Fallos Jurisdiccionales

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE, a los 19  días del mes de mayo del año 2025

--- VISTOS: Los autos caratulados "ANTIPAN, JORGE ADRIAN C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ORDINARIO"- Expte. BA-00538-L-2023 ; y

--- CONSIDERANDO:

--- I) Que corresponde determinar en primer término si se encuentran reunidos los requisitos legales que hacen a la viabilidad del recurso deducido conforme a los arts. 61 y 62 de la ley 5631 y art. 251 y sgtes. del C.P.C.C.
--- 1) El recurso es interpuesto en contra de una sentencia definitiva.
--- 2) Ha sido deducido en término, conforme lo dispuesto por el art. 62, 1er. párrafo de la ley 5631.
--- 3) Se ha constituido domicilio en la ciudad de Viedma a los fines procesales.
--- 4) La demandada cumplió con el requisito del depósito previo, exigido por el art. 65 de la ley 5631, conforme comprobante de depósito que acompaña mediante presentación E0033.
--- 5) Por otro lado, también se encuentran cumplidos los requisitos formales establecidos por la Ac. 009-23 del STJ.
--- Cumplidos los requisitos formales mencionados, corresponde a continuación analizar los aspectos sustanciales del recurso.

--- II.a) La parte demandada interpone recurso extraordinario en el entendimiento que la sentencia definitiva se aparta de la ley al fijar parámetros a los efectos liquidatarios contrarios a lo dispuesto en el Decreto 669/19 y Resolución 332/23. Agrega que asimismo contraría la doctrina legal obligatoria del STJ, determinada en autos "LEIVA" y "CALFULAF".

Afirma que se adicionó a los parámetros liquidatorios un interés puro del 8% anual que no surge de la normativa aplicable ni de los fallos referidos.

--- Refiere que el fallo aplica el Dec. 669/19 y el fallo “Calfulaf" para actualizar la indemnización, luego al establecer un interés adicional del 8% anual, incurre en violación del citado precedente, en tanto que los aparentes parámetros liquidatorios conducirían a una indemnización mayor que la calculada conforme Ley 27.348.
A su vez, afirma que de ningún modo LEIVA establece que la indemnización debe ser incrementada por segunda vez por un interés puro, mucho menos del 8%.
Asimismo, sostiene que el decisorio es erróneo en tanto que el Dec. 669/19 lo que hizo fue reducir la tasa de interés aplicable a los efectos de la actualización del IBM (lo que redunda en una reducción del monto...

Fallo

CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO - BARILOCHE

I.- Que vienen estos al acuerdo con el fin de regular los honorarios profesionales del letrado de los actores.

 

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados B., J. M. S/ SITUACIÓN (Expte. Nº AL-00437-JP-2025), de los que,

RESULTA: Que la denuncia radicada por S.A.L.y.F.R.C., denunciando la situación de riesgo y/o vulnerabilidad de B.J.M. de esta ciudad. Relata en la misma lo siguiente: "...Nos hacemos presentes ante esta Unidad a fines de denunciar en r.d.a. antes mencionado q.c.a.c.t.v. en lo que va del año y no fue más, al consultarles a s.c.d.c.4.a.m.q.M. estaba t.e.l.c.c.s.p.. E.p. se comunicó con e.p.y.c.J. a través de un audio, donde nos dice que fue decisión del e.a.l.e. y que cuando e.p. tenga tiempo se acercaria a comentar la situación. Tenemos conocimiento que s.p.e.s., desconocemos si ha tenido problemas familiares. E.a.p. tenia faltas pero logramos que a.y.s.m.. Solicitamos la intervención de los organismos correspondientes.Es todo.

 

CONSIDERANDO: Que la presentación realizada por S.A.L.y.F.R.C., denunciando la situación de riesgo y/o vulnerabilidad de B.J.M., requiere la intervención de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, a los efectos que intervenga en la conflictiva familiar, elabore un amplio informe socio ambiental y plantee las estrategias adecuadas para solucionar la situación, en razón que se debe tutelar los intereses del adolescente en salvaguarda de su derecho a estudiar, que palmariamente se ve vulnerado y que se encuentran protegidos por convenciones  internacionales, por la ley 26.061, ley 26.206 y la Ley provincial Nº 4109 , atento que las niñas, niños y adolescentes poseen una situación particular de
vulnerabilidad, basada en la dependencia necesaria de un adulto para su desarrollo. Los cuidados del entorno familiar, a través de los padres o los adultos referentes, se hacen especialmente necesarios para asegurar un saludable y completo bienestar físico, psíquico y mental. Brindar estos cuidados es una responsabilidad por la que deben velar las familias, la comunidad en su conjunto y el Estado y lo dispuesto por la ley D 3040, su modificatoria Ley 4241 y los arts. 136, 148, siguientes y concordantes del Código Procesal de Familia, establecer medidas protectorias adecuadas al caso denunciado, ante las consideraciones realizadas al caso y a los fines de evitar comportamientos de la naturaleza como la denunciada y/o hechos graves a futuros, como así a solicitud de parte.

 

Cinco Saltos, a los 19 días del mes de mayo del año 2025.-

 

Para resolver en estos autos caratulados "R.R.A. C/ J.J.J. S/VIOLENCIA LEY 3040" - Expte. N° CS-00895-JP-2025.-

Y CONSIDERANDO:
Que ingresa en fecha 19/05/2025 a este Juzgado de Paz denuncia de violencia familiar conforme las previsiones de la Ley Provincial D.3040 y se provee el pase de autos a resolver.-
Que se advierte conforme surge de la denuncia policial de fecha 17/05/2025 que la Sra. R.A.R.(. informa su domicilio real en calle D.S., Ciudad/Localidad de Barda del Medio, Prov. de Río Negro.-

Que teniendo en cuenta las previsiones del Art. 20° de la Ley Provincial D.3040, a fin de requerir la adopción de medidas cautelares no resulta competente el Suscripto por razones territoriales.

Que la denunciante deberá peticionarlo por ante las autoridades judiciales competentes que corresponda a su lugar de residencia.

Que a los fines de garantizar el derecho de defensa hágase saber a la denunciante que cuenta con la posibilidad de recurrir en consulta al servicio de Profesional de abogacía del ámbito privado o en caso de carencia de recursos económicos, ante la Defensoría de Pobres y Ausentes con Sede en la Localidad (Av. Rivadavia 685 - Línea Fija 0299-4982195 - IP 5678300 int. 364).-
Por lo expuesto y lo normado por Ley Provincial D. 3040 y los previsto en el Código de Procedimiento de Familia de la Prov. de Río Negro:

RESUELVO:
I) DECLARAR LA INCOMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CINCO SALTOS (RN) para entender en las presentes actuaciones.- 
II) REMITIR la causa a consideración de las Autoridades del Juzgado de Paz de Clte. Cordero (Prov. de Río Negro), con jurisdicción territorial en la Localidad de Barda del Medio (RN), a cuyo fin efectúese el cambio de Radicación pertinente.
III) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE Y REMÍTASE. PROCÉDASE AL CAMBIO DE RADICACIÓN. Cúmplase por Secretaría  con los despachos ordenados.-
Fdo. Enzo E. ESPEJO. Juez de Paz. Ante mí: Dr. Mariano LARRASOLO, Secretario Letrado Subrogante.-

General Roca, 16 de Mayo  de 2025.-

 

----Que,  conforme lo solicitado por el Dr. Fernando Detlefs en escrito de fecha 16/04/2025, lo ordenado en proveído de fecha 28/04/2025, el tiempo transcurrido desde la culminación de la labor pericial y lo dispuesto en los  Arts. 32 de la Ley 5069 y 425 del CPCyC,   regúlanse honorarios provisorios del  perito psiquiatra DR. LUIS LIGARRIBAY  en la suma de  $120.058.-  (2 JUS).-

----Costas a cargo de la parte demanadada, ORGANIZACION COMERCIAL DON TOMAS S.R.L.-

----A la misma cuestión, la Dra. Daniela A. C. Perramón, vota en abstención cfr. Art. 55 inc. 6 Ley 5631.-

----TODO LO QUE ASÍ SE RESUELVE.-

----La presente providencia quedará notificada ministerio legis, conforme lo dispuesto en el Art. 25 Ley 5631.-

 

 

Dra. Paula I. Bisogni

Presidente

Dr. Victorio N. Gerometta
Juez

 

Dra. Daniela A. C. Perramón

Juez Subrogante

 

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ.-

 

Dr. Ignacio Barsellini
Coordinador OTIL

DE LOS QUE RESULTA:  Que en fecha 05/05/2025  se dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda de alimentos promovida por la Sra. N.B.S., en representación de su hijo, contra el Sr. H.D.B. condenando a éste último a abonar una cuota alimentaria a favor del niño. Asimismo, se dispuso en el acápite I in fine del FALLO que la cuota alimentaria fijada deberá ser abonada por el alimentante del 1 al 10 de cada mes a partir del mes de , mediante depósito judicial en el Banco Patagonia SA, sucursal Villa Regina, a la orden del Tribunal y a nombre de estos autos.-

Que en  fecha 06/05/2025 la parte actora interpone recurso de aclaratoria contra la sentencia definitiva de fecha 05/05/2025 argumentando que en el acápite I in fine del FALLO de la mencionada sentencia se ha omitido consignar el mes a partir del cual se debe abonar la prestación alimentaria establecida.

Que se advierte que tal blanco existe y que el mismo responde a un error de redacción y que resulta admisible y necesaria su subsanación por resultar intrínseco al cumplimiento de la sentencia, por lo que tal ratificación se impone.-

Que en el día de la fecha, pasen los presentes a resolver. 

Por lo expuesto, RESUELVO: Aclarar la sentencia de fecha 05/05/2025 en la parte pertinente del acápite I in fine del FALLO, debiendo leerse: "(...) La cuota alimentaria fijada deberá ser abonada por el alimentante del 1 al 10 de cada mes a partir del mes JUNIO de 2025 (...).-

Fdo. CLAUDIA E. VESPRINI, JUEZA.-

VISTOS: los autos "PEÑA, LUIS ALBERTO C/ SBRILLER, ALFREDO S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO BA-00422-C-2022".-
Y CONSIDERANDO:
1º) De acuerdo con el estado de autos, la carta de pago del actor y con los trabajos realizados, corresponde regular los honorarios correspondientes a la etapa de cumplimiento de la sentencia.
2º) Que tales honorarios deben regularse en el equivalente a 5 jus de acuerdo con los parámetros usuales en el fuero, de conformidad con el fallo del STJ "REZZO,MARIA AMALIA C/ TEMPUS S.R.L S/ EJECUCION DE MULTA S/ CASACION (Expte. N° CI-38009-C-0000) y ya que la aplicación de las pautas legales (artículos 6, 8,9, 41 y concordantes de la ley G 2.212) arrojaría una suma menor.
En su mérito,
RESUELVO: I) Regular los honorarios del Dr. Mariano González como letrado patrocinante del actor  en la suma de $ 300.145 (5 Jus) y los de la Dra. Lucrecia Micuda Duran como letrada patrocinante del demandado, en la suma de $ 240.116. (4 Jus) que deberá pagarse en diez días corridos, por los trabajos relativos a la etapa de cumplimiento de la sentencia. II) Protocolizar, registrar y notificar lo resuelto.