Fallo Completo STJ

VII.c) Desvalorización venal.

Afirma el actor que el vehículo ha sido afectado en cuanto a su valor de reventa, debido a los daños sufridos con motivo del accidente, calculando el rubro en un equivalente al 15% del valor del vehículo ($ 162.750) al momento de la demanda.

Tengo acreditado que el vehículo sufrió daños, pero ello por si no acredita que haya sufrido una pérdida de valor venal.

Considero que la indemnización por la disminución del valor venal de un vehículo, no se presume y debe ser adecuadamente probada.

Para que prospere el rubro reclamado, debe haberse acreditado que el automotor ha sufrido daños de tal entidad que realmente disminuyan su valor de reventa, es decir daños estructurales en el automotor, o una reparación defectuosa.

El perito mecánico informó que "Para la desvalorización que sufrirá el vehículo Chevrolet Onix luego de producida la reparación, se debe tener en cuenta que en una colisión como la producida, pueden producirse detalles observables a simple vista, incluso por personas carentes de conocimientos técnicos en la materia. El desajuste en el ensamblaje de los distintos paneles, el cambio en la coloración o el brillo de la pintura (aplicados con métodos diferentes a los empleados en las fábricas terminales), como así vicios corrientes que suelen advertirse en vehículos cuyos desperfectos han sido reparados y a pesar de ello persisten como secuelas del accidente, son elementos a tener en cuenta. En esos casos la venta del automotor suele verse dificultada ante la desconfianza del eventual comprador, que teme las futuras consecuencias de los daños sufridos tales como: Corrosión, ruidos parásitos, resquebrajaduras de las capas de masilla, etc.".

Determina el perito un porcentaje de pérdida y/o desvalorización de la unidad, en el orden del 10%, según costos de reparación y valor de mercado de la unidad usada de iguales características.

La parte demandada impugnó la conclusión del perito en lo que hace a este punto.

Manifestó la demandada "Sostiene el perito oficial que el vehículo de la actora sufriría una desvalorización venal del 10%, afirmación que carece de fundamentación absoluta. No solo el porcentaje estimado no se encuentra justificado sino que tampoco se explica porque luego de una adecuada reparación por un profesional idóneo, y teniendo en cuenta que los daños son menores, localizados y no afectan partes estructurales del vehículo, como sería posible que ello fuera detectado o percibido por un eventual comprador en caso de reventa".

Resalta la demandada que el perito estima el cambio completo de las puertas, guardabarros, etc. por lo que los daños se encuentran localizados en esas piezas, las cuales serán cambiadas, así como las supuestos desajustes de paneles o resquebraduras de masillas que podrían advertir un comprador, no existirían pues las piezas se cambiarían en su totalidad.

A ello el perito respondió "En lo referido a la desvalorización venal del rodado del actor, tal como se refirió en el informe presentado, El desajuste en el ensamblaje de los distintos paneles, el cambio en la coloración o el brillo de la pintura (aplicados con métodos diferentes a los empleados en las fábricas terminales), como así vicios corrientes que suelen advertirse en vehículos cuyos desperfectos han sido reparados y a pesar de ello persisten como secuelas del accidente, son elementos a tener en cuenta. Estos vicios o detalles pueden ser detectados con facilidad a simple vista por personas aún carentes de conocimientos técnicos en la materia". Pudiéndose observar una reiteración de los argumentos dados en la pericia, sin profundizar en detalles.

Sin perjuicio del informe del perito, el mismo no se ha referido específicamente al vehículo siniestrado en autos, sino que emite conceptos generales de los que pudiera suceder con la venta de un automóvil que ha sido reparado. No señala concretamente cuales son los desperfectos que harían perder valor al vehículo del actor. Más aún, el perito no ha informado que las reparaciones pudieran afectar estructuralmente el vehículo.

A continuación citaré partes que comparto, de la sentencia de fecha 19/05/2016 de Cámara de apelaciones de la IV circunscripción judicial, en los autos: "MAIOLO CESAR ADRIAN C/ LIÑEIRO JOSÉ MARIA Y OTROS S/ ORDINARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)", Expte. 2893-SC-15: "Ha de tenerse presente que cuando se reclama por los arreglos de un vehículo, la reposición de las piezas usadas por otras nuevas y las reparaciones, si son realizadas por mano de obra idónea o especializada, lleva razonablemente a la reposición de las cosas a su estado anterior....Es recién si esos arreglos no logran como resultado restaurar el rodado, o bien éste se halla definitivamente afectado en partes estructurales o vitales, o quedan rastros que exteriorizan la existencia del siniestro, cuando aparece la posibilidad de alcanzar una indemnización por la pérdida del valor venal o de reventa originales (vid. CNCom., Sala E, in re: ?\"Coronel, Héctor c/ Berteli, Miguel s/ Sumario\" del 08.10.1992)...Pero desde ya que ello no se logra sin pruebas concretas, ni por medio de meras suposiciones o conjeturas de la propia parte interesada...Recuérdese que (conf. CApCC de Quilmes, in re: ?Kecskes c/ Zubieta? del 15.07.1999)...Para esa procedencia se requiere, primero, de una pericia técnica idónea que ilustre sobre la eventual existencia de un deterioro estructural del rodado, y luego también de pruebas que muestren cual es la diferencia económica -de precio o valor de mercado- entre el automotor siniestrado y otro de similares características pero no siniestrado (arg. art. 1069 del Cód. Civil y vid. conceptualmente Trigo Represas y Compagnucci de Caso, Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores, T° 2, pág. 338, Ed. Hammurabi)."

VIII) Anatocismo:: Solicita la parte actora la aplicación de anatocismo en base a lo establecido en el art. 770 inc. b y c. de Código Civil y Comercial de la Nación.

Adelanto que considero que el art. 770 inc. "b" del CCCN no se aplica a reclamos como el presente. Opino que no es de aplicación a las deudas de valor, tales como la indemnización de daños y perjuicios; y que el inciso "c" requiere para proceder que, en la etapa de cumplimiento o ejecución de sentencia, se practique liquidación, se apruebe la misma, se intime al deudor para que abone la liquidación aprobada en el plazo que se fije, y si el deudor no cumple, recién allí es procedente la acumulación de los intereses al capital.-

Respecto a la inaplicabilidad de art. 770 inc. "b" coincido con la opinión del Dr. Ezequiel Mendieta, en cuanto ha dicho: "...es dable recordar que las obligaciones de valor establecidas en el art. 772 del Cód. Civ. y Com., no se encuentran comprendidas dentro de los supuestos de capitalización de intereses analizado (45). Al respecto, la obligación de valor ha sido definida como "... aquella en que el objeto es un bien, que es medido por el dinero. Lo que se debe entonces es un valor, y el dinero no es el objeto, sino el modo de pagar; a diferencia del caso anterior, no está in obligatione, sino in solutione. Las diferencias son sustanciales. En las primeras, el dinero es expresado mediante una suma determinada o determinable al momento del nacimiento de la obligación; en las de valor, en cambio, ello no ocurre al principio, sino a posteriori, cuando es precisa la cuantificación" (46). Por lo tanto, solo cuando las obligaciones de valor se cuantifican, pasan a ser de dar dinero y es ahí donde comienzan a adicionarse los intereses. Entonces en ese momento podrán ser pasibles de ser capitalizados los intereses, como, por ejemplo, en los casos de daños y perjuicios, en los cuales la indemnización (obligación de valor) se cuantifica al momento de la sentencia y, por regla, al valor de ese momento. A partir de allí cambia su objeto y pasa a ser una obligación de dar sumas de dinero a la cual se le adicionarán los intereses que por ley correspondan. Solo luego de ello se podría proceder a capitalizar los intereses de acuerdo con lo establecido en el inc. c) del art. 770 del Cód. Civ. y Com. En este sentido, nótese que en el propio art. 772 del Cód. Civ. y Com. se dispuso que las previsiones de las obligaciones de dar sumas de dinero se aplican una vez que el valor ha sido cuantificado en dinero. Ergo, las obligaciones de valor quedan excluidas del supuesto de anatocismo contemplado en el inc. b) del art. 770 del Cód. Civ. y Com. Por consiguiente, al momento de la notificación de la demanda, momento temporal en el cual se produciría la capitalización, no existe una suma dineraria sobre la cual capitalizar los intereses. En ese momento, la obligación representa un valor que, de proceder la pretensión indemnizatoria, entonces con la sentencia se determinará una suma de dinero que represente el valor a entregársele al damnificado. Por lo cual, difícilmente podría acumular intereses a algo que todavía no está determinado...."

Diferente es el caso de la capitalización prevista en el inc. "c" del mismo artículo: "...la obligación se liquide judicialmente, en ese caso , la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo" Pero ha de darse la situación de que: se practique liquidación, la misma sea aprobada, se intime al pago y no se cumpla con el pago en el plazo otorgado.-
En este caso, considero que los intereses liquidados en la planilla aprobada, resultan acumulables al capital en los términos previstos por el art. 770, inc. "c" del CCCN.-

IX) La condena establecida se hace extensiva a Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seguros Ltda. en los términos del art. 118 de la LS.

X) Las costas deberán ser soportadas por los vencidos y por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

XI) Por todo lo expuesto, y lo dispuesto por los arts. 1722, 1726, 1734, 1736, 1757, 1758 y 1769 y cctes. del Código Civil y Comercial de la Nación, Ordenanza Municipal n° 4845, Ley 24.449, ley 17418, y normas citadas y pertinentes del ordenamiento procesal civil y comercial,

1) Haciendo lugar a la demanda promovida por Rubén Jesús Sánchez, condenando a José Ariel Rosales a abonarle la suma de $ 433.757,81 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 81/100), conforme los considerandos, con mas los intereses allí especificados; dentro de los DIEZ (10) días de notificados y bajo apercibimiento de ejecución. Haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seguros Ltda. en la medida del seguro (art. 118 LS).

2) Imponiendo las costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.) y a Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seguros Ltda. en la medida de lo dispuesto por el art. 118 de la Ley de Seguros.

3) A fin de realizar una regulación íntegra que incluya los honorarios complementarios ( art. 19 L.A. - ver Bonacchi R. y Otro c/Embotelladora Comahue S.A. y Otra s/Ejec. Hon. con cita de fallo S.T.J. in re \Paparatto A, c/López G.y Otros\, publicado en J.C. de nuestra Exma. Cámara, T. 13, págs. 23/24), regulo al Dr. Ariel A. Balladini el 20% del resultado de la planilla de liquidación que se practique respecto del capital y los intereses determinados en la sentencia. Sobre la misma base regulo a la Dra. Juliana Tamborini el 18% y al perito interviniente Boris Darío Buchiniz Zaniuk un 5%.

Para el caso que el porcentaje acordado no alcance a cubrir el mínimo establecido en las respectivas leyes de arancelarias, deberá considerarse que los honorarios se determinan en el mínimo legal, es decir a los profesionales abogados 10 Jus, más el 40 % del apoderamiento y al perito 5 Jus..

Se deja constancia que en la merituación de los honorarios se ha tomado en cuenta fundamentalmente la calidad de la actuación profesional, la extensión, complejidad y etapas cumplidas de la causa, y el resultado obtenido a través de aquélla.(Arts. 6,7,8, 9, 10, 20, 38 y 39 de la ley G Nº 2212 y art. 18 y 19 de la ley G Nº 5069/15).

4) Regístrese. Se hace saber que de conformidad a la Acordada 36/2022- STJ, Anexo I. art. 9.a) "...todas las providencias y decisiones judiciales, incluyendo la sentencia definitiva, quedan notificadas el martes o viernes posterior al día que se publican en el Sistema “PUMA”, o el siguiente día de nota si alguno de aquellos resulta feriado o inhábil. Los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación".

VERÓNICA I.HERNÁNDEZ

JUEZ