Fallos Jurisdiccionales

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GENERAL ROCA, 24 de junio de 2026.
VISTO Y CONSIDERANDO: Estos autos caratulados "S.I.S. C/ M.E.D. S/ ALIMENTOS", (Expte. Nro. RO-01917-F-2026, ) en los que la actora en fecha 17/06/2026 peticiona la fijación de una cuota de alimentos provisoria del 25% de los ingresos del demandado, descontando únicamente los rubros de ley, con una suma básica no inferior a UNO Y MEDIO SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL en favor de su hija.
La actora manifiesta que el demandado se encuentra trabajando de forma registrada en el “Corralón de materiales - forrajearía” en Maquinchao.
Sostiene que desde que se separaron, ella se trasladó con su hija a S.C. y que se encarga del cuidado y de los gastos de crianza de la niña de forma exclusiva.
Desde la perspectiva del Derecho Constitucional de Familia, la obligación de los progenitores, de la comunidad, del Estado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este sentido están expresamente previstos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (arts. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 27 y cctes.), así como en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (art. 30), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 19), entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
La finalidad de los alimentos provisorios es tutelar debidamente las necesidades impostergables e imprescindibles de sustento, evitando con ello dejar totalmente desprotegido el derecho de quien reclama alimentos.
Se ha dicho que: "... la fijación de alimentos provisorios se establece conforme a lo que prima facie surja de los elementos que hasta el momento se hubieren aportado a la causa, sin que sea necesario que exista una prueba acabada. Es, independiente de ese primer análisis, el más completo que se realizará al momento de dictar sentencia con todos los elementos probatorios y las argumentaciones de las partes ya reunidas en el expediente" (CNCiv. Sala C, 15/11/95, G.I.c/ O.J., LL, 1997-C-968 - Guahnon Silvia V., Medidas cautelares en el derecho de familia, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2007, pag. 105).
En el caso de autos, la actora en representación de su hija menor de edad, peticiona la fijación de una cuota alimentaria provisoria en favor de la misma.
Por ello, atento el estado de autos, teniendo en cuenta que aún no se ha realizado la audiencia prevista por los arts. 45, 46 y 50 CPF, en función de la cantidad de niños, la edad de los mismos, considerando la prueba documental agregada al inicio del trámite y sin otros elementos para valorar aparece como una CUOTA A...

ALLEN, 25 de junio de 2026

[DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]
Por recibidos estos autos caratulados '[DENUNCIANTE_1]' C/ '[DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]' S/ VIOLENCIA (Expte. Nº AL-00411-JP-2026).

Atento los términos de la denuncia efectuada en sede policial de la que surgen indicadores de violencia, a los fines de evitar posibles y futuras situaciones de violencia, decretase  [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] la prohibición de acercamiento a un radio de 200 mts. de [DENUNCIANTE_1]   y/o de la vivienda que ocupa.  Atento que el denunciado vive a media cuadra de la vivienda de la denunciante DISPONER LA PROHIBICIÓN DE INGRESO de [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1] a donde reside [DENUNCIANTE_1]. Fuera de ese ámbito, la prohibición será en un radio no menor a 200 mts. en el que [DENUNCIADO/_DENUNCIADA_1]  no deberá acercarse a [DENUNCIANTE_1]. Asimismo abstenerse de efectuar actos que la perturben directa o indirectamente y al domicilio donde se encuentre y/o efectuar reclamos que no fueren por la vía legal correspondiente, en cualquier lugar público y/o privado que la denunciante se encuentre y/o transite, a los fines de preservar su integridad psicofísica, todo ello bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal por la comisión del delito de desobediencia (art. 239, Cód. Penal y arts. 153 y 154 CPF).  Notifíquese.

Hágase saber que las medidas dictadas son de cumplimiento recíproco, debiendo ser respetadas y cumplidas por ambas partes.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 140 del Código Procesal de Familia y el artículo 21 de la Ley 4241, remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Procesal de Familia en turno de la ciudad de General Roca, a través de la Oficina de Tramitación Integral de Familia (OTIF), a los fines de su toma de conocimiento, ratificación o eventual sustitución de las medidas adoptadas.

Cipolletti, 25 de junio de 2026.-

VISTOS: Estos autos para resolver caratulados: "PEÑUÑURI NANTES VALENTINA GIOVANNA Y OTRO C/ NANTES EDUARDO Y OTRA S/ ORDINARIO" (Expte.CI-02050-C-2023 - ) y de los que 

RESULTA: 

1. Que en fecha 06/11/2025 se ordena la producción de la prueba pericial de tasación ofrecida por la parte actora para que un perito tasador determine el valor real de la totalidad del bien inmueble sito en calle Miguel Muñoz N° 1120 de la ciudad de Cipolletti, a la fecha de realización de la pericia, y a la fecha de realización de las supuestas compraventas: 01/11/2019 y 29/05/2023.

Asimismo determine  el valor del canon locativo mensual de las dos viviendas sitas en el mencionado  inmueble desde el mes de diciembre de 2019 a la fecha de realización de la pericia y  por el período comprendido desde el 01/11/2019 hasta la fecha de realización de la pericia.

2. Que en fecha 02/05/2026 la perito Gentile Natalia presenta tasación e informa que en fecha 29/04/2026  el inmueble  03-1-H-328-11 posee una tasación de $874.577.269,14 y en fecha 01/11/2019 la tasación era de $ 351.434.650,66. Acompaña asimismo cuadro con valores locativos conforme lo peticionado. 

3. Corrido el pertinente traslado, la parte demandada Eduardo Nantes, impugna la pericia presentada sosteniendo que la misma presenta un error aritmético flagrante e irrefutable en la valuación histórica al 01/11/2019;  una sobrevaluación manifiesta del inmueble a la fecha de la presentación de la pericia 29/04/2026, carente de sustento técnico verificable; y los valores locativos estimados exceden en más del doble los valores de mercado para el tipo y estado del inmueble. 

Se corre traslado a la perito quien contesta la impugnación expresando que la tasación fue realizada conforme a las reglas del arte de la profesión, aplicando criterios objetivos de mercado, comparaciones de operaciones similares y normativa vigente, con absoluta imparcialidad y transparencia. Que los cuestionamientos de la parte impugnante no logran demostrar error u omisión alguna, limitándose a apreciaciones subjetivas sin respaldo técnico, siendo en consecuencia, la pericia  plenamente  válida. 

El impugnante manifiesta que la ...

Viedma, 25 de junio de 2026
VISTO: el recurso de casación articulado por la parte demandada en estos autos caratulados: "CONTRERA ÁNGEL RUBÉN C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ INCIDENTE ART. 250 CPCC". Expte. PUMA Nº SA-00464-C-0000, puestos a resolver, y
CONSIDERANDO:
I. Que, frente a la decisión adoptada por esta Cámara de Apelaciones mediante sentencia de fecha 30 de julio de 2025, de rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 06/11/2024, confirmando la sentencia N° 191/2024 con la modificación establecida respecto del rubro “reintegro de lo pagado en exceso”, e imponiendo las costas a la parte sustancialmente vencida conforme al art. 62°, primer párrafo del CPCC, la accionada, mediante apoderado designado al efecto, interpone recurso de casación con fecha 13/08/2025, en los términos de los arts. 251°, 252° y concordantes del CPCC.
II. Que, quien representa a Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados sostiene, entre sus fundamentos y de modo genérico, que la sentencia dictada por esta Cámara y su posterior aclaratoria incurren en vicios que las descalifican como actos jurisdiccionales válidos, por no constituir una derivación razonada del derecho vigente ni ajustarse a las constancias comprobadas de la causa, afectando los derechos de propiedad, debido proceso legal, defensa en juicio, razonabilidad y tutela judicial efectiva de su representada.
En particular, luego de reseñar los antecedentes del caso, la sentencia de primera instancia, los agravios introducidos al apelar y el pronunciamiento dictado por esta Alzada, estructura sus agravios casatorios en tres apartados: a) violación a la ley, en los términos del art. 252º inc. 1 del CPCC, por vulneración del principio de congruencia -por omisión y por exceso- y del deber de fundamentación lógica y legal; b) contradicción con la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal de Justicia en el precedente “Cofre”, de fecha 4 de marzo de 2021, en lo relativo a la procedencia del daño punitivo; y c) errónea aplicación de la ley, con fundamento en el art. 252º inc. 2 del CPCC, respecto de los arts. 1324º y 1325º del Código Civil y Comercial de la Nación y del ...