos de violencia contra una mujer, los jueces debemos resolver con perspectiva de género,

“como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de los hechos y de las pruebas

del caso, parte de la consideración de la situación de discriminación en que se hallan las

mujeres y ha sido concebida por un sistema normativo que obliga a la adopción de políticas

públicas a las que el Poder Judicial no es ajeno (“C.” del Superior Tribunal de Justicia

de la provincia de fecha18/4/2018).

4.3.1.- Sostiene, también, la actual defensa que la Señora B. declaro que sus

ropas no fueron violentadas, y en este punto la refutación de la Fiscalía es muy contundente al

sostener –con razón--, que la figura delictiva ya no requiere de violencia contra la persona o

sus ropas. Ahora la figura penal protege a la persona en su autodeterminación sexual, su

libertad de rechazar o aceptar una relación. De tal modo no constituye un agravio el estado de

la ropa sino lo que ha declarado la víctima en juicio y como su declaración se acredita con el

universo externo del resto de evidencias e indicios.

A ello debemos sumarle al estar frente a un delito contra la integridad sexual, tiene

como referencia el marco normativo sobre la amplitud y libertad probatoria, dispuesto por la

ley 26485 (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer --a la que adhirió

la Provincia de Rio Negro mediante ley n° 4650--), donde se indica poner especial énfasis en

el testimonio de la víctima. Esta norma en su artículo 1º indica que es de orden público y en

su artículo 16 establece los derechos y garantías mínimas por los cuales el Estado deberá

garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial los siguientes derechos y

garantías, como por ejemplo: (i) A ser oída personalmente por el juez; (ii) A que su opinión

sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte; (iii) A la protección

de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones; (iv) A participar en el

procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa; (v) A recibir un trato

humanizado, evitando la revictimización; (vi) A la amplitud probatoria para acreditar los

hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan

los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. El sistema se integra con la ley

23179 "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

Mujer", con la ley 24632, que aprueba la "Convención Interamericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer" - "Convención de Belem do Pará" que,

en su artículo 7º inciso 'g', establece como obligación generar mecanismos judiciales

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y con la

ley 26171, que aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptado por la Asamblea General de la

Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

4.3.2.- Continuo en el análisis del agravio de la enemistad de B. (víctima) con

P. (el imputado), según lo propone la defensa. Para lo cual indico que habrá agravio en la

medida que el tema fue puesto a consideración del Tribunal de juicio, y sobre lo cual

corroboro que en el contraexamen el defensor de entonces, no trata la cuestión.

La sentencia da cuenta de ello,

“A preguntas de la Defensa manifiesta que en la Secretaría de Hacienda del Municipio de

AlIen, que es donde estaba P., el Secretario era S., a quien conoció solamente de

vista. Por lo que conoció de P. y por lo que él le contaba, por situaciones que ha

presenciado, llamadas telefónicas más que nada, P. tenía mucha más autoridad que

S. y en algunos casos más que la propia intendenta; muchas de las decisiones de la

intendenta eran en conjunto con él. Hace referencia nuevamente al caso de la guarderia,

cuando P. llamó por teléfono al Secretario de Desarrollo Social y no le preguntó si había

lugar sino que directamente le dijo que necesitaba tres lugares para el otro día yeso no lo

hace un simple chofer, un chofer no tiene esa autoridad.-

Preguntada si por esa época supo de alguna chica en la misma situación, contesta, que por

una chica no, pero por el marido de una sí. Estando trabajando en el Polideportivo había dos

hombres que hacían el mismo trabajo que ella, en una oportunidad su marido fue a buscarla

al trabajo y uno de esos dos hombres le dijo que tuviera cuidado con su mujer. Antes de sufrir

el abuso en la Unidad Básica no tuvo ningún acoso por parte del imputado. Aclara que la

camioneta de P. era roja, marca Fiorino ó Partner. P. le había dicho que iba a tener la

beca por seis meses y que después la iban a contratar. La beca era de la provincia y no sabe

cómo era la contratación posterior porque nunca la llegaron a contratar.

Preguntada al respecto manifiesta que cuando la deponente hizo la denuncia por este hecho

P. seguía trabajando en la misma función. Luego dice que en realidad no está segura,

porque después de agosto que la dejaron sin trabajo ella se desvinculó del mundo, no

escuchó más la radio, no sabe si él seguía trabajando ó no. Por lo que dijo la intendente cree

que cuando hizo la denuncia P. se había desvinculado una semana antes. Después que

salió el tema de T. ella habló con la intendenta públicamente porque dijo que se iba a

hacer cargo de todas las situaciones, y a ella la habían dejado sin trabajo. En esa

oportunidad le recriminó a la intendenta que si ella se hacía cargo de todo, como decía, por

qué nunca la había atendido las veces que se lo pidió. La intendenta le dijo que no sabía, que

no se acordaba de su cara.-

Insiste la testigo en el poder que tenía P., tanto en Allen como en Viedma. Él llamaba y

decía hay que hacer tal cosa.-

A otras preguntas de la Defensa la testigo contesta que el local de la Unidad Básica donde

ocurrió el hecho se encuentra frente a una comisaria que ese día funcionaba con normalidad

porque era mediodía. A continuación el Señor Defensor expresa: "usted le describió el triste

episodio que se investiga a la Fiscal y a la Dra. Ailén Roca, yo le voy a preguntar si en

relación a ese triste episodio usted en algún momento pudo insinuar aunque sea alguna

resistencia, frente a una persona que le exigía determinada conducta?", a lo que responde:

"que sí, sino no estaria acá. Usted vió la capacidad de él [al tiempo que abre sus brazos y el

Defensor dice: "es gordo"], yo en ese momento era mucho más delgada y estaba pasando por

una situación emocional y lo único que estaba pensando era en mi trabajo y la verdad, no

pude defenderme, es más grande, me apoyó contra la pared y me tenía agarrada". Luego el

señor Defensor pregunta: "¿fue sorpresivo?" y ella responde: "y sí". Seguidamente la Sra.

B. describe como estaba vestida en el momento del hecho. Pregunta el asistente técnico

si alguna de sus prendas resultó con alguna rajadura o con algún daño?, respondiendo ella

que no. Preguntada si resultó con alguna lesión en ese momento, y también responde que no.

Manifiesta que cuando salieron del local él cerró con llave y se la llevó. Ella se quedó afuera.

Él agarró su camioneta y se fue. Preguntada si cuando salió tuvo algún obstáculo ó

impedimento para acercarse a la comisaría?, responde: que no, no fue por el poder que él

tenía, por conservar la beca. Hizo una denuncia por amenazas y la comisaría que

supuestamente la tenía que resguardar lo llamó por teléfono a él, "qué lo iba a denunciar

acá, si es la misma comisaría".

La Fiscal en su refutación de este agravio de enemistad entre la víctima y su pareja

contra el imputado, dijo que en la sentencia se dejó constancia que

Preguntado por la relación que tenia con la Sra. B., manifiesta que a él le avisaron que

había una familia muy mal, que tenia nenas, que estaban pasándola muy mal. Fue y averiguó

que era cierto. Tiene gente conocida donde ella vivía, a mitad de cuadra.

Entonces le trataron de conseguir mercaderías, ropas. A lo último, siempre fue muy prudente

en esas cosas, le dijo vayan a mi casa, si no estoy mi señora los va a atender. Tenía buena

relación con ella. Es más, para él hoy sigue siendo una buena persona, lo que está haciendo

o deja de hac er en su vida es problema de ella, para mí sigue siendo una buena persona.

Preguntado si había tenido algún problema con la señora B.?, contesta: "jamás tuve

problemas con ella, jamás".

4.3.3.- Dice también la defensa que el marido de la víctima durante el juicio se expresó

en forma de enemistad con P. Observe este video para corroborar la transcripción que

realiza la sentencia que se ajusta a la declaración, dejando constancia del siguiente modo,

“E. G. G.: Se trata de la pareja [concubino] de la Sra. P. A.

B., con la que está relacionado hace 14 años y con la que tiene cinco hijos. Dijo que es

chapista y que conoció al imputado a través de un puntero político radical de AlIen, C.

M. Para ese entonces ellos vivian en un departamentito que alquilaban en el barrio

Norte de AlIen. C. M. fue a su casa y les pidió que les juntaran gente para las

elecciones, que él les iba a dar una mano. A los pocos días se presentó P. y le prometió un

trabajo a su señora, le dijo que le iba a conseguir trabajo en el Municipio. Primero le dio

una beca y le dijo que después de tres meses le daría un trabajo fijo. Ella primero entró a

trabajar en el Polideportivo. No conseguían donde dejar las nenas, pero P. llamó por

teléfono y enseguida consiguió los tres lugares.

… Con relación al estado emocional actual de su señora expresa que es bastante cambiante,

por ahí está bíen, por ahí está retraída, tiene días buenos y días malos. Antes era muy

imponente en su forma de actuar, en su forma de ser, ahora ya no es como antes, está más

cabizbaja.

A preguntas de la Dra. Roca manifiesta que en ese momento no hubo nada que los hiciera

sospechar de la conducta de P.. Después que pasó todo esto se enteraron de varias cosas.

Un empleado del polideportivo le dijo que la mujer fue abusada por P., no le dijo qué tipo

de abuso. Este hecho le ha traído muchas complicaciones en su vida personal y en el aspecto

sexual de pareja. Ella cambió mucho, es más retraída y genera más espacio entre ellos. No

sabe si después del hecho P. intentó algún contacto con ella. Al ser preguntado que le dijo

ella a los periodistas?, contesta: que no lo recuerda "me bloquee la cabeza", ella utilizó la

palabra abuso y estaban hablando del imputado P..-

Preguntado por el Sr. Defensor manifiesta que por lo que dijo ella en esa ocasión [con los

periodistas] se trataba de abuso sexual, pero a él no le dio detalles de lo ocurrido.

Finalmente, al ser preguntado si le ha pedido alguna explicación a P., contestó: que no,

"para eso está la justicia".

A pedido de la defensa controlamos estas declaraciones, en su reproducción por escrito

que se ajusta a la prestada en la audiencia de juicio, y no se consta ninguna enemistad entre

G. y P. que le quite credibilidad a la declaración de primero de ellos, y corroboro la

ausencia de los agravios que expone la defensa.

4.3.4.- Sobre la declaración del testigo Ch. y qué le dijo la víctima, al transmitir

lo del abuso. Según la sentencia este testigo expresó,

E. R. Ch.: Periodista de Radio "Líder" de Allen, hace 27 años. Expresa

que la señora B. apareció en un momento a la radio, a contar que estaba viviendo una

situación conflictiva, no recuerda si le dijo abuso o violación, y quería que se difundiera,

para que la gente conozca, porque se trataba de una persona que estaba en una dependencia

Municipal, que tenía cierto poder politico y sobre ella porque estaba con una beca. Le

dijeron que antes de hacerlo público tenía que hacer la denuncia en la Fiscalía. Regresó y le

dijo que fue a la Fiscalía de Allen, pero la Fiscal no estaba. Entonces él no recuerda con

quien habló y la atendieron cerca del mediodía. Después de eso la Sra. B. le dijo que le

habían recibido la denuncia pero tenía que volver el lunes porque no andaba la impresora, lo

que motivó que a la tarde el deponente tuviera que hablar con la Fiscal. Al ser preguntado si

le dijo la Sra. B. quién era la persona que había abusado de ella, contesta: que si, que

había sido P.. … Siempre se dijo que P. era un jefe de Ordenanzas y por la forma de

actuar parecía que tenía influencias sobre el Gobierno. Tiene entendido que después por todo

este problema lo dieron de baja del Municipio. ... Parece que si ella no accedía a cosas le

quitaban la beca, eso era un poco lo que decía. ... Al ser preguntado cómo notó

emocionalmente a la Sra. B. cuando se presentó en la radio, contesta: que mal,

presume que tenía miedo por estaba denunciando a una persona que aparentemente ejercía el

poder en el gobierno, del que ella dependía laboralmente”.

En audiencia el testigo habló de abuso o violación, no surgiendo con claridad la

conducta de P. hacia B., sin embargo la valoración del Tribunal de juicio apuntó al

desempeño e injerencia de P. en gobierno municipal y el estado emocional de la víctima.

La defensa planteo, entonces, que no se sabe de cómo fue el abuso, en qué consistió y

de ese modo pierde credibilidad aquel comentario y en consecuencia no se acredita que

estemos hablando de un acceso carnal. La sentencia es muy clara, porque la testigo víctima

da detalles circunstanciados de cómo fue el hecho, de como fue la conducta delictual de P..

La señora B. cuenta como fue abusada sexualmente con acceso carnal y esa experiencia

le transmite a su interlocutor cuando le dijo que había sido abuso igual que su compañera de

trabajo T. y –repito-- ese era el momento de la defensa, de poder contraexaminar de

poner en evidencia que le dijo concretamente. En conclusión la víctima fue clara y precisa en

su declaración sin que melle su credibilidad haberle brindado detalles del hechos al testigo

Ch.

El fallo afirma que esa declaración de B. encuentra plena credibilidad al sostener

que,

Aquí, los dichos de la víctima se encuentran avalados por la totalidad del plexo probatorio

que ya ha sido detalladamente reseñado. Desde los periodistas que entrevistaron a la Sra.

B. (O. y Ch.), quienes destacaron el rol del prevenido en el gobierno

municipal, y el estado emocional de la víctima al tomar contacto con ellos; siguiendo por los

dichos del concubina de la víctima (E. G.), corroborando la situación

económica y familiar que estaban atravesando el tiempo del hecho, así como la dependencia

que tenían con el prevenido y el silencio de su pareja. La Dra. Celina Vermal, explicando la

pericial psiquiátrica realizada a la víctima; el hallazgo como secuela del hecho traumático

de una crisis matrimonial (porque al marido le resultó muy difícil enterarse y aceptar el

abuso). Dando cuenta que en el contenido del relato de la víctima no observó signos de

simulación ni contradicciones, que impresionaba como un discurso auténtico; destacando la

notoria asimetría entre la víctima y el imputado, así como la situación de vulnerabilidad que

padecía la Sra. B. por necesidad económica, lo que también explica el silencio

posterior. Finalmente la Lic. Sara García, que en su condición de Psicóloga del Cuerpo

Médico Forense del Poder Judicial, destacó los rasgos de personalidad del prevenido:

tendencia a la manipulación, que intenta manipular todo lo que se encuentra a su alrededor

para conseguir lo que quiere; que tiene tendencia a la victimización [como puso de relieve al

momento de ejercer su defensa material]; el mal manejo de sus impulsos, personalidad

explosiva y peligrosa, con tendencia a pasar al acto sin evaluar las consecuencias. Dándole

una connotación política a la denuncia, tal como reiteró también durante el presente juicio.

En fin, todos estos elementos avalan y dan sustento probatorio a los dichos de la víctima,

permitiendo tener por certeramente acreditada la teoría del caso de la Fiscalía”

En suma, el punto de la enemistad, abuso y violencia, tampoco fue una cuestión

sometida a valoración del Tribunal de juicio –tal como surge de los alegatos de apertura y

cierre de la defensa--. El agravio no puede plantearse en este momento procesal (audiencia de

impugnación) al no contar con la base necesaria de indicar que fue una cuestión propuesta en

el juicio y mal resuelta por el Tribunal de juicio.

Por lo tanto, los agravios carecen de sustento y son rechazados.

4.4.- Respecto al agravio sobre la pena.

El fallo que impone la pena, señala,

“… Asimismo, resulta procedente la unificación de penas peticionada, en los términos de los

arts. 55 y 58 del CPenal. En efecto, conforme a la documental acompañada, J. D.

P. el 23/4/2018, mediante sentencia que se encuentra firme, fue condenado en el legajo

MPF-RO-1595-2017, a la pena de SEIS AÑOS y SEIS MESES de prisión, accesorias legales

y costas, como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y coacción en concurso

real (arts. 33 45,55, 119,3° párrafo y 149 bis, 2° párrafo del CPenal), ocurridos en la

localidad de Allen el día 15 de enero de 2015. Como se advierte, entre estos hechos y el

juzgado en la presente causa media un verdadero concurso real de delitos. En tal caso, por

los argumentos anteriormente expuestos y conforme al sistema de la composición de penas,

considero justo y equitativo que se le imponga en carácter de pena única la de DOCE (12)

Años DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, estimando que

ella resulta adecuada a los fines de la resocialización del imputado”.

La sentencia explica el motivo de la aplicación del artículo 55 del Código Penal, según

el cual, “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma

especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como

máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”,

frente a la acreditación de una sentencia de condena previa firme, le correspondía al Tribunal

de juicio la unificación de una pena única cuando se juzga a la misma persona que esté

cumpliendo pena por otro hecho distinto artículo 58 del Código Penal, al que se encuentra

sometida a sus efectos (marzo de 2018), por cuanto todavía no había transcurrido el término

fijado por el artículo 27 del Código Penal (“si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena

impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito,

conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas”).

El Superior Tribunal de Justicia al respecto sostiene que “La doctrina nacional suele

llamar unificación de penas a todos los supuestos en que debe condenarse por un delito

después de una condena por la que el sujeto cumple pena. Es verdad que en todos estos casos

(que son los contemplados en el art. 58) se produce una unificación de penas construyéndose

una pena total, pero en el caso de que la unificación de penas tenga lugar por mediar un

concurso real, cuya única particularidad es que fueron distintos los procesos en que se

juzgaron los hechos, la unificación de penas es consecuencia de una unificación de

condenaciones: así como en el concurso real de los arts. 55, 56 y 57 hay una única

condenación, también la debe haber en los casos en que hayan sido dos o más las sentencias

condenatorias recaídas todas sobre delitos cometidos antes de la primera. En otras palabras:

en el concurso real se aplica una pena total por una única condena (arts. 55, 56, 57) o por

única condena unificada (una hipótesis del art. 58); en las restantes hipótesis permanecen

todas las condenaciones, unificándose únicamente las penas en una pena total (otra hipótesis

del art. 58) … (STJ SP 45/08 “R., J. A. s/Queja” expte n° 22701/07).

Además, este Tribunal de Impugnación sostiene que la audiencia de imposición de la

pena es un juicio (C.-Legajo MPF-VI-00365-2017, M. MPF-BA-00052-2018,

B.-MPF-VI-01589-2017), y es allí donde debió presentarse la cuestión que se trae como

agravio, porque al no estar presentado y contradicho con la otra parte el Tribunal de juicio no

se expidió, entonces no hay un motivo para agraviarse. Vuelvo a insistir el agravio no puede

plantearse en este momento procesal (audiencia de impugnación) al no contar con la base

necesaria de indicar que fue una cuestión propuesta en el juicio y mal resuelta por el Tribunal

de juicio. Porque este Tribunal no va a realizar un nuevo juicio de cesura, estamos para revisar

el fallo que aplica la condena. No está acreditada ninguna arbitrariedad y tampoco una

violación constitucional o convencional para nuestra actuación.

El agravio no puede prosperar por cuanto se observa la clara aplicación de la

legislación en la imposición de la pena y sin que la defensa se haya agraviado por su

proporcionalidad, agravantes y atenuantes, demostrando arbitrariedad en esa decisión.

4.5.- Este Tribunal de Impugnación realiza una revisión integral de hechos y derechos

y de las evidencias incorporadas durante el juicio en la sentencia. Se fiscaliza el desarrollo y

fin del juicio (audiencia y sentencia), pero de ningún modo se recrea su repetición. No se trata

de realizar un segundo juicio sobre el fondo. El o los agravios que proponer la parte contra la

sentencia deben indicar, si la decisión jurisdiccional de condena incurre en errores,

arbitrariedades o durante el juicio se afectaron derechos. Pone en debate la existencia de un

juicio justo.

Entonces frente a una sentencia condenatoria el imputado y su defensa técnica tiene el

derecho a un recurso que, es la revisión sobre la sentencia y la regularidad de los actos

procesales mínimos que se deben cumplir para llegar a una decisión válida. Esos actos

procesales son todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal de juicio (punto 167

del fallo Herrero Ulloa CIDRH) y “en particular, considerando que la Convención Americana

debe ser interpretada teniendo en cuenta su objeto y fin, que es la eficaz protección de los

derechos humanos, la Corte ha determinado que debe ser un recurso ordinario, accesible y

eficaz, que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido, esté al alcance de toda

persona condenada y respete las garantías procesales mínimas: … d) Recurso que permita un

examen o revisión integral del fallo recurrido: debe asegurar la posibilidad de un examen

integral de la decisión recurrida. Por lo tanto, debe permitir que se analicen las cuestiones

fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la

actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la

aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una

errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del

recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia

condenatoria. De tal modo se podrá obtener la doble conformidad judicial, pues la revisión

íntegra del fallo condenatorio permite confirmar el fundamento y otorga mayor credibilidad al

acto jurisdiccional del Estado, al paso que brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del

condenado” (Norin Catriman CIDH punto 270).

4.6.- En conclusión, los agravios no sortean los escollos de acreditar su existencia para

poner en crisis el fallo que cuestiona. Por lo tanto, propongo declarar admisible desde lo

formal la impugnación presentada y no haciendo lugar a la misma, y en consecuencia

confirmar la sentencia condenatoria dictada contra J. D. P. DNI. N°.... ASI

VOTO

A la misma cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

Adhiero al voto del Juez Cardella por compartir los argumentos expuestos y la

solución que propone en el caso bajo análisis. ASI VOTO

A la misma cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

Atento a la coincidencia manifestada entre los Jueces preopinantes, me abstengo de

emitir opinión. ASÍ VOTO.

A la tercera cuestión el Juez Miguel Ángel Cardella, dijo:

Las costas deben ser impuestas a J. D. P., según el artículo 266 del CPPRN,

al resultar ser la parte vencida, y regular los honorarios profesionales al abogado Alfredo

Andrés Cury en la suma de 15 Jus (ley G n° 2212), por su labro desplegada en esta etapa de

impugnación. ASI VOTO

A la misma cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

Adhiero al voto del Juez Cardella. ASI VOTO

A la misma cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

Atento a la coincidencia manifestada entre los Jueces preopinantes, me abstengo de

emitir opinión. ASÍ VOTO.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESUELVE:

Primero: Declarar en lo formal admisible la impugnación deducida por la Defensa de J.

D. P..

Segundo: Rechazar el planteo de nulidad contra la actuación en este proceso de la parte

Querellante.

Tercero: No hacer lugar a la impugnación interpuesta por la Defensa y consecuencia

confirmar la sentencia condenatoria dictada contra J. D. P. DNI. N° .....

Cuarto: Imponer costas a J. D. P. (artículo 266 del CPPRN), al resultar ser la parte

vencida, y regular los honorarios profesionales al abogado Alfredo Andrés Cury en la suma de

15 Jus (ley G n° 2212), por su labro desplegada en esta etapa de impugnación.

Quinto: Registrar, protocolizar y notificar.
Firmado por los jueces, Dres. Miguel Ángel Cardella, María Rita Custet Llambí y Adrián Fernando Zimmermann.
Protocolo N°52.