Fallos Jurisdiccionales

Cipolletti, 24 de febrero de 2026

Viedma, 24 de febrero de 2026

Viedma,  24 de febrero de 2026

Y VISTO: el expediente: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ ADRIAN MARGARIDE SA S/ EJECUCION Puma VI-00029-JP-2026, y;

CONSIDERANDO:
I.- Que compareció la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, CUIT/CUIL 33686471689, por medio de apoderado, constituyó domicilio y acompañó documental digital.-
II.- Que promueve demanda ejecutiva contra ADRIAN MARGARIDE S.A.- CUIT/CUIL 33711482739 con domicilio en JOSE MARIA GUIDO, N°968,  de la ciudad de Viedma, Río Negro, por la suma de pesos SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 ($ 750.352,56) según Certificado de Deuda Nº: 2559/2024 emitido por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.-
III.- Que la normativa mencionada por la actora en la demanda (Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557), indica expresamente como autoridad judicial competente a los fines de la ejecución de certificados de deudas emitidos por las SRT, a los juzgados con competencia Civil o Comercial de la Jurisdicción.-
Que en este sentido se vislumbran diversos antecedentes en que ha tomado debida intervención el citado fuero, citando por caso diversas actuaciones: "SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ CHOPOS S.R.L. S/ APREMIO(C)" (Expte. Nº CH-56388-C-0000), SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ TIMON SRL S/ APREMIO RO-01550-C-2022, entre otras.-
Que este Juzgado ya se expidió en relación a lo mismo, de las que obra SENTENCIA INTERLOCUTORIA nro: 2024-I-56 de fecha 26/12/2024 en autos caratulados: "SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ SANZ AGUIRRE GONZALO S/EJECUCIÓN FISCAL, expte. Nro. VI-00214- JP-2024 resolviendo que resulta competente la justicia civil y comercial de primera instancia provincial para entender en la actuaciones.-
Por los fundamentos expuestos,
RESUELVO:
I).- Declarar la incompetencia del Juzgado de Paz de Viedma para entender en las presentes actuaciones. Firme la presente, remítase a la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo, para su posterior asignación a la Unidad Jurisdiccional Civil en turno de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.-
II).- Regístrese, Protocolícese y notifíquese.
Se hace saber que de conformidad a lo dispuesto en la Acordada 36/2022 STJ - ANEXO I. Punto 9. "(...) todas las providencias y decisiones judiciales, incluyendo la sentencia definitiva, quedan notificadas el martes o viernes posterior al día que se publican en el sistema PUMA, o el siguiente día de nota si alguno de aquellos resulta feriado o inhábil.-

PABLO SEBASTIÁN DÍAZ BARCIA
JUEZ DE PAZ

Ante mí:
MARÍA GABRIELA BARBAROSSA
SECRETARIA LETRADA

CARATULA: "G.C.L.C.P.C.E. S/ ALIMENTOS"
EXPTE. NRO. RO-01614-F-2024 -

cd
GENERAL ROCA, 24 de febrero de 2026.

En virtud que la actora peticiona una actualización de los alimentos provisorios fijados a la abuela en fecha  24/7/24, fundamentado una modificación de las circunstancias económicas, en función de las terapias que debe afrontar el niño que no son cubiertas por la obra social, y considerando también la depreciación económica producida por la inflación, surge evidente que el monto fijo del piso mínimo (20% del SMVM) que fuera determinado en la resolución que dispuso los alimentos provisorios en fecha 24/7/24 queda desajustado con el paso del tiempo, por eso dispongo actualizar el piso mínimo de la cuota alimentaria oportunamente fijada, estableciendo que el monto mínimo de alimentos provisorios sea una suma equivalente al 40% del SMVYM. Notifíquese conforme los dispuesto en los art. 38 y 120 CPCyC.

Dra. ANGELA SOSA- Jueza de Familia Subrogante

//neral Roca, 24 de febrero de 2026.
Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "NAVARRO LUIS ERNESTO C/ ALTO VALLE SHIP S.R.L. Y BALEANI ALDO S/ ORDINARIO (L)" RO-05090-L-0000; previa discusión de la temática del fallo a dictar con la asistencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término al Dr. Juan A. Huenumilla, quien dijo:
I. RESULTANDO: 1. Se inician las presentes actuaciones con la demanda iniciada el 14-11-2019, mediante apoderamiento, reclamando de los demandados el pago de $358.456,81 en concepto de indemnizaciones, multas e intereses. Adiciona la solicitud de capitalización aplicando el artículo 770 inc. b) del CCyC.

Relata que comenzó a prestar servicios para Alto Valle Ship S.R.L. el 03-10-2016, en la categoría de "tractorista" en el régimen de trabajadores rurales, Ley 26.727. En cuanto a su jornada de trabajo, era de lunes a sábados, completando 44 horas semanales.

Denuncia que se encontraba deficientemente registrado, por no consignarse adecuadamente su fecha de ingreso, además de percibir sumas no remunerativas por distintos conceptos. Y agrega que la empleadora no abonó los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social.

Manifiesta que fue despedido verbalmente, razón por la que remitió comunicaciones fehacientes para que se aclare su situación laboral, y frente al silencio de la contra parte, extinguió el contrato de trabajo. 

Postula la extensión de responsabilidad al propietario del inmueble donde prestaba tareas, sumando al Sr. Baleani a su reclamo, fundado en el artículo 12 de la Ley 26.727.

Acusa temeridad y malicia de los demandados, solicitando se sancione esa conducta aplicando el artículo 9 de la Ley 25.013 y 275 de la LCT.

Finalmente denuncia que la demandada no entregó las certificaciones laborales correspondientes, solicitando se condene a cumplir con la norma, bajo apercibimiento de astreintes.

Practica liquidación. Pide daño moratorio. Ofrece prueba y formula reservas recursivas. Peticiona conforme a las pretensiones del actor.

2. Corrido el traslado, se presentó a contestar demanda el Sr. Aldo Baleani, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el actor jamás se desempeñó como su dependiente. 

En subsidio contesta demanda, principiando por negar todos y cada uno de los hechos alegados en la acci..

VIEDMA, 24 de febrero de 2026.-

AUTOS Y VISTOS: En Acuerdo las presentes actuaciones caratuladas: "ARISTA, PABLO ALBERTO C/POZZOARDIZZI S.A. S/ORDINARIO" Expte. nº VI-00700-L-2024, para resolver la siguiente

C U E S T I O N:

¿Es procedente la demanda instaurada?

A la cuestión planteada el Sr. Juez Carlos Alberto Da Silva dijo:

I.- Antecedentes:

Inicia esta acción el Sr. Pablo Alberto Arista, por intermedio de sus apoderados Dres. Fernando Casadei y Augusto Collado, promoviendo demanda contra la firma Pozzo Ardizzi S.A. por la suma de $24.262.012,68, o lo que en más o en menos resulte de la prueba, en concepto de indemnización por despido incausado, multas y diferencias de haberes.

Refiere que ingresó a trabajar para la demandada el 24 de julio de 2009, los primeros 14 años se desempeñó como cajero y cocinero en el sector de Minimercado YPF-FULL; y el último año en la empresa el actor fue asignado al sector de playa de la YPF/AXION despachando combustible.

Sostiene que su conducta fue ejemplar, sin haber recibido sanciones en toda su trayectoria y que incluso utilizó sus vacaciones anuales para realizar un tratamiento de fertilidad asistida y no afectar la dinámica de la empresa.

Relata que el 21 de julio de 2024, durante su jornada laboral, sufrió un malestar físico (baja presión). Sus compañeros lo cubrieron mientras descansaba en un sector interno para recuperarse. Al día siguiente, la empresa le solicitó un descargo, donde explicó su dolencia.

Posteriormente, el 24 de julio de 2024 le dicen que se debía retirar del establecimiento, que estaba despedido, cuya notificación formal recibió el 25 de julio de 2024.

Proceso. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE C/ RESNICH, LEANDRO RONAN S/ EJECUCIÓN - EJECUCIÓN FISCAL, BA-00174-C-2026
Organismo. UNIDAD JURISD CONTENCIOSO ADM N° 13 3RA. CJ (UJCA) - BARILOCHE

  SAN CARLOS DE BARILOCHE, 24 de febrero de 2026.
   VISTO
      El proceso caratulado MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE C/ RESNICH, LEANDRO RONAN S/ EJECUCIÓN - EJECUCIÓN FISCALBA-00174-C-2026, y teniendo en cuenta lo que resulta de la documentación acompañada, lo dispuesto en los Arts. 1, 31 y siguientes del CPA, y Arts. 468 y siguientes del CPCyC, corresponde dictar sentencia monitoria.
   RESUELVO
      I. Llevar adelante la ejecución hasta tanto LEANDRO RONAN RESNICH, CUIT/CUIL 20224315601 haga al acreedor MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, íntegro pago del capital reclamado de $ 344.492,00, con más intereses y costas.
      II. Regular en conjunto -Art. 11 L.A- los honorarios profesionales de los Dres. YANINA ANDREA SANCHEZ, SEBASTIAN MARZORATTI y CLAUDIA SOLEDAD LOPEZ en la suma de $ 528.122,00 (Mínimo 5 IUS + 40%), en mérito a la calidad de la actuación profesional, la extensión, complejidad, etapas cumplidas de la causa y el resultado obtenido (Arts. 6, 7, 9, 10 y 41 L.A), ello, con más los intereses correspondientes. Cúmplase con la Ley 869. 
      III. Fijar en la cantidad de $ 436.307,00 la suma presupuestada provisoriamente para responder a intereses y costas, sujeta a la liquidación definitiva (art. 478 CPCyC).
      IV. Notifíquese la presente al ejecutado en el domicilio denunciado. Se le hará saber en tal oportunidad que dentro de los 5 días -ampliables de corresponder en razón de la distancia Art. 140 CPCyC-, podrá oponer las excepciones previstas por el Art. 33 del CPA, lo que deberá hacerse en un sólo escrito y conjuntamente con el ofrecimiento de prueba, bajo apercibimiento de ejecución.
      En la notificación deberá informar que a través del siguiente link: https://puma.jusrionegro.gov.ar/expjud/busqueda-publica/consulta-demanda, cualquier ciudadano podrá acceder al escrito y documentación anexa con el código para contestar demanda: RZIF-UVCE.
      Le asiste a las partes el derecho de oponerse, por causa fundada a criterio y decisión del Tribunal, en relación a terceros, a la publicación de sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición al respecto conlleva el consentimiento para que la sentencia o resolución que se dicte se publique sin supresión de datos (Art. 3° de la Acordada 112/2003).
      No habiendo adjuntado los profesionales intervinientes el Bono Ley -Art. 8 de la Ley 4132-, vista al Colegio de abogados. Vincúlese a su representante.